Artículos publicados en diciembre, 2013

El MUR se aplaza

Jueves, 19 de diciembre de 2013

María Jesús Peñas Moyano

El Mecanismo Único de Resolución o MUR, según las últimas noticias, no entrará en vigor hasta el año 2026, aunque se señale que habrá una primera fase que arrancará en 2016. Y eso es mucho tiempo, porque hablar con ese horizonte temporal por delante es como no decir nada, ya que todo puede suceder hasta que llegue ese momento. Las manifestaciones que señalaban que ambos mecanismos, el MUS (Mecanismo Único de Supervisión) y el MUR entrarían conjuntamente en vigor, a finales de 2014 (el Banco Central Europeo abre una nota de prensa del pasado 8 de noviembre señalando que el MUR debería crearse antes de que el BCE asuma sus funciones de supervisión plenas), eran, como ya se puede afirmar, demasiado optimistas, sobre todo cuando todo hacía suponer que el camino hacia la adopción del mecanismo de supervisión no sería fácil. Además quedará limitado el papel de la Comisión Europea en el proceso decisorio y limitado quedará también el mecanismo a los 130 principales bancos europeos (y no a todos los sometidos a la supervisión del BCE, como manifestaba también la nota de prensa anteriormente citada).

¿Cuáles son las principales consecuencias del alejamiento de este mecanismo? En primer lugar, el sistema quedaría incompleto, pues como ya se ha puesto de manifiesto la unión bancaria no puede constituirse solo con una supervisión unificada sino que también resulta necesario que la resolución de las entidades con problemas se encuentre unificada en el ámbito europeo. De este modo, todavía y a lo largo de estos años cada país deberá –como ya lo ha hecho España- hacer frente a los rescates de sus propias entidades financieras, sin que los riesgos queden, en caso alguno, compartidos con el resto de los países de la Unión.

Sí han manifestado los líderes europeos que van a fijar ya algunos criterios en relación al futuro MUR. Entre ellos, se va a establecer quienes van a asumir las pérdidas provocadas por las entidades con problemas. Parece que hay colectivos sobre los que no cabe duda alguna que asumirán tales pérdidas, como los accionistas, bonistas y similares. Más problemático resulta que finalmente se decida que los depositantes también van a resultar perdedores en un determinado porcentaje o más bien a partir de  una determinada cantidad. El Gobierno español ya ha manifestado en varias ocasiones que los depósitos hasta 100.000 euros van a quedar en todo caso garantizados, incluso aunque esta decisión no se adoptase en el seno europeo, aunque finalmente sí se ha hecho, y entrará en vigor en 2016, dos años antes de lo que en principio se había previsto. En todo caso, los depósitos superiores sí que sufrirían pérdidas en caso de insolvencia de la entidad, aunque se situarían en la última posición.

En todo caso, una vez más se pone de manifiesto como la capacidad para solucionar problemas conjuntamente se dilata para imponer criterios de naturaleza parcial. El proyecto de MUR aprobado por la Comisión incluía un fondo europeo que de momento no va a ser creado, de modo que habrá una red de fondos nacionales, independientes entre sí, formados por los recursos aportados por los bancos de cada país, -cuya cuantía será de aproximadamente  56.00 millones de euros – y que quedará al frente de resolver sus respectivas crisis, sumándose a las aportaciones que hay que realizar al Fondo de garantía de depósitos. El vínculo entre la banca y el país de origen continuará vigente, lo que se traduce en una penalización para las entidades más pequeñas o pertenecientes a aquellos países en los que se detecten riesgos en los mercados.

Como señalábamos al comienzo, el horizonte temporal es lejano y aún puede producirse cambios y negociaciones en estos acuerdos, pero lo que ya resulta cierto es que el MUR se aplaza y no acompañará en su estreno al MUS.

Que no se nos olvide otro aplazamiento que se ha producido en estos días, referido a la entrada en vigor de la Directiva Solvencia II, como ya habíamos puesto de manifiesto en este blog. El nuevo retraso supone su entrada en vigor para el 1 de enero de 2016.

