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Las reformas en Derecho del seguro ya están aquí

Martes, 21 de julio de 2015

María Jesús Peñas Moyano

A pesar de que el gran grueso de la reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2016, ya se ha publicado en el BOE núm. 168 de 15 de julio, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) y se ponen en marcha los engranajes para que las entidades aseguradoras puedan adaptar su funcionamiento y sus productos a la nueva normativa. Efectivamente, la disposición adicional decimosexta recoge la introducción progresiva de las autorizaciones establecidas por esta Ley y otras medidas de adaptación a Solvencia II, que permite que a partir de la publicación de la Ley las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán presentar a la DGSFP las solicitudes de aprobación elativas a un modelo interno completo o parcial, o de grupo, conforme a lo dispuesto, así como autorizaciones para todos aquellos aspectos que se relatan en el apartado 2 de esta disposición. A partir del 15 de septiembre, las entidades que cumplan todas las condiciones dispuestas reglamentariamente durante los tres años anteriores a la solicitud, y no prevean superar los importes previstos en los próximos cinco años podrán solicitar de la DGSFP la aplicación del régimen especial de solvencia (artículo 101), que solo podrán actuar en territorio nacional.

Por su parte, la disposición adicional decimotercera se refiere al régimen transitorio de las modificaciones introducidas en la LCS a través de la disposición adicional primera de esta Ley. En tal caso, se ha dispuesto de un plazo de seis meses para las entidades aseguradoras con el objeto de que pueda actualizar las pólizas que se vayan a comercializar a partir de la entrada en vigor de la LOSSEAR. Transcurrido este plazo y durante un tiempo máximo de un año las entidades aseguradoras adaptarán, cuando deban ser renovadas, las pólizas correspondientes a los contratos vigentes, salvo que se trate de preceptos imperativos que serán de aplicación directa desde la entrada en vigor de la Ley.

Se procede con esta norma a poner al día el sector asegurador en nuestro país, retocando el conjunto de normas fundamentales sobre la materia y adecuándolo al resto de los países de nuestro entorno, en un proceso muy largo, de muchos años de duración y al que se han ido sucesivamente incorporando nuevos proyectos normativos, algunos de los cuales, como la segunda Directiva de mediación (IDM  II) todavía no han concluido. No debe olvidarse tampoco que esta Ley tendrá que ser objeto del correspondiente desarrollo reglamentario pues resulta claro que el Reglamento de 1998 ya no puede seguir estando en vigor tras los importantes cambios que se han producido.

La introducción del sistema de solvencia basado en el riesgo con los consiguientes cambios en el modo de gestión de las entidades aseguradoras y una nueva estructura de supervisión diseñada en el ámbito de la Unión Europea al establecerse la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) son algunos de los pilares fundamentales en los que se basa esta nueva norma de amplio contenido. En algunas cuestiones, sin embargo, quedan muy pegadas al régimen que va a quedar derogado o, incluso, no se va a derogar. Es el caso de la regulación de las condiciones para obtener la autorización administrativa como requisito previo para el acceso a la actividad aseguradora o reaseguradora que se regula en términos cercanos al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, o el mantenimiento en vigor de régimen de las mutuas de seguros, cooperativas de seguros y mutualidad de previsión social recogido en este texto, hasta que se elabore una regulación concreta para estos tipos de entidades, en particular, para las mutuas. Mayores cambios se aprecian en las condiciones de ejercicio al requerirse el establecimiento de un sistema de gobierno eficaz para estas entidades, totalmente necesario para asumir determinados riesgos al margen de consideraciones cuantitativas y cuyos elementos integrantes (gestión del riesgo, cumplimiento, auditoría interna y actuarial) requerirá el correspondiente desarrollo reglamentario. Y, por supuesto, todo lo relativo a los requisitos de capital, en relación al capital de solvencia obligatorio o al régimen especial de solvencia ocupa un lugar central en este apartado junto a otras cuestiones como la protección del asegurado o las medidas a adoptar en caso de deterioro financiero, entre otras, que habrán de tenerse en cuenta.

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