Artículos publicados en julio, 2015

Aspectos mercantiles de la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria

Miércoles, 22 de julio de 2015

Benjamín Peñas Moyano

El 3 de julio de 2015 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación (salvo en alguna de sus partes). Un texto ya previsto en la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Si tenemos en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil se publicó el 8 de enero del año 2000, y que se previó que entrase en vigor al año de su publicación en el BOE; y si tenemos también en cuenta que esa disposición final decimoctava de la Ley 1/2000 decía que en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley (o sea, desde el 8 de enero de 2001), el Gobierno debía remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria, nos queda muy claro el enorme retraso (más de una década) en la elaboración de dicho texto legal. Un retraso que el Preámbulo de la recién publicada Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se ha cuidado muy mucho de no recordar, algo que tendría que haber hecho, aunque sólo fuese por “vergüenza torera”.

Con esta nueva Ley se separa la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, una jurisdicción voluntaria que ha estado regulada en nuestro país dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 1855, lo que realmente no se entendía porque constituye una materia que sin duda merecía un tratamiento legal diferenciado, como por cierto ya ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Según reza el Preámbulo de la Ley, la misma pretende “ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados”. “Se trata (…) de regular los expedientes de jurisdicción voluntaria de manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y cada vez más exigente con sus órganos públicos”.

Uno de los aspectos más destacables de esta nueva Ley es que, sobre todo por razones que tienen que ver con la búsqueda de la optimización de los recursos públicos disponibles, se ha optado por atribuir el conocimiento de un elevado número de materias tradicionalmente incluidas en el ámbito de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos que carecen de la potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Obviamente, estos profesionales del Derecho son funcionarios de elevado rango, cuentan con un gran prestigio y tienen un perfecto conocimiento del ordenamiento jurídico, por lo que, en consecuencia, con su admisión en el sistema de la jurisdicción voluntaria no se debería poner en absoluto en riesgo el cumplimiento de las garantías de tutela de los derechos e intereses afectados. Estimo, por el contrario, que esta manera de organizar la distribución de las tareas que caen en el ámbito de la jurisdicción voluntaria es inteligente a la vez que plenamente respetuosa con todos los intereses implicados, a riesgo únicamente de que en la práctica posterior se manifiesten disfunciones que sin duda podrán corregirse una vez constatadas, sin violentar el sistema instaurado.

Esa distribución de los actos de jurisdicción voluntaria entre diferentes operadores jurídicos ha tenido su reflejo en la estructura de la Ley, en el sentido de que en la misma se regulan los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial, habiéndose extraído de su articulado  la regulación de todos aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene fuera de la Administración de Justicia. Y así, teniendo en cuenta que la Ley de Jurisdicción Voluntaria integra sus preceptos en títulos y estos a su vez en capítulos (y ocasionalmente en secciones), el Título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil: exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disolución judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan aquellos que son atribuidos a los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartirán con los Registradores Mercantiles, como son la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento y revocación del liquidador, auditor o interventor. Y también se incluyen los expedientes de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio y el nombramiento de perito en los contratos de seguro, cuya competencia también está atribuida a los Notarios.

Obviamente, la regulación instaurada, por lo que respecta a la materia mercantil, ha necesitado además tanto de la derogación expresa de algunos preceptos (los artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque), como de la modificación de otros (artículo 40 del Código de Comercio, artículo 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, varios artículos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,  artículo sexto de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado la forma de Anónimas, Asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del Sindicato de Obligacionistas).

Y, como en muchas ocasiones ocurre, se ha aprovechado la ocasión para reformar otras materias, como los artículos 19, 141 y 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aunque no guarden relación directa con la materia regulada en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.

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Las reformas en Derecho del seguro ya están aquí

Martes, 21 de julio de 2015

María Jesús Peñas Moyano

A pesar de que el gran grueso de la reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2016, ya se ha publicado en el BOE núm. 168 de 15 de julio, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) y se ponen en marcha los engranajes para que las entidades aseguradoras puedan adaptar su funcionamiento y sus productos a la nueva normativa. Efectivamente, la disposición adicional decimosexta recoge la introducción progresiva de las autorizaciones establecidas por esta Ley y otras medidas de adaptación a Solvencia II, que permite que a partir de la publicación de la Ley las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán presentar a la DGSFP las solicitudes de aprobación elativas a un modelo interno completo o parcial, o de grupo, conforme a lo dispuesto, así como autorizaciones para todos aquellos aspectos que se relatan en el apartado 2 de esta disposición. A partir del 15 de septiembre, las entidades que cumplan todas las condiciones dispuestas reglamentariamente durante los tres años anteriores a la solicitud, y no prevean superar los importes previstos en los próximos cinco años podrán solicitar de la DGSFP la aplicación del régimen especial de solvencia (artículo 101), que solo podrán actuar en territorio nacional.

Por su parte, la disposición adicional decimotercera se refiere al régimen transitorio de las modificaciones introducidas en la LCS a través de la disposición adicional primera de esta Ley. En tal caso, se ha dispuesto de un plazo de seis meses para las entidades aseguradoras con el objeto de que pueda actualizar las pólizas que se vayan a comercializar a partir de la entrada en vigor de la LOSSEAR. Transcurrido este plazo y durante un tiempo máximo de un año las entidades aseguradoras adaptarán, cuando deban ser renovadas, las pólizas correspondientes a los contratos vigentes, salvo que se trate de preceptos imperativos que serán de aplicación directa desde la entrada en vigor de la Ley.

Se procede con esta norma a poner al día el sector asegurador en nuestro país, retocando el conjunto de normas fundamentales sobre la materia y adecuándolo al resto de los países de nuestro entorno, en un proceso muy largo, de muchos años de duración y al que se han ido sucesivamente incorporando nuevos proyectos normativos, algunos de los cuales, como la segunda Directiva de mediación (IDM  II) todavía no han concluido. No debe olvidarse tampoco que esta Ley tendrá que ser objeto del correspondiente desarrollo reglamentario pues resulta claro que el Reglamento de 1998 ya no puede seguir estando en vigor tras los importantes cambios que se han producido.

La introducción del sistema de solvencia basado en el riesgo con los consiguientes cambios en el modo de gestión de las entidades aseguradoras y una nueva estructura de supervisión diseñada en el ámbito de la Unión Europea al establecerse la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) son algunos de los pilares fundamentales en los que se basa esta nueva norma de amplio contenido. En algunas cuestiones, sin embargo, quedan muy pegadas al régimen que va a quedar derogado o, incluso, no se va a derogar. Es el caso de la regulación de las condiciones para obtener la autorización administrativa como requisito previo para el acceso a la actividad aseguradora o reaseguradora que se regula en términos cercanos al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, o el mantenimiento en vigor de régimen de las mutuas de seguros, cooperativas de seguros y mutualidad de previsión social recogido en este texto, hasta que se elabore una regulación concreta para estos tipos de entidades, en particular, para las mutuas. Mayores cambios se aprecian en las condiciones de ejercicio al requerirse el establecimiento de un sistema de gobierno eficaz para estas entidades, totalmente necesario para asumir determinados riesgos al margen de consideraciones cuantitativas y cuyos elementos integrantes (gestión del riesgo, cumplimiento, auditoría interna y actuarial) requerirá el correspondiente desarrollo reglamentario. Y, por supuesto, todo lo relativo a los requisitos de capital, en relación al capital de solvencia obligatorio o al régimen especial de solvencia ocupa un lugar central en este apartado junto a otras cuestiones como la protección del asegurado o las medidas a adoptar en caso de deterioro financiero, entre otras, que habrán de tenerse en cuenta.

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