Artículos publicados en noviembre, 2013

Textos refundidos

Jueves, 21 de noviembre de 2013

María Jesús Peñas Moyano

En el Congreso de los Diputados, y entre las numerosos Proyectos de Ley que se están tramitando en la actualidad, como casi siempre, nos encontramos el texto con el siguiente título: “Proyecto de Ley por el que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española”. Su autor es lógicamente el Gobierno y su aprobación, también lógicamente, no corresponderá al pleno de las Cortes sino a la Comisión Constitucional.

La primera justificación que se da a esta iniciativa es que hay leyes que han sido modificadas en numerosas ocasiones y además son relevantes en un área de actividad específica, para añadir a continuación la necesidad de simplificar y revisar la tarea legislativa realizada, tarea siempre demandada y muy pocas veces conseguida. No hay más que echar un vistazo a la enorme cantidad de normas vigentes en nuestro país, aproximadamente unas 100.000, de las cuales casi 67.000 son de carácter autonómico. Una cantidad además que no para de crecer y que pone en entredicho la utilización correcta de la técnica legislativa, que trate de evitar confusiones, vacíos y lugares oscuros, fáciles de encontrar en esta maraña legislativa. Por tales motivos, siempre será bienvenida una depuración de las técnicas jurídicas utilizadas para la elaboración de normas jurídicas en todos los ámbitos, en particular, los que más pueden afectar a los ciudadanos, y que paralice de algún modo esta hemorragia legislativa para algunos y motorización, para otros. Precisamente por ello este Proyecto de Ley no es en absoluto desdeñable; queda, sin embargo, que se cumplan los objetivos que van a recoger sus página.

Y es que entre los textos refundidos que el Gobierno quiere asumir se encuentra nuevamente el de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de mercado de valores. Y digo nuevamente porque no es la primera vez que se establece en una norma legal el encargo de realizar una refundición en torno a esta norma tan compleja, que puede incluso afirmarse que al legislador se le ha ido de las manos. Ya en el año 2002, con ocasión de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reformas del sistema financiero se autorizó al Gobierno para que el plazo de un año elaborara además de éste, otro texto refundido de la Ley 26/1988, de disciplina e intervención de entidades de crédito, así como de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. Sólo este último se llevó a cabo, dando lugar al Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Era, desde luego, el más fácil de realizar. Las otras dos Leyes ha continuado como tales, modificadas en numerosas ocasiones, aunque nada se dice en este proyecto de ley sobre la Ley 26/1988.

Una vez aprobada la Ley el Gobierno dispondrá de un plazo de dieciocho meses desde su entrada en vigor, y tal vez podamos contar ya con la tan ansiada clarificación de la Ley del mercado de valores integrando las diversas normas dispersas que afectan a esta materia. Pero lo que nos gustaría reclamar desde aquí es un especial cuidado para cumplir con este encargo, siempre desde los límites que supone la elaboración de una texto de estas características (artículo 82 de nuestra Constitución) de modo que el resultado mejore sustancialmente la regulación actual, sin limitarla a una mera reordenación de artículos, eliminando huecos y numeraciones duplicadas. Tal vez en el Proyecto se debería haber insistido no sólo en la necesidad de crear un texto único, sino también regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, porque de lo contrario el resultado no puede ser el esperado.

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Las cláusulas abusivas de algunas compañías aéreas en las relaciones con los pasajeros: una situación de desamparo

Miércoles, 6 de noviembre de 2013

Benjamín Peñas Moyano

En los últimos días la prensa escrita se ha hecho eco de algunas resoluciones judiciales dictadas en contra de algunas compañías aéreas. Concretamente, la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 28 de octubre, ha declarado nulas cinco cláusulas de la compañía Vueling por considerarlas “abusivas”, cláusulas que se suman a otras tres que ya fueron declaradas nulas en primera instancia;  la aerolínea citada deberá pues cesar en su empleo y difusión como condiciones generales en la contratación de billetes.

Y también el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado nulas, igualmente por considerarlas “abusivas” y vulneradoras de los derechos de los consumidores, ocho cláusulas de sus condiciones generales, por lo que de idéntico modo deberá retirarlas y eliminarlas de sus contratos.

