Artículos publicados en marzo, 2015

El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas a la espera de su aplicación

Jueves, 12 de marzo de 2015

María Jesús Peñas Moyano

El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, disponible en la web de la CNMV desde el pasado 24 de febrero tras su aprobación por acuerdo de su Consejo el día 18 parece, a pesar del escaso tiempo transcurrido, un texto ya lejano en el tiempo después de la expectación que su proceso de reforma ha levantado. Tal vez ello se deba a la enorme celeridad con la que cada día digerimos cientos de noticias, también jurídicas, o también a la existencia de otros fenómenos mediáticos más cercanos a la ciudadanía que consume este tipo de información. El caso es que de momento se han enfriado las referencias a su existencia y posterior aplicación e igualmente se han aplacado las críticas de distinta índole al resultado final publicado.

Suponemos que será una cuestión que se retomará ante las iniciativas de alguna corporación empresarial relevante, en las que se adopten algunas de las recomendaciones en la línea de lo incorporado por este Código o suceda precisamente lo contrario, lo cual debe ser objeto de la correspondiente reflexión ante el convencimiento generalizado de la utilidad de este tipo de prácticas empresariales. El problema es que en algunos ámbitos no resulta tan infrecuente.

Una de las cuestiones por las que ha venido marcado el actual Código es la conversión en normas imperativas de recomendaciones no vinculantes, basadas en el principio de cumplir o explicar, que aparecían en sus versiones anteriores. Con la publicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, el legislador ha considerado que determinadas cuestiones merecen una intervención de naturaleza imperativa, como sucede con las competencias exclusivas de la junta general de accionistas o del consejo de administración, la votación separada de acuerdos o el fraccionamiento del voto, entre las doce recomendaciones que desaparecen del texto actual, y entre las que destacamos la obligación que se impone a las sociedades cotizadas de recoger en su informe anual de gobierno corporativo el grado de seguimiento de las recomendaciones o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de las mismas.  Tal intervención legislativa, en todo caso, no es nueva pues este cambio de bando se ha venido produciendo sucesivamente desde que se aprobara el primer Código de Buen Gobierno, el Informe  Olivencia, en 1998, y se ha acentuado a partir del inicio de la crisis financiera internacional, redoblando la importancia de una gestión correcta de las sociedades cotizadas.

Otras de las principales novedades de la actualización del Código de Buen Gobierno es ajustarse a un nuevo formato consistente en distinguir e identificar los principios que, en número de veinticinco, inspiran las recomendaciones de carácter concreto y específico. Lo que tal vez se ha querido proponer como un refuerzo del trabajo realizado se ha visto en ocasiones como un contenido vacío y carente de un verdadero significado puesto que las explicaciones que se otorgan a las recomendaciones no recogen más que obviedades que se podrían haber suprimido.

El texto contempla sesenta y cuatro recomendaciones que están divididas en tres bloques: uno referido a los aspectos generales; otro a la junta general de accionistas y el tercero, como no, al consejo de administración. Como ya se ha indicado cada una de estas indicaciones está inspirada por alguno de los veinticinco principios que les sirven de base. El grueso de las novedades se incluyen en el tercer bloque destacando cuestiones relativas a las funciones del consejo de administración, en concreto, la búsqueda del interés social, su composición (promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el treinta por ciento del total de sus miembros), reuniones, el presidente o las comisiones, así como la remuneración de los consejeros, con carácter general o de los consejeros ejecutivos; otras novedades hacen referencia a las emisiones y exclusión del derecho de suscripción preferente; a la política de comunicación de la sociedad cotizada; a la junta general de accionistas, en particular, en lo que se refiere al fomento de la transparencia informativa y a la facilitación del ejercicio de sus derechos por parte de los accionistas; y habría que hacer referencia en último lugar a la promoción de la responsabilidad social corporativa.

El texto ya está ahí y ahora habrá que esperar para comprobar cómo lo adoptan las sociedades cotizadas que ya están obligadas por el mandato de lo dispuesto en la Ley 31/2014.

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