Artículos publicados en febrero, 2014

La normativa bancaria se reforma ¡por fin!

Martes, 25 de febrero de 2014

María Jesús Peñas Moyano

 

En el Congreso de los Diputados se está tramitando (se presentó el pasado 7 de febrero y se hará por la vía de urgencia) el Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Aunque resulta claro que el resultado final, una buena Ley, es de suma importancia y en mayor medida en este sector, en el caso concreto también va a suponer el aporte de una buena dosis de seguridad jurídica por proceder a la derogación de un conjunto de normas, algunas de ellas ya lejanas en el tiempo, que en ocasiones solo se encontraban vigentes en una pequeña parte de su articulado y, en otras, habían sido objeto de sucesivos retoques que habían desfigurado de forma significativa la norma original. La disposición derogatoria única del Proyecto contempla expresamente como normas a derogar la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, la Ley 31/1968, de 27 de julio de incompatibilidades, la Ley 13/1985 así como el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio y la Ley 26/1988, además, del artículo 29.2 de la Ley de Economía sostenible. Y, por supuesto, quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al mismo.

Claro está que una vez más la iniciativa no ha sido únicamente de nuestro legislador, sino que resulta necesaria para proceder a la incorporación al Derecho español de las previsiones de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio (conocida como CRD IV), relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, por la que se modifican y derogan otras directivas precedentes. En este sentido, el proyecto de ley viene a completar y absorber el Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación al Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de las entidades financieras, que resultaba necesario para operar desde el 1 de enero de 2014, para lo cual se procedieron a incorporar los cambios normativos más urgentes. Ahora, sin embargo, se hace necesario un texto con rango de Ley para refundir las diversas normas sobre ordenación y disciplina que se encuentran dispersas tal y como hemos apuntado.

El proyecto presentado se organiza en cuatro Títulos, abordándose en el primero todo lo relativo al régimen jurídico de estas entidades, entre las cuales ya no se van a encontrar los establecimientos financieros de crédito que pierden esta condición –aunque nunca la han poseído en sentido estricto, ya que nunca han podido captar activos u otros fondos reembolsables-, comenzando con las condiciones de acceso a la actividad, incluyéndose los requisitos de autorización, registro y revocación, participaciones significativas, idoneidad, honorabilidad, política de remuneraciones y gobierno corporativo.

En el Título II se recoge la regulación en materia de solvencia que utiliza como criterio fundamental la adecuación entre el capital de la entidad y los riesgos asumidos, introduciéndose los llamados colchones de capital, de diversa naturaleza (anticíclico, contra riesgos sistémicos). El Título III regula la actividad supervisora a llevar a cabo por el Banco de España, estableciéndose además las obligaciones de información y publicación que le corresponden y que se manifestarán particularmente en relación a la normativa de solvencia que el  Banco de España ha de publicar periódicamente. El Título IV del Proyecto acoge el régimen sancionar que a grandes rasgos se corresponde el establecido en la Ley 26/1988.

Por último, una de las cuestiones que se regulan en sus disposiciones finales es la relativa a la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos que va a pasar a estar integrada por once miembros, cinco de los cuales los cuales procederán de las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas (tres de bancos, uno de cajas de ahorros y uno de cooperativas de crédito). La presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España.

Confiemos en que la nueva norma además de transponer correctamente la normativa comunitaria al respecto, contemple el régimen jurídico adecuado, claro y preciso para estas entidades.

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Tras casi cuarenta años de existencia, el Instituto Nacional del Consumo desaparece

Miércoles, 12 de febrero de 2014

 

Benjamín Peñas Moyano

El reciente Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE del 3 de febrero de 2014, nº 29), ha procedido a la refundición de dos organismos autónomos de los relacionados en el artículo 43,1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado: el Instituto Nacional del Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y lo ha hecho en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, del cual ha establecido su estatuto.

