Artículos publicados en enero, 2015

Objetivos pretendidos con la nueva regulación del derecho de impugnación de los acuerdos sociales

Viernes, 30 de enero de 2015

Benjamín Peñas Moyano

Que el buen gobierno corporativo mejora la eficiencia económica y aumenta la confianza de los inversores, todo lo cual redunda en la generación de valor en la empresa, es hoy plenamente aceptado. Ya apuntamos en una entrega anterior que ello ha hecho que las cuestiones de gobierno corporativo sean en la actualidad una constante en la actividad de los poderes públicos, no siendo el legislador español ajeno a esas consideraciones, como se constata si se tienen en cuenta las numerosas actuaciones normativas ya adoptadas en este sentido, la última de las cuales ha sido la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. La Ley 31/2014 introduce cambios muy importantes en la vida y funcionamiento de las sociedades de capital, y no sólo de las cotizadas. Expongamos ahora uno de los aspectos que han sido reformados.

Así, se ha modificado el régimen de impugnación de los acuerdos sociales, y se ha hecho con un doble objetivo: de un lado, reforzar el contenido material del derecho, maximizando la protección del interés social y la defensa de los minoritarios; de otro, evitar el abuso del derecho de impugnación, introduciendo requisitos más severos para su ejercicio.

Para la consecución del primer objetivo, se han unificado los supuestos de impugnación, estableciéndose un régimen general en el que se ha eliminado la clásica distinción entre acuerdos nulos y anulables en el ámbito societario, sustituyéndose por la noción de <<acuerdo impugnable>> (artículo 204.1 LSC). Se prevé entonces un plazo de impugnación general de un año (artículo 205.1 LSC), salvo en el caso de sociedades cotizadas, que será de tres meses (artículo 495.2 c) LSC), como dice el Preámbulo “para que la eficacia y agilidad especialmente requeridas en la gestión de estas sociedades no se vean afectadas”.

No obstante, lo anterior se entiende sin perjuicio de los actos contrarios al orden público, cuya acción de impugnación continua siendo imprescriptible (artículo 495.2 c) LSC). Dentro de esta categoría de los acuerdos contrarios al orden público la reforma incluye no sólo aquellos que lo son por su causa o contenido, sino también aquellos viciados en función de las circunstancias en que se adoptan (artículo 205.1 LSC), entre los que cabe esperar se incluyan, a título de ejemplo, los acuerdos adoptados en una <<falsa>> junta universal.

Por otro lado, se han ampliado los supuestos de impugnabilidad (artículo 204.1 LSC), de forma que no sólo serán impugnables los actos contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros, sino también los contrarios al reglamento de la junta y los acuerdos contrarios a los reglamentos del consejo (artículo 251 LSC).

Además, se amplía el concepto de interés social, pues la lesión de interés social se producirá también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se imponga de manera abusiva por la mayoría. Se entenderá que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. De esta forma, la noción de interés social incluye expresamente el interés de los socios minoritarios, de forma que se permitirá la impugnación de acuerdos adoptados con abuso de mayoría que sean injustificadamente lesivos para las minorías (artículo 204.1 LSC).

En relación con el segundo de los objetivos, se han adoptado cautelas diversas tanto en materia de vicios formales como de legitimación. Así, en materia de vicios formales ciertos acuerdos no serán impugnables:

i) infracciones de requisitos meramente procedimentales o irrelevantes, con carácter general (infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante);

ii) en particular, en relación con la información solicitada con anterioridad  a la celebración de la junta, no procederá la impugnación cuando esa información solicitada y no proporcionada no resulte esencial para el ejercicio del voto u otros derechos de participación;

iii) la asistencia a la junta o el ejercicio del voto por personas no legitimadas, cuando ni la presencia ni el voto hayan sido determinantes para alcanzar el quorum de constitución o las mayorías exigibles;

iv) tampoco procederá la impugnación de aquellos acuerdos que se hayan dejado sin efecto o hayan sido válidamente sustituidos por otros, antes de la interposición de la demanda; realizados estos actos tras haberse interpuesto la demanda de impugnación, el proceso quedará sin objeto (artículo 204. 2 y 3 LSC).

Y en cuanto a la legitimación, ésta se restringe en este ámbito para evitar situaciones de abuso de derecho; así, frente a la regulación anterior, que permitía la impugnación por cualquier socio con independencia de su participación en el capital social, ahora sólo estarán legitimados para impugnar acuerdos sociales los accionistas que reúnan una participación de minoría que representen al menos el 1% del capital social (artículo 206.1 LSC),  (1 por mil en las sociedades cotizadas; artículo 495.2 b) LSC), salvo que los acuerdos sean contrarios al orden público, en cuyo caso cualquier socio, administrador o tercero podrá impugnarlo(artículo 206.2 LSC). Hay además que tener presente que como regla general sólo se permite la impugnación por parte de aquellos que sean socios antes de la adopción del acuerdo (artículo 206.1 LSC), aunque para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo (artículo 206.2 LSC).

