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El derecho a la información en la adquisición de productos financieros

Viernes, 6 de noviembre de 2015

Adrián Pérez Arribas

http://avanzac.es/

 

El conflicto y drama de las participaciones preferentes y la deuda subordinada en nuestro país ha puesto sobre la palestra la importancia de ofrecer información pormenorizada a la clientela, por parte de las entidades financieras, en torno a las características y riesgos que presentan los productos que éstas comercializan. Se trata de una obligación legal, incumplida sistemáticamente durante años, que debe hacerse efectiva con carácter previo a la firma del correspondiente contrato y durante la misma.

 Legislación

Conviene recordar que la Directiva 2004/39 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID), persigue crear un mercado de valores europeo basado en dos principios fundamentales: la protección del inversor y la eficiencia de los mercados. La MIFID creará una regulación común para los sistemas financieros de los 28 estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, erige a la transparencia informativa como una de las columnas básicas del sistema. Por su parte, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, recoge en un anexo el Código General de Conducta de los Mercados de Valores.

El artículo 5 del Código establece: 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos…3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata”.

 La norma indica, igualmente, que la información a la clientela debe estar basada en criterios objetivos y ofrecerse con la máxima celeridad posible. Además, las entidades han de comunicar las vinculaciones económicas, o de cualquier otro tipo, que existan entre ellas y otras organizaciones que actúen de contrapartida.

El precepto 79 de la Ley del Mercado de Valores abunda en la cuestión: “Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios…”.Las entidades han de mantener correctamente informados y en todo momento a los consumidores. Las informaciones deben ser imparciales, claras y nunca engañosas.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, también aborda esta cuestión. El artículo 8 de este texto legal regula los derechos básicos de los consumidores y usuarios, entre los que se encuentran: “A) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. B) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos…D) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”.

 Preferentes y deuda subordinada

En el caso del escándalo por las preferentes y subordinadas, miles de clientes están ganando abrumadoramente sus demandas contra las entidades, porque no recibieron de éstas una información adecuada y real sobre los productos financieros que contrataron.

 

Los tribunales están entendiendo que una deficiente información antes de la firma de un contrato de preferentes supone un incumplimiento de tal trascendencia, que puede provocar la resolución de la relación contractual. La omisión de este deber a la hora de comercializar estos productos híbridos pone de manifiesto, igualmente, la insuficiencia de la actual normativa.

La mayoría de resoluciones judiciales sobre preferentes subrayan que las entidades financieras ofrecían, a sus clientes minoristas, productos complejos y de muy alto riesgo, sin informarles correctamente en torno a sus características. De esta forma, se incurría en un error por vicio en el consentimiento. Casi todas las sentencias declaran nulos los contratos suscritos, condenan a los bancos a devolver las cantidades íntegras invertidas y, además,obligan a abonar a éstos los intereses legales generados y las costas de los procesos.

Los jueces están poniendo énfasis en las relaciones de confianza que los afectados mantenían con sus entidades y en que éstas les ofrecían productos que no se correspondían con sus perfiles. Muchos damnificados ignoraban, por ejemplo, el carácter perpetuo de algunas relaciones o la vinculación de las mismas con la situación económica que atravesaba la entidad en cada momento.

En definitiva, las preferentes jamás debieron ofrecerse a inversores minoristas carentes de formación financiera y con un perfil conservador a la hora de asumir riesgos.

Ojalá que este drama social sirva para que el derecho/deber a la información en el sistema bancario comience a cumplirse escrupulosamente en las fases pre y contractual de cualquier producto financiero. Sólo así se estará cumpliendo con la ley, contribuyendo a la eficiencia de los mercados y protegiendo al inversor.

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