Estas sentencias se enmarcan en una serie de impugnaciones que ante los Tribunales de Justicia ha presentado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre decenas de cláusulas de los contratos de Ryanair, Vueling, Iberia, Air Europa y Spanair, por estimarlas “abusivas” y perjudicar por ello a los viajeros.

Es verdad que contra la sentencia dictada contra Vueling todavía cabe interponer recurso de casación, cosa que parece que hará, según han declarado fuentes de la compañía, sobre todo si pensamos que la sentencia de la Audiencia estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Vueling. En caso de la sentencia contra Ryanair cabe recurso de apelación, y aunque en este supuesto no tenemos datos de la empresa sobre si lo hará o no, la OCU ha manifestado que no confía en que Ryanair vaya a tomar medidas al respecto “a favor de los usuarios”, algo que resulta coherente con la penosa tradición de esa empresa en relación a los clientes, constituyendo una de las aerolíneas que provoca mayor número de reclamaciones por el trato dispensado a los pasajeros tanto en la contratación de los billetes como en las fórmulas de facturación y embarque.

La sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona contra Vueling ha declarado nulas las siguientes cláusulas:

-la cláusula en la que Vueling se reserva, sin mayor concreción, el derecho a rechazar el equipaje por no ser adecuado para ser transportado

-aquella en la que el personal de la compañía puede inspeccionar manualmente el equipaje del pasajero sin la presencia de un agente de la autoridad (ésta por considerarla “una invasión de la intimidad del usuario”)

-la cláusula que rechaza el transporte en la aeronave a más de seis niños de entre cinco y ocho años

-la cláusula que exonera de responsabilidad al transportista por abolladuras, rasguños, asas y ruedas rotas del equipaje

-también declara nula la mención a las huelgas como circunstancia “extraordinaria”, entendiendo el Tribunal que aunque no puede descartarse que una huelga se presente como un suceso “excepcional, imprevisible o inevitable”, dependerán de cada momento las medidas adoptadas por la aerolínea para evitarla o para prevenir al pasajero con la antelación necesaria; de este modo, la compañía tendrá que responder ante el pasajero en caso de cancelación de vuelo aunque dicha anulación se deba a problemas técnicos que afecten a la aeronave, huelgas y otros problemas relacionados con suministros de proveedores o subcontratistas, que forman parte del ejercicio normal de la actividad del transportista (ésta cláusula resulta pues nula por limitar o excluir de forma inadecuada derechos legales del consumidor por incumplimientos totales o parciales de empresario)

Junto a estas cláusulas, ya fueron declaradas nulas en primera instancia las siguientes cláusulas de Vueling:

-la que posibilita aumentar el precio del billete si las tasas aumentan después de hacer la reserva y antes de volar

-la que permite el cambio de fechas para volar en caso de intervención quirúrgica o defunción de familiar, pero no la resolución del contrato

-y la exoneración de responsabilidad de Vueling en caso de posibles perjuicios que el pasajero pudiera sufrir si el vuelo se cancela o llega a su destino con retraso.

Estando nosotros completamente de acuerdo con la declaración de nulidad de las cláusulas referidas de Vueling, las que en relación a Ryanair han sido declaradas nulas por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid sin duda destacan por su incuestionable nulidad. Son tan burdas y groseras, tan radicalmente irrespetuosas con los principios de justicia, de equivalencia en las prestaciones, de corrección y buena fe, que constituyen la prueba irrefutable (una más) del modo habitual de hacer y comportarse de Ryanair con sus clientes.