Terminamos recordando que el Preámbulo de la Ley de reforma dice al respecto de la nueva regulación del derecho de impugnación que “se han ponderado las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial con las derivadas de la protección de las minorías y la seguridad del tráfico jurídico”. Ahora toca actuar lo dispuesto y ver si se logran conciliar ambos objetivos.

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¿Se va a convertir el derecho del consumo en un derecho asistencial?

Martes, 20 de enero de 2015

María Jesús Peñas Moyano

Leyendo el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales en el mercado único” publicado en el DOUE del pasado 15 de enero, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0001.01.SPA, parece que estuviésemos ante un ante un alegato contra la desigualdad social y también la pobreza que la crisis económica ha producido en grandes capas de la sociedad.

Se hace referencia a la reducción del poder adquisitivo de las clases medias y a las dificultades financieras de las pequeñas y medianas empresas como las causas más inmediatas de la necesidad de revisar las prácticas comerciales habituales en el mercado. No sólo eso, se menciona también la situación de emergencia de consumidores cautivos de una situación económica sobrevenida que vendría a caracterizarse por la pérdida de la libertad de decisión y la dificultad de hacer valer sus derechos. Y el acento se pone también en la brecha cada vez más amplia entre los sectores del consumo, refiriéndose a ella como fragmentación social, para lo cual se exigen medidas dando por hecho que la distancia se va a ir agrandando con el paso del tiempo, aunque califica también a estas debilidades, con cierto optimismo, como una situación de naturaleza coyuntural.

Por ello, y citamos textualmente se exige a los Estados “adoptar medidas en sus sistemas de protección social para evitar la exclusión de los consumidores y de todos los ciudadanos que superen en 30% del Índice de Pobreza Multidimensional, en especial en lo que respecta al acceso y suministro de los servicios básicos esenciales. A tal fin, cada Estado miembro contribuiría, según sus necesidades, elaborando y ejecutando un plan de rescate ciudadano que ayudase a reactivar las economías familiares y el poder adquisitivo de los consumidores.”

El dictamen en cuestión y como se ha señalado está enfocado a las prácticas comerciales desleales. Y ante la situación de fragilidad del consumidor descrita se hace hincapié en algunas de ellas sobre las que el legislador no había prestado atención hasta el momento: nos referimos, por ejemplo, a una oferta de productos alimenticios cuyo valor nutritivo se encuentre devaluado en correspondencia con un precio menor, derivada de la imposibilidad en muchos casos de atender a las necesidades básicas de alimentación. Se apunta incluso la posibilidad de que se comercialicen productos que ya no reúnen las exigencias para ello, o que se produzca la recirculación de alimentos desechados para el consumo humano, o la venta de medicamentos fabricados sin garantías. En una línea semejante se aconseja incrementar la vigilancia de la comercialización de productos que están amparados bajo las conocidas como marcas blancas o propias, evidentemente las más consumidas por determinados colectivos, ante la posibilidad de que no se ajusten a las exigencias y requisitos de comercialización exigidos.

Llama igualmente la atención el interés que se presta a los nuevos espacios o canales alternativos de comercialización surgidos, precisamente, como consecuencia del desplazamiento de segmentos de consumidores hacia ámbitos de menor poder adquisitivo, aún más, hacia la exclusión social y financiera, lo que ha producido una limitación en el acceso a los mercados de bienes y servicios de carácter convencional. Esta misma situación es la que ha permitido constatar cómo importantes grupos de consumidores no tienen acceso a lo que denomina el dictamen como entornos virtuales de comercialización, provocando nuevamente restricciones en el acceso a los mercados de bienes y servicios en condiciones más favorables. Se ha detectado incluso la existencia de un importante déficit informativo en estos grupos de consumidores lo que inevitablemente se va a traducir en una mayor desprotección en cualquier transacción económica que se realice. Lo que en definitiva se está produciendo es una ampliación de la conocida como brecha digital, consecuencia inmediata de la brecha social provocada por la crisis económica.

Siendo loable el contenido del informe, así como la exigencia que se hace a los Estados para adoptar medidas de diverso tipo con el objetivo de paliar, y esperemos también que erradicar de forma definitiva estas situaciones, la pregunta que nos hacemos es si esta labor le corresponde al derecho del consumo, o estamos realmente ante una situación que podemos calificar de previa, básica o fundamental. Porque lo que la lectura del dictamen nos ha sugerido más que la defensa del consumidor, ha sido la defensa de derechos fundamentales de la persona, a lo que este sector normativo puede contribuir, pero no va a poder ser nunca sustituir.

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