Artículos publicados en abril, 2015

Más no es mejor

Viernes, 17 de abril de 2015

María Jesús Peñas Moyano

El legislador europeo sigue empeñado en su cruzada de proporcionar al tomador del seguro una generosa información precontractual con el objetivo de que conozca todo lo relacionado con el producto que desea contratar. Es cierto que todo trasvase de información de la empresa aseguradora al supervisor, al mercado y, por supuesto, al cliente, redundará en una mejora del funcionamiento del sector asegurador. El aspecto más difícil de esta cuestión consiste sin embargo en determinar la medida exacta de la información que debe ser proporcionada y, por lo tanto, dónde se encuentran los límites de la información y de modo particular, respecto a aquella que ha de ser publicada, para alcanzar el equilibrio idóneo entre el factor de competitividad que permite la información y los posibles daños que puede sufrir la entidad de cara a la competencia y a la cuota de mercado. Por esto motivo, la asociación de patronales de entidades aseguradoras a nivel europeo ha lanzado la consigna que señalamos arriba: que más no es mejor, refiriéndose a la información a proporcionar al tomador. En su opinión, dicha información se va a ver duplicada como consecuencia de las diferentes normas jurídicas que exigen esta obligación, lo que va a producir que el cliente no preste atención a lo verdaderamente importante, y se pierda en los vericuetos de la ingente cantidad de datos que las entidades aseguradoras se van a ver obligadas a aportar, dando lugar a una importante sobreabundancia de información difícil de digerir. La asociación ya ha cuantificado este incremento situándolo en un 96% en el número de referencias informativas que han de ser trasladadas al cliente.

Efectivamente, hay tres normas fundamentales a tener en cuenta en esta materia: la Directiva Solvencia II (en proceso de transposición al Ordenamiento jurídico español), la regulación sobre productos de inversión y seguro empaquetados para minoristas (PRIIPs) y la que todavía es una propuesta de Directiva sobre mediación de seguros (IDM 2). En cada una de estas normas se introducen obligaciones de entrega de documentación con el objetivo de garantizar que los tomadores puedan conocer las características, los riesgos y los costes del seguro elegido que se disponen a contratar. El problema está en que en ocasiones los tomadores terminarán recibiendo por duplicado cierta información idéntica o parecida, pero sin embargo con una estructura y un formato distinto según cada una de estas normativas lo que va a impedir al cliente comprobar la duplicidad. Y ello se debe a que los procesos de elaboración de las citadas normas no se han llevado a cabo de manera coordinada, por lo que abogan por prestar más atención ahora que el proyecto IDM 2 todavía está en tramitación.

Tampoco ha de pasar desapercibido que la información es cara, tanto obtenerla como transmitirla, y en este sentido deberían barajarse las opciones más económicas para el cumplimiento de estas obligaciones, puesto que si se procede únicamente a repercutir los costes sobre los asegurados, pocos avances se lograrán en esta materia. La cuestión es que debe primar la calidad frente a la cantidad de información evitándose de esta manera un importante trabajo administrativo adicional a las entidades aseguradoras que puede resultar que no sea eficaz.

El problema del exceso de la información está claro que genera situaciones ambiguas e imprecisas como consecuencia de la abundancia y repetición de contenidos a veces dispares entre sí, junto a los costes que esta sobreinformación puede generar. Por eso, está claro que se está a tiempo de evitar que esta situación llegue a trasladarse a la práctica y que se debería intentar por todos los medios llegar al equilibrio necesario para que el realmente beneficiado de lo establecido sea el tomador del seguro. No se trata en absoluto, todo lo contrario, de limitar el derecho a la información sino de racionalizarlo. La abundancia de datos puede llegar a convertirse en un gran problema.

