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Aspectos mercantiles de la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria

Miércoles, 22 de julio de 2015

Benjamín Peñas Moyano

El 3 de julio de 2015 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación (salvo en alguna de sus partes). Un texto ya previsto en la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Si tenemos en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil se publicó el 8 de enero del año 2000, y que se previó que entrase en vigor al año de su publicación en el BOE; y si tenemos también en cuenta que esa disposición final decimoctava de la Ley 1/2000 decía que en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley (o sea, desde el 8 de enero de 2001), el Gobierno debía remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria, nos queda muy claro el enorme retraso (más de una década) en la elaboración de dicho texto legal. Un retraso que el Preámbulo de la recién publicada Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se ha cuidado muy mucho de no recordar, algo que tendría que haber hecho, aunque sólo fuese por “vergüenza torera”.

Con esta nueva Ley se separa la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, una jurisdicción voluntaria que ha estado regulada en nuestro país dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 1855, lo que realmente no se entendía porque constituye una materia que sin duda merecía un tratamiento legal diferenciado, como por cierto ya ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Según reza el Preámbulo de la Ley, la misma pretende “ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados”. “Se trata (…) de regular los expedientes de jurisdicción voluntaria de manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y cada vez más exigente con sus órganos públicos”.

Uno de los aspectos más destacables de esta nueva Ley es que, sobre todo por razones que tienen que ver con la búsqueda de la optimización de los recursos públicos disponibles, se ha optado por atribuir el conocimiento de un elevado número de materias tradicionalmente incluidas en el ámbito de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos que carecen de la potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Obviamente, estos profesionales del Derecho son funcionarios de elevado rango, cuentan con un gran prestigio y tienen un perfecto conocimiento del ordenamiento jurídico, por lo que, en consecuencia, con su admisión en el sistema de la jurisdicción voluntaria no se debería poner en absoluto en riesgo el cumplimiento de las garantías de tutela de los derechos e intereses afectados. Estimo, por el contrario, que esta manera de organizar la distribución de las tareas que caen en el ámbito de la jurisdicción voluntaria es inteligente a la vez que plenamente respetuosa con todos los intereses implicados, a riesgo únicamente de que en la práctica posterior se manifiesten disfunciones que sin duda podrán corregirse una vez constatadas, sin violentar el sistema instaurado.

Esa distribución de los actos de jurisdicción voluntaria entre diferentes operadores jurídicos ha tenido su reflejo en la estructura de la Ley, en el sentido de que en la misma se regulan los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial, habiéndose extraído de su articulado  la regulación de todos aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene fuera de la Administración de Justicia. Y así, teniendo en cuenta que la Ley de Jurisdicción Voluntaria integra sus preceptos en títulos y estos a su vez en capítulos (y ocasionalmente en secciones), el Título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil: exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disolución judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan aquellos que son atribuidos a los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartirán con los Registradores Mercantiles, como son la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento y revocación del liquidador, auditor o interventor. Y también se incluyen los expedientes de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio y el nombramiento de perito en los contratos de seguro, cuya competencia también está atribuida a los Notarios.

Obviamente, la regulación instaurada, por lo que respecta a la materia mercantil, ha necesitado además tanto de la derogación expresa de algunos preceptos (los artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque), como de la modificación de otros (artículo 40 del Código de Comercio, artículo 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, varios artículos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,  artículo sexto de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado la forma de Anónimas, Asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del Sindicato de Obligacionistas).

Y, como en muchas ocasiones ocurre, se ha aprovechado la ocasión para reformar otras materias, como los artículos 19, 141 y 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aunque no guarden relación directa con la materia regulada en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.

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