Artículos publicados en noviembre, 2014

Los efectos de la constante caída del interés de los depósitos a plazo

Miércoles, 19 de noviembre de 2014

Benjamín Peñas Moyano

Es de todos conocido que desde hace ya un tiempo los rendimientos de los depósitos a plazo fijo se encuentran en mínimos históricos en nuestro país. Antes de la crisis se llegaron a ver depósitos a plazo fijo que producían a los ahorradores entre un 5 y un 6% de interés anual. Con la llegada de la crisis cayeron drásticamente las rentabilidades, pero no se tardó mucho en observar un repunte en los intereses ofrecidos por algunos bancos y cajas.

Efectivamente, hace un par de años, tres a lo sumo, aún se podían encontrar depósitos a plazo fijo que producían hasta un 3 o 4% de interés anual; y si el dinero depositado en la entidad crediticia se inmovilizaba por más tiempo, la rentabilidad se incrementaba; en otras ocasiones, esa mayor producción de intereses derivaba de contratar depósitos de elevada cuantía (50.000 euros, o más). Fue la conocida como “guerra del pasivo”, que en algunas ocasiones se aposentó sobre prácticas de dudosa legalidad, pues eran las entidades de crédito intervenidas las que con la ayuda de las cantidades recibidas por el Estado para poder mantenerse en los mercados, ofrecían las mejores tasas de interés a los clientes, lo que obviamente no dejó de ser criticado por las entidades que no habían necesitado de esas ayudas públicas: con razón consideraban que utilizar los dineros públicos del “rescate bancario” para ofrecer mayores rentabilidades en los depósitos a plazo fijo suponía en definitiva una ventaja competitiva a favor de los “incumplidores” que paradójicamente castigaba a las entidades de crédito que sí habían cumplido en la gestión de sus negocios. Ante la constatación de esas prácticas, el Banco de España reaccionó a comienzos de 2013 con Recomendaciones sobre el máximo de rentabilidad que se podía ofrecer a los depositantes en esas entidades de crédito intervenidas, lo que fue imitado de inmediato por las entidades saneadas, como no podía ser de otro modo.

Estando así las cosas en el mercado nacional, unido todo ello al recorte de los tipos de interés a casi el cero por el Banco Central Europeo, la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo en España no ha dejado de caer, y en este año 2014 podríamos decir que “en picado”, hasta marcar mínimos históricos. La prensa económica nos ha recordado que si hace un año, cuando los tipos oficiales estaban en el 0,50%, la rentabilidad media de los depósitos a un año era del 1,38%, hasta dos años del 1,84 y para más de dos años del 2,14%, en la actualidad, con los tipos oficiales al 0,05%, el tipo medio de los depósitos en el año ha caído hasta el 0,67 para los depósitos a un año, hasta dos al 0,93 y para más de dos años, al 0,97%.

Por lo tanto, sólo los clientes que contrataron hace un año y medio, o dos, las últimas ofertas del mercado en ese producto de ahorro conservador (un mercado ya entonces en descenso en cuanto a sus rentabilidades), inmovilizando sus dineros en depósitos a plazo fijo por dos años o más, disfrutan hoy de un 2 o un 2,25%, durante los escasos meses que aún duren sus contratos.

Además, si en la recta final del 2014 todavía algunas entidades financieras extranjeras (ING, Novo Banco, Banco Pichincha, Banco Mediolanum, BFS) continúan con remuneraciones del orden del 2% para los plazos fijos de elevadas cantidades contratados por dos años o más, los analistas coinciden en que esa política de marketing durará poco, porque continuará la presión a la baja en los tipos de las remuneraciones.

Algunos incluso se han hecho la pregunta de si en este contexto llegará el momento en el que habrá que pagar por un depósito bancario, pues desde que el pasado mes de junio el Banco Central Europeo empezó a cobrar a la banca por guardar su dinero en el banco emisor, algún banco alemán ha decidido aplicar tipos de interés negativos a sus depósitos a un día a los grandes patrimonios de medio millón de euros.

No parece que eso pueda llegar a extenderse, ni siquiera en Alemania, porque entonces el depósito a plazo fijo se convertiría en un producto inútil como vehículo de ahorro. Lo más probable, dicen los expertos, es que en España (en Alemania las rentabilidades son aún mucho más bajas) la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo llegue a situarse entre el 0,50 y el 0,30% como media en los próximos dos o tres años, en un contexto en el que las entidades no sufren problemas de liquidez y por ello la situación será de tipos mínimos, donde sólo inmovilizar cantidades elevadas (100.000 euros, por ejemplo), y por un tiempo largo (dos o tres años) podría asegurar unos réditos algo mayores.