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El geo-blocking como práctica anticompetitiva

Miércoles, 1 de abril de 2015

Benjamín Peñas Moyano

La Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker se encuentra inmersa en una ofensiva para crear el llamado <<mercado único digital>>, es decir, un espacio sin fronteras en el que los 500 millones de habitantes de la Unión Europea dispongan de una oferta de servicios digitales sin demarcaciones nacionales. Los ámbitos de actuación que se ha marcado la Comisión Europea van en la línea de mejorar el acceso a consumidores y empresas a los bienes y servicios digitales, a crear un entorno en el que se puedan desarrollar las redes y, en fin, implementar un ecosistema en el que puedan prosperar a largo plazo una economía y una sociedad que aprovechen en toda su extensión el enorme potencial de crecimiento en este campo.

Sin embargo, la trascendental construcción del <<mercado único digital>> se está convirtiendo en una labor mucho más difícil de lo que fue la misma creación física del mercado único europeo. Efectivamente, según Bruselas, el 50% de los consumidores ya utilizan internet para parte de sus compras, pero solo el 15% ha comprado alguna vez de un país a otro a través de la red, lo que se considera una cuota ciertamente baja. Por supuesto que esa cuota tan baja se debe a razones tales como la diferencia de idiomas o de normas comerciales, pero no únicamente. A veces son las propias empresas las que socavan el comercio transfronterizo levantando barreras técnicas como el geo-blocking, que permite a las empresas denegar la venta de servicios o bienes a los clientes en función de su domicilio o de los datos de su tarjeta de crédito.

El geo-bloqueo es un término utilizado en informática que se refiere a la práctica de impedir que los usuarios puedan ver los sitios web y la descarga de aplicaciones y medios de comunicación basados ​​en la localización, para lo cual, los administradores de red utilizan dispositivos tales como cortafuegos y sistemas de prevención de intrusiones. Evidentemente, el geo-bloqueo se puede utilizar para proporcionar seguridad contra las descargas ilegales y la piratería, pero también permite a las empresas limitar la disponibilidad de sus productos y servicios en línea en función de la ubicación de acceso, y, en consecuencia, permite también a las empresas a practicar la discriminación de precios. Las empresas explotan así las diferencias de precio de un país a otro y obligan al consumidor a comprar siempre en su país de origen, aunque sea más caro o, incluso, a comprar dos veces el mismo producto si quieren utilizarlo en dos países distintos.

Al ofrecer o negar servicios a los clientes en función de su país de residencia, se fragmenta el mercado europeo, con la intención de maximizar beneficios, una práctica ilegal desde el punto de vista del Derecho europeo de la Competencia.

Ya en 2008, la UE obligó a Apple a suprimir la cláusula que impedía a sus clientes británicos descargarse canciones de iTunes desde las páginas web de Apple en otro país europeo, un 10% más baratas que las de Reino Unido. En el sector de la automoción, la UE también ha combatido el que algunas marcas prohibiesen a los concesionarios las ventas de coches a ciudadanos de otro país europeo.

En un paso más en la lucha por la consecución del <<mercado único digital>>, la constatación de la existencia de esas prácticas de geo-blocking ha llevado a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, a decidir la apertura de una <<investigación sectorial>> que abarcará todo el territorio de la UE, sobre las empresas de comercio electrónico, entre las que figuran algunos de los grandes gigantes tecnológicos, sean creadores de antivirus o de videojuegos; o distribuidores de películas y series; o plataformas de venta, o subasta de productos tradicionales como los libros. Si en el pasado fue Apple, ahora la ofensiva de la UE pasa a ser general sobre las empresas de comercio electrónico.

La <<investigación sectorial>> (no, por lo tanto, investigación caso por caso) ya fue utilizada en antes en sectores como el energético, el financiero o el farmacéutico, y constituye un instrumento que permite a la Dirección General de Competencia de la UE reclamar a las empresas información sobre sus prácticas comerciales para detectar si están violando las normas europeas. A partir de esa información, Bruselas puede abrir expedientes sancionadores contra las compañías implicadas en la infracción o imponerles de manera vinculante que cambien sus prácticas. Y en base a la información obtenida, la UE puede expedientar a las empresas e imponer multas de hasta el 10% de su facturación.

No podemos sino congratularnos de la toma de esta iniciativa por la comisaria europea de la Competencia, que está perfectamente justificada. Esperamos, no obstante, que sus resultados sean más positivos que los que derivaron de otras <<investigaciones sectoriales>>.

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