Las razones que se aducen es que ambos organismos comparten misión en cuanto a la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios y, aunque cada uno de ellos tiene áreas de actuación específicas, lo cierto es que los dos trabajan en el ámbito de los alimentos, si bien con competencias diferentes, y los dos disponen de líneas de trabajo de carácter administrativo, analítico y de investigación que se pueden complementar y, así, rentabilizar mejor el uso de los recursos públicos. “La nueva Agencia nace, en definitiva, con una vocación integradora y de cooperación de todos los agentes involucrados en la garantía de la seguridad de los consumidores en su sentido más amplio”, dice el texto previo a dicho Real Decreto.

También se argumenta que en las instituciones de la Unión Europea, la estructura administrativa que vela por los intereses de los consumidores y usuarios, tanto en el ámbito de la seguridad alimentaria, como en el del consumo, forma parte de una misma Dirección general, favoreciendo un tratamiento integral y un enfoque conjunto de estas materias.

Y además se añade que esta iniciativa favorece la simplificación y la sostenibilidad de la estructura administrativa, cumpliéndose, de este modo, uno de los principios de la Ley 2/2011
, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

En definitiva, con la refundición de ambos organismos autónomos se pretende por el actual Gobierno de la Nación, abordar la protección de los consumidores y usuarios desde un único organismo que lleve a cabo la previsión constitucional de la manera global con que se concibe en la Constitución Española, bajo una sola dirección que garantice la unidad de criterio, dificulte las disfunciones en el cumplimiento de las tareas y haga ganar en eficacia y eficiencia la gestión de la Administración General del Estado.

Nada que objetar a tales finalidades perseguidas, y que esperamos se logren. No obstante, no podemos dejar de señalar que deja un poso de nostalgia la desaparición como tal del Instituto Nacional del Consumo, un organismo que fue creado en 1975 y que alcanzó su naturaleza actual a partir de la promulgación de la Constitución Española de 1978.

Efectivamente, el artículo 51 de la Constitución española encomienda a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos; además de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios y fomentar sus organizaciones y oírlas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. En la actualidad esa ley es el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (pendiente por cierto de una próxima reforma), sobre cuyo cumplimiento le corresponde velar al Instituto Nacional del Consumo, en el ámbito competencial de la Administración General del Estado.

Con la desaparición del Instituto Nacional del Consumo como tal organismo, aunque sus funciones se encuentren obviamente integradas en el elenco de aquellas que ha de realizar el nuevo ente resultante de la refundición, nos deja una institución que, con casi cuarenta años ya de vida, había adquirido una carta de naturaleza ciertamente relevante, con una <<marca>> ya conocida y prestigiosa entre los ciudadanos y las instituciones, con tradición y buen hacer.

Es cierto que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, creada por la Ley 11/2001, de 5 de julio, como órgano destinado a mejorar la gestión integral de la seguridad alimentaria en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y consumo (en cumplimiento del mandato constitucional de proteger la salud de los ciudadanos en el ámbito de la alimentación y de la nutrición, y en respuesta al Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria, presentado por la Comisión Europea, que proponía la creación, en los Estados miembros, de organismos nacionales de cooperación e intercambio de información, en materia de seguridad alimentaria, que funcionen como una Red bajo la coordinación de una futura Autoridad Europea en la materia; asimismo, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, atribuye a la Agencia, la competencia en materia de nutrición) había desempeñado, creemos que con enorme competencia, sus funciones, necesarias sin duda. Pero la desaparición del Instituto Nacional del Consumo, un organismo ya tan señero y visible, no deja de parecernos una pérdida.

Quizás habría podido hacerse de otro modo, no ahora, sino antes, en el año 2001 en el que se creó la Agencia, momento en el que se la podría haber integrado en el Instituto Nacional del Consumo como una de sus secciones relevantes. Y así no tendríamos que haber llegado a hacer desaparecer un Instituto que con décadas de existencia era conocido y valorado por casi todos en nuestro país.

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