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Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE) de las empresas españolas transnacionales: ¿merece la pena?

Miércoles, 11 de diciembre de 2013

Benjamín Peñas Moyano

En un post anterior refería yo que son muchas las personas especialistas en <<responsabilidad social empresarial o corporativa>> que con independencia de su procedencia y actividad, universitaria o en organizaciones que trabajan sobre el terreno en el que se realiza cooperación al desarrollo (fundamentalmente América Latina), desde diferentes perspectivas llegan a la misma lapidaria conclusión: que la RSE resulta en realidad una <<pura operación de maquillaje>> de las empresas transnacionales que operan en los países en vías de desarrollo, para dar la impresión de que cumplen voluntariamente con diversos compromisos sociales, medioambientales y en relación a los derechos humanos.

Participando en gran medida de esa valoración, considero no obstante que el proceso de implantación y consolidación de la RSE no tiene vuelta atrás, y a pesar de vivir momentos de dura crisis económica, estimo que el proceso es imparable, y, con todos sus defectos y engaños, pienso que va a marcar el futuro de la evolución de las empresas transnacionales y su actuación en los mercados, pero también el futuro de las pymes.

Sin duda con dudas y fracasos, con malas actuaciones por parte de muchas de las empresas transnacionales, la RSE se va asentando, poco a poco, y va transformando modos de hacer y de pensar que se consideraban inamovibles. Las sociedades civiles son cada vez sociedades más formadas e informadas y, por ello, más reivindicativas; y aunque es cierto que hay retrocesos, tales sociedades  demandan cambios en el sentido pretendido por la RSE.

Ahí está la iniciativa de las Naciones Unidas sobre los <<Objetivos de Desarrollo Sostenible>> que sustituirán en 2015 a los <<Objetivos del Milenio>>, que serán relevantes para todo el mundo y no sólo para los países emergentes. Tales Objetivos sin duda serán una gran oportunidad para la RSE, porque con ellos la clásica orientación de la dicha RSE hacia la prevención de riesgos por actuaciones irresponsables de las empresas se dirigirá ahora a la creación de <<valor sostenible>>, o sea, a que la empresa genere valor para sí misma y al mismo tiempo efectos positivos para la sociedad (eliminación de la pobreza, buen gobierno, igualdad de género, educación de calidad, creación de trabajo, crecimiento equitativo, etc.). Esos  <<Objetivos de Desarrollo Sostenible>>, como no podía ser de otra manera, traerán consigo la necesidad de colaboración de empresas, sociedad civil, poderes públicos y organismos multilaterales.

Y ahí están las noticias que nos llegan en estos días sobre los planes del gobierno español tiene para crear un marco de referencia que impulse y consolide las políticas de RSE en el tejido productivo y en las organizaciones públicas. El primero de ellos es la <<Estrategia Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas>>, cuyo borrador ha elaborado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dicho proyecto nace con la misión de “contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, impulsando modelos de gestión responsables que velen tanto por la competitividad y el crecimiento de la economía como por el desarrollo de las personas y el respeto por el medio ambiente”.

El segundo texto en el que se trabaja procede precisamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, es el <<Plan de Empresas y Derechos Humanos>>, que se centra en las actividades de las empresas en el exterior, y con el que se pretende aplicar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre la cuestión: implica la obligación del Estado de proteger a las personas de potenciales abusos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y, finalmente, el deber de ambos de reparar las violaciones que se puedan producir. La medida central de dicho proyecto es la consistente en que todo proyecto empresarial que reciba una ayuda del Gobierno para salir al exterior tendrá que llevar aparejado un <<informe>> de que no va a afectar a los derechos humanos de las poblaciones en las que se va a desarrollar, lo que supone condicionar el apoyo del Ejecutivo al respeto a los derechos humanos.

Es cierto que respecto de la <<Estrategia Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas>> se ha dicho que le falta ambición porque su texto constituye un listado de medidas genéricas (fomento del empleo, inversión socialmente responsable, fomento de la RSE como impulsora de organizaciones más competitivas, etc.) y carece de un núcleo reducido de medidas concretas a lograr real y efectivamente en un plazo medio de tiempo (3 o 4 años).

