Artículos publicados en junio, 2014

AUSBANC recorre el camino otra vez

Jueves, 12 de junio de 2014

María Jesús Peñas Moyano

Al igual que ya sucediera en el año 2005, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha expulsado a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios: AUSBANC. Esta asociación se constituyó como una entidad española privada, sin ánimo de lucro, constituida el 15 de noviembre de 1986 al amparo del entonces artículo 20 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, y hoy en el artículo 23 del Real  Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido de la esta Ley, según el cual las asociaciones se constituirán bien con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados.

En este sentido AUSBANC, y como se indica en su propia denominación, que se dedicada específicamente a este sector financiero, constituía una importante excepción dentro del asociacionismo español caracterizado por su generalidad y sin una importante tradición de asociacionismo sectorial, pues lo normal es que existan secciones dentro de una asociación de carácter general. Sin embargo, esta asociación, que nació con un objetivo muy delimitado, fue extendiendo su ámbito de actuación a sectores que nada que tienen que ver con la defensa del consumidor, lo que motivó que hace casi una década el entonces Instituto Nacional de Consumo excluyera a esta entidad del Registro de asociaciones de consumidores.

En aquel momento, fue el propio Consejo de consumidores y usuarios, al cual pertenecía la asociación, el que dirigió una carta al presidente del Instituto para que revisara su actuación así como las diferentes informaciones aparecidas en los medios de comunicación señalando la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos para ello. Se constató en aquel momento que tanto en su revista mensual “Justicia y Derecho”, como en su página web, realizaba publicidad ajena al objeto de la misma, puesto que la realizaba de otra entidad diferente AUSBANC empresas, incitando a la contratación de sus servicios, así como a la recepción de las publicaciones editadas por la misma. La resolución de expulsión adoptada fue ratificada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 2010.

Sin embargo, AUSBANC volvería a ser inscrita en el registro coincidiendo con el cambio de gobierno que se produjo en España tras las elecciones de noviembre de 2011, y pudiendo recibir de nuevo las correspondientes subvenciones, lo que algún modo demuestra que las decisiones políticas influyen enormemente en el devenir de estas entidades, en teoría independientes.

Pues bien, el pasado 24 de mayo se publicó en el BOE una resolución fechada el 28 de marzo, para anunciar a los interesados la notificación de la terminación del procedimiento de expulsión del Registro estatal de consumidores y usuarios, ya que había resultados infructuosos los intentos de comunicarla a los afectados en su domicilio.

No han trascendido los motivos por los que la Aecosan ha procedido a la nueva expulsión de AUSBANC pero seguramente sean similares a los que llevaron a adoptar la misma decisión en el año 2005, esto es, que la asociación se trate de una tapadera para llevar a cabo negocios lucrativos. Más preocupante sería que fueran ciertas, siquiera mínimamente, las afirmaciones realizadas por AUSBANC en la que apunta a la intervención de alguna entidad bancaria en las maniobras que finalmente han propiciado su expulsión. Lo que sí resulta cierto es que no ha sido una decisión voluntaria de darse de baja en el registro lo que ha propiciado esta actuación, tal y como apunta la expulsada, ya que la decisión como hemos señalado estaba tomada desde marzo, además de demostrar una vez más la mala calidad del funcionamiento de determinados servicios que deben estar al servicio del ciudadano, este caso además, consumidores.

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El proyecto de Ley de reforma de las Sociedades de Capital: una vuelta de tuerca al “gobierno corporativo”;

Lunes, 2 de junio de 2014

Benjamín Peñas Moyano

En estos días han aparecido en la prensa numerosas referencias a la próxima reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Efectivamente, se ha informado de que el Gobierno el pasado viernes 23 de mayo remitió al Congreso de los Diputados el proyecto de ley correspondiente, conteniendo una serie de reformas de la Ley de Sociedades de Capital con el objetivo de mejorar el <<gobierno corporativo>> de estas sociedades.

Ya en diciembre de 2013 se había dado el visto bueno al anteproyecto, y tras recibir los informes de los órganos consultivos correspondientes y someterse al trámite de audiencia, las actuaciones regresaron finalmente al Consejo de Ministros, el cual aprobó el pasado viernes 23 de mayo el proyecto de ley.

Con el mismo de ha dicho textualmente que se pretende dar “una vuelta de tuerca al Buen Gobierno”, pues según ha señalado el Ministro de Economía, Don Luis de Guindos, en la rueda de prensa celebrada con posterioridad al Consejo de Ministros, la <<autorregulación>> en materia de buen gobierno se habría acabado para dar paso a la <<obligatoriedad>>.