Dicho Juzgado de lo Mercantil ha considerado abusivas las siguientes cláusulas de Ryanair:

-se declara nula la exigencia de documentación conforme a los reglamentos internos de la empresa, que había generado graves perjuicios a muchos viajeros con niños pequeños, a los que se ha denegado el embarque en la misma puerta por carecer de DNI

-también se declara nula la cláusula que impone el cobro de 40 euros por la impresión de la tarjeta de embarque a quienes olvidaban hacerlo previamente (se ha entendido que se trata de una penalización desproporcionada que en ocasiones superaba en cuantía el importe del billete

-también ha sido declarada nula la cláusula que establece la negativa a aceptar pagos en metálico en los aeropuertos, exigiendo el pago con tarjeta de crédito

-nula es también la cláusula que permitía libremente a la empresa negarse a transportar a un pasajero o su equipaje si se lo ha comunicado previamente

-la que prohibía transportar en el equipaje objetos como dinero, llaves, ordenadores, medicamentos, gafas, lentes de contacto, relojes, teléfonos móviles, pasaportes y otros documentos

-la que permitía cobrar un importe indeterminado en concepto de almacenamiento si el viajero no recogía el equipaje tan pronto como llegara a su destino

-en materia de horarios, la cláusula que facultaba a la compañía para su modificación unilateral

-y se declara nula la cláusula que establece el sometimiento de cualquier incidencia relacionada con Ryanair a las leyes y tribunales irlandeses. ¡¡¡Resulta absolutamente alucinante el que aún pervivan cláusulas de este tenor en los contratos con condiciones generales!!! De este modo, Ryanair no podrá exigir a los clientes que presenten demandas judiciales en Irlanda, como hacía hasta ahora. De hecho, no hace mucho tiempo (el 15 de mayo de 2103) en la prensa escrita aparecía la siguiente noticia: “Fomento remite a un pasajero a Irlanda para reclamar contra Ryanair”. En dicho artículo periodístico se hacía referencia al caso de un pasajero (un trabajador vallisoletano) de un vuelo de Ryanair que llegó a su destino final con más de diez horas de retraso en febrero de 2012. Tras un auténtico peregrinaje de su reclamación (pues tras un primer intento en la ventanilla de la compañía ésta le respondió que sólo eran una empresa intermediaria que vendía los billetes para Ryanair, tras lo cual la reclamación pasó por Consumo en Valladolid, luego en Madrid, más tarde pasó a Consumo Europeo), al final acabó en Aviación Civil (en concreto ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea –Aesa- del Ministerio de Fomento). El expediente de Aesa se abrió el 29 de junio de 2012, y un año después su informe oficial dio la razón a la reclamación efectuada por el pasajero. La Agencia reconoció literalmente que Ryanair “debe abonarle una compensación de 400 euros al acumular más de tres horas de retraso en un vuelo de más de 1.500 kilómetros”, puesto que la compañía no acreditó que los motivos que causaron dicho retraso (en concreto una avería en la aeronave) fueran extraordinarios. Pero, increíblemente, tras declarar lo expuesto Aesa decía después que “la acción para solicitar la indemnización debe suscitarse ante los Tribunales del Estado en el que tenga su domicilio el transportista”, o sea, en Irlanda, ya que Aesa “carece de competencia alguna en el contrato privado de transporte”. Evidentemente, la víctima de esos injustos hechos manifestaba así su perplejidad y desánimo: “Resulta que Aesa me da la razón en todo, pero luego dice que no tiene competencias para obligar a la empresa a pagar y que si quiero cobrar debo acudir a los tribunales de Irlanda al tener allí su sede Ryanair”, por lo que el pasajero reclamante daba por perdida la indemnización al entender que “costaría más dinero denunciar los hechos en Dublín que los 400 euros”.

¡¡¡Impresionante, sin duda, todo lo expuesto!!! Parecería pues que no existiese normativa referente a la protección de los pasajeros aéreos en determinadas circunstancias (Reglamento (CE) núm. 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia  a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos), ni sobre condiciones generales de la contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación), ni sobre cláusulas abusivas con los consumidores (artículos 82 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias).

No resulta pues extraño que la OCU, tras esta sentencia contra Ryanair, haya manifestado que no confía en que dicha aerolínea vaya a tomar medidas al respecto en favor de los usuarios, por lo que pide a las autoridades que, a la vista de dicha resolución judicial (que por cierto Ryanair ha de publicar en un periódico de entre los tres de mayor tirada nacional), controlen y sancionen las malas prácticas de esta aerolínea a la mayor brevedad, lamentándose de que hasta la fecha las autoridades de consumo se hayan mostrado “impasibles ante los incumplimientos reiterados” de dicha compañía aérea.

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