Pero, por lo pronto, lo que es ya constatable en España son dos efectos, de sentido contrario, derivados de esa profunda y continuada caída del interés de los depósitos a plazo fijo: por un lado, que casi dos millones de españoles han movido su dinero de depósitos a fondos de inversión, asumiendo más riesgos, pero buscando mayor rentabilidad, lo que ha supuesto que el sector haya recuperado en su totalidad los reembolsos sufridos entre 2009 y 2012, cuando la banca ofrecía depósitos al 4%. Y, por otro, que el ahorro en cuentas bancarias sin remunerar haya alcanzado una cifra record, resultado del vencimiento de depósitos a plazo cuya renovación supone cifras muy bajas de rentabilidad, por lo que muchos ahorradores de perfil conservador, que no desean invertir en fondos de inversión o en otros productos bancarios, y quieren tener su dinero disponible, han optado por dichas cuentas a la vista, no remuneradas o con remuneración casi nula.

Como vemos, la presión sobre el centro ha conducido a liberar los extremos.

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Otro flanco desprotegido del consumidor: la obsolescencia programada

Jueves, 6 de noviembre de 2014

María Jesús Peñas Moyano

Esta larga crisis económica está poniendo de manifiesto la necesidad de cambios en muchos ámbitos de actuación y como no podía ser de otro modo, también en los hábitos de consumo. Los consumidores están comenzando a realizar demandas que tal vez hace años no hubieran resultado oportunas, pero que a día de hoy resultan plenamente justificadas. Nos estamos refiriendo a la necesidad de lograr de los fabricantes de productos una mayor información acerca de su duración, la posibilidad de elegir, pagando un precio más elevado, aquellos que sean más duraderos, y con la exigencia al mismo tiempo de objetivos más generales en torno a un desarrollo más sostenible.

Hace un año, el 17 de octubre de 2013, el Consejo Económico y Social Europeo emitió el dictamen Hacia un consumo más sostenible: tiempos de vida de productos industriales y la confianza a través de la restauración de la información al consumidor. En él se solicitaba la prohibición total de la obsolescencia programada- incluyendo también la llamada obsolescencia estética  como constante renovación de productos sin desgastar al dictado de las modas, como ropa o teléfonos móviles- al tiempo que se solicitaba una mayor información para el consumidor para combatir la estrategia del negocio de la obsolescencia. El CESE justifica también su dictamen en el incremento de puestos de trabajo que supondría una mayor reparación de los productos frente a su mera reposición. Para este organismo la decisión más adecuada sería que la Comisión propusiese un sistema de etiquetado que garantizase una vida útil mínima del producto. Dicho sistema estaría en la línea del implantado para calificar la eficiencia energética con una escala de clasificación por letras y colores.

Es cierto, que este modo de proceder cuenta con la más absoluta oposición por parte de la industria correspondiente. Argumentan razones varias como la exigencia por parte del mercado de productos cada vez más eficientes, pero al mismo tiempo más baratos; que resulta imposible prever la duración de un producto porque no se puede controlar el buen o mal uso que el consumidor va a realizar de él.

Por lo que se refiere a la concreta situación española, el movimiento contra la obsolescencia programada lleva un cierto retraso respecto a la UE y otros países pioneros como Francia, país en el que recientemente se ha aprobado una norma por la Asamblea Nacional, aunque aún tiene que pasar el trámite del Senado, en la que se establecen multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que intencionadamente programen la muerte de sus productos. Expresamente, por tanto, se está reconociendo la existencia en el mercado de esa obsolescencia programada en una Ley de transición energética que pretende promover el uso de energías renovables, entre otros objetivos.  Una oportunidad para el tratamiento de este tema está en el Proyecto de Real Decreto de 30 de julio de 2014, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), con el que se va a proceder a lo largo de este año a la transposición de la Directiva 2012/19/UE, del Parlamento y del Consejo, de 4 de julio, sobre el tema. Para ello diversas asociaciones españolas implicadas en temas medio ambientales han presentado un texto de alegaciones en el periodo establecido para ello con el objetivo de que se contemple esta realidad y reconozca como tal en la norma. En la línea de lo manifestado por el dictamen del CESE consideramos que no es demasiado pedir a las empresas que dirijan su investigación hacia la averiguación de la vida útil de un producto y a garantizar el reciclaje si tienen una vida útil estimada de menos de cinco años. ¿Es mucho pedir?

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