Y del <<Plan de Empresas y Derechos Humanos>> se ha criticado el que no incluya medidas legislativas que doten al Plan de un carácter de obligatoriedad y por ello de sanciones para el caso de incumplimientos por parte de las empresas: varias ONGs han solicitado, por ejemplo, que el Plan establezca medidas jurídicas eficaces que permitan incluso que una víctima extranjera de un abuso cometido por una empresa española en el exterior tenga acceso a los sistemas españoles de reparación de daños.

Porque es ahí donde yo estimo que adolece el sistema de RSE: en la falta de <<obligatoriedad>> de las medidas que en él se contienen. Sin desmerecer sus logros, considero que en un tiempo como el actual, tras unos inicios basados en los “Códigos de buenas prácticas”, voluntarios y teniendo como mayor logro la aceptación del principio de “cumple o explica por qué no has cumplido”, lo razonable sería introducir ya medidas legales que obligatoriamente impusiesen a las empresas contenidos de RSE,  para consolidar las mismas e introducirlas así en el acervo de lo habitual. En un proceso similar a la implantación de las conocidas como “medidas de discriminación positiva” a favor de la mujer, hasta que llegase el momento en el que tales medidas quizás ya no hiciesen falta. En esa línea se expresaban varias de las propuestas del Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete <<empresas responsables>> (2012/C 277/17), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 13/09/2012, un documento que dice cosas muy interesantes al respecto de la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de incentivar su actuación en las mismas.

Para ser una auténtica realidad, la RSE en algunos de sus contendidos debería pues pasar de ser una acción social de naturaleza filantrópica a un auténtico <<deber jurídico>>. Ello implicaría que ya no se hablase de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial únicamente como de integración <<voluntaria>> por parte de las empresas de los aspectos sociales y medioambientales.

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Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE) de las empresas españolas transnacionales: ¿la cruda realidad?

Miércoles, 4 de diciembre de 2013

Benjamín Peñas Moyano

Durante los días 20 y 21 de noviembre asistí al Seminario de título “Alianzas público privadas para el desarrollo. Empresas privadas y cooperación al desarrollo”, organizado por la <<Cátedra de Finanzas Solidarias y Desarrollo Humano>> de la Universidad de Valladolid y por el <<Área de Cooperación al Desarrollo>> de la Universidad de Valladolid.

Entre otras cuestiones se trató el tema de <<la responsabilidad social empresarial en la práctica: situación actual y retos>, así como los <<impactos de las transnacionales españolas en Centroamérica y sus alternativas>>.

Todas las personas a la que escuché en las distintas exposiciones del seminario, con independencia de su procedencia y actividad, universitaria o en organizaciones que trabajan sobre el terreno en el que se realiza cooperación al desarrollo (fundamentalmente América Latina), desde diferentes perspectivas llegaron a la misma lapidaria conclusión: que la RSE resulta en realidad una pura operación de maquillaje de las empresas transnacionales que operan en los países en vías de desarrollo, para dar la impresión de que cumplen voluntariamente con diversos compromisos sociales, medioambientales y en relación a los derechos humanos.
Y utilizo esa expresión poco técnica, pero muy plástica (“pura operación de maquillaje”), por una razón de peso que lleva a esa conclusión: que esas grandes empresas transnacionales (de suministro energético, de suministro de agua, de telefonía, etc.), de facto no practican los postulados propios de la RSE que voluntariamente han instituido como modo de obrar; que realmente carecen de compromiso social, medioambiental y en relación a los derechos humanos; y, más bien al contrario, contradicen con sus actuaciones esos principios de RSE que, de ser llevados a la práctica, permitirían hablar de ciertas empresas como de “empresas socialmente responsables”, por integrar voluntariamente las preocupaciones sociales, medioambientales y en relación con los derechos humanos, en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los diferentes interlocutores.