Y es que el Gobierno, con la aprobación del proyecto de ley ha tomado en consideración gran parte de las medidas sugeridas por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, que creada en la primavera de 2013 con el objetivo de elaborar un estudio sobre las mejores prácticas en la materia mencionada e impulsar iniciativas al respecto, emitió en el mes de octubre de 2013 un <<informe>> en el que recomendaba al Ejecutivo que se regularan por Ley algunas de las recomendaciones que se incluían en el Código Unificado de Buen Gobierno que fue aprobado en 2006.

El proyecto de ley aborda aspectos como las remuneraciones de los consejeros, la duración de su mandato, nombramientos, situaciones de conflictos de interés y los deberes de lealtad y diligencia de los administradores, así como medidas encaminadas a ampliar las competencias de las juntas, reforzar los derechos de los accionistas minoritarios y asegurar la transparencia en la información que reciben los accionistas.

En el caso de los salarios del consejo, partiendo de la base de que los sueldos deberán ser razonables, acordes con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades atribuidas, las sociedades cotizadas estarán obligadas a someter al voto vinculante de la junta de socios, como punto separado del orden del día, la política retributiva del consejo de administración como mínimo cada tres años; además, cualquier cambio en las primas, indemnizaciones o pensiones tendrá que aprobarse en la junta. También en relación a las juntas, en el proyecto se les atribuyen mayores poderes, pues salvo disposición estatutaria en contra, podrán impartir instrucciones de gestión; la junta además tendrá la decisión sobre <<operaciones esenciales>>, o sea, sobre aquellas en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance.

En lo que hace al voto, se separarán todos los asuntos que sean independientes y se extiende a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos de conflictos de interés muy claros.

En cuanto a la igualdad de género, el proyecto incluye la obligación de que las sociedades se fijen objetivos concretos para aumentar la presencia de mujeres en los órganos de administración, y tendrán que dar cuenta en sus <<informes de buen gobierno>> de las medidas adoptadas y su evolución para alcanzar las metas fijadas.

En las sociedades cotizadas desciende del 5 al 3% el capital social necesario para ejercer los derechos de minoría, una medida ésta que evidentemente supone el otorgar un mayor poder a los accionistas. Además, se reduce de 7 a 5 días el plazo máximo para que los accionistas de las cotizadas puedan solicitar información antes de la celebración de la junta. Se amplía el plazo para poder impugnar los acuerdos sociales, que pasa de 40 días a un año. Además, se regula la inscripción de asociaciones y foros de accionistas en un registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por otro lado, como medida de transparencia, se obliga a las sociedades a informar a los proveedores del plazo medio de pago, en la memoria de cuentas anuales y en la página web, una medida que según se ha destacado no formaba parte de las recomendaciones de buen gobierno.

Se establece la reducción de la duración de los mandatos de los miembros del consejo de 6 a 4 años, aunque podrán ser renovados. Se incluye un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservarle las decisiones sobre el núcleo esencial de la gestión y supervisión de la sociedad, también en la determinación de la política de gestión de riesgos fiscales, lo que en la práctica supondrá elevar la responsabilidad tributaria de los directivos de las grandes sociedades.

Se crea la figura del <<consejero coordinador>>, obligatoria en aquellas sociedades donde la figura de presidente del consejo y consejero delegado recaigan sobre la misma persona, consejero coordinador que deberá ser elegido entre los consejeros independientes y que podrá convocar al consejo, ampliar el orden del día, coordinar a los consejeros no ejecutivos o dirigir la evaluación del desempeño del presidente.

Se establecen como obligatorias en las sociedades cotizadas la comisión de auditoría y la de nombramientos y retribuciones, con consejeros independientes como presidentes y se propone su regulación y composición.

Los deberes de diligencia y lealtad de los de los administradores se precisan más, así como los pasos a seguir en los casos de conflictos de interés y se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad  al reducir la participación necesaria del 5 al 3% en las cotizadas.

Como podemos ver, el cambio de perspectiva en el buen gobierno es grande, al pasar en aspectos varios de la autorregulación a la obligatoriedad. En el proyecto de ley se establecen más previsiones que las brevemente apuntadas. Veremos si se respetan en el trámite parlamentario que se acaba de iniciar, aunque suponemos que sí, dada la conformación de las mayorías en dicha sede. Estaremos al tanto.

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