El enorme peso y fuerza económicos de las empresas transnacionales, que permite que negocien en condiciones de superioridad material incluso frente a los mismos gobiernos, y el amparo de una Lex mercatoria, hace que les resulte muy fácil actuar de un modo en muchas ocasiones desconsiderado con los consumidores, con el medio ambiente, con los trabajadores, con los proveedores, con las instituciones públicas, y con el conjunto de la sociedad en la cual se han establecido.

Contaminan sin límite, esquilman los recursos naturales, pagan poco a sus trabajadores, a los que contratan con altas dosis de precariedad, no atienden las reclamaciones de los consumidores, o las entorpecen hasta extremos indignantes, no invierten en correspondencia a lo que obtienen del país en el que están establecidas, corrompen a empleados públicos y gobiernos, amenazan a los que se oponen a ellas y su actuación, y un sinfín de ejemplos de malas prácticas que justifican desde la más burda, pero efectiva, razón empresarial de que el beneficio de los accionistas es la finalidad única de la empresa (¿dónde está entonces la RSE de la que hacen gala y que tanto publicitan?).

Casos como el de Unión Fenosa en Nicaragua, pero otros muchos más, hicieron llegar a decir a alguno de los ponentes que “la mejor empresa transnacional es la que no existe”. Y eso fue dicho por  alguien que estudió durante semanas en el terreno,  la actividad y consecuencias de la concreta actuación empresarial (caso Unión Fenosa en Nicaragua); es decir, afirmado por alguien que estudió profundamente la cuestión: con datos, con testimonios, con pruebas, con información cierta y contrastable. Con su presencia.

Para alguien como yo, jurista que confía en el Derecho como modo de organizar la convivencia de las sociedades sobre la base del principio de justicia, y no como un mecanismo “de parte”, destinado a favorecer la posición del más fuerte, ejemplos como el mencionado constituyen un revés brutal en el propio bagaje de ideales y convicciones.

¿Quiere decir todo lo expuesto que la RSE de las grandes empresas, y particularmente aquellas que tienen actividad en países en desarrollo, carece de virtualidad positiva? ¿Qué la RSE constituye una práctica que persigue muy buenas intenciones pero que de facto resulta vacía, pues no es exigible legalmente? ¿Qué las empresas la utilizan como un puro aderezo para dar la (falsa) impresión de que se autolimitan en sus potenciales excesos? ¿Qué con la RSE persiguen simplemente aparecer con “manos blancas” frente a una sociedad cada vez más concienciada de que en el mercado hay que actuar de modo socialmente responsable, cuando en realidad siguen siendo esencialmente <<depredadoras>>?

Sin duda hay bastante de eso. Y los ejemplos que se ilustraron en el Seminario son pruebas irrefutables de la <<falta de conciencia>> de la gran empresa transnacional que opera en mercados en los que los controles sobre su actividad no son los propios de Estados de Derecho consolidados, en los que no existe una efectiva división de poderes y unos medios de comunicación relativamente independientes.

La necesidad de prosperar de la mayoría de la población en esos países, unida en muchos casos a la corrupción de sus autoridades políticas, hacen que se reciba con las manos abiertas a empresas transnacionales que, normalmente procedentes de países del llamado <<primer mundo>>, llegan avaladas por códigos de RSE que luego evitan cumplir. Con ello, esa pretendida riqueza que dichas empresas generarán se queda en nada, o incluso deviene en pobreza, si se examina lo que tales empresas toman y lo que dejan: recursos naturales agotados y contaminación del medio ambiente, así como prácticas laborales muchas veces indignas, amén de en ocasiones pleitos internacionales en los que los Estados de implantación de las empresas transnacionales resultan demandados por algún tipo de incumplimiento jurídico (siempre a juicio de la empresa).

No obstante, y a pesar de todo, considero que el proceso de implantación y consolidación de la RSE no tiene vuelta atrás. A pesar de vivir momentos de dura crisis económica, estimo que el proceso es imparable, y, con todos sus defectos y engaños, pienso que va a marcar el futuro de la evolución de las empresas transnacionales y su actuación en los mercados, pero también el futuro de las pymes. Pero eso será materia de un próximo post en este blog.

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