Artículos publicados en septiembre, 2013

Sobre los consumidores “vulnerables”

Miércoles, 25 de septiembre de 2013

Benjamín Peñas Moyano

El artículo 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que “al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión Europea se tendrán en cuenta las exigencias de protección de los consumidores”. El fomento de los derechos de los consumidores y su protección constituyen pues valores fundamentales para el desarrollo de las políticas relevantes de la Unión Europea.
El mercado único debe velar entonces por un elevado nivel de protección de todos los consumidores, pero prestando una atención especial a un tipo de consumidor, el consumidor vulnerable, con el fin de tomar en consideración sus necesidades específicas y reforzar sus capacidades.
El concepto de “consumidor vulnerable” se basa en la noción de vulnerabilidad endógena y hace referencia a un grupo heterogéneo compuesto por aquellas personas consideradas de forma permanente como tales por razón de su discapacidad mental, física o psicológica, su edad, su credulidad o su género.
Ese concepto ha de incluir además a los consumidores en situación de vulnerabilidad, es decir, los consumidores que se encuentren en un estado de impotencia temporal derivada, por un lado, de una brecha entre su estado y sus circunstancias individuales y, por otro, su entorno externo, teniendo en cuenta criterios tales como la educación, la situación social y financiera (por ejemplo, el endeudamiento excesivo), el acceso a internet, etc.
No hay que dejar de considerar, precisamente por lo que se acaba de apuntar, que todos los consumidores en algún momento de su vida pueden pasar a ser vulnerables debido a factores externos y a sus interacciones con el mercado, o porque experimenten dificultades para acceder a información adecuada dirigida a los consumidores y entenderla.
Pues bien, en relación a los “consumidores vulnerables” se ha publicado recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea (en concreto el 13 de septiembre de 2013, C 264 E/11), la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2012, sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables (2011/2272 (INI)).
En dicha Resolución se reconoce que puesto que la Unión Europea debe centrarse en proteger de manera efectiva los derechos de “todos” los consumidores, el concepto de “consumidor medio”, entendido (siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) como el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no es lo suficientemente flexible para adaptarlo a casos específicos y, en ocasiones, no se corresponde con las situaciones de la vida real.
Por ello, en dicho texto el Parlamento europeo, reclama un conjunto de actuaciones en orden a mejorar la protección de los “consumidores vulnerables”.
Así, el Parlamento europeo pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen más adecuadamente que, al desarrollar los estándares de seguridad y las condiciones de funcionamiento de determinados productos se acentúen las exigencias de calidad y las medidas de protección, y que se contemple de forma efectiva la necesidad de garantizar una protección adecuada de los “consumidores vulnerables”; pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten a las empresas a instaurar un sistema de etiquetado voluntario en Braille en los envases de productos industriales con el fin de facilitar la vida de los consumidores con discapacidad visual; pide que tanto la Comisión como los Estados miembros promuevan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal, o sea, que todos puedan utilizar, en la medida de lo posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especial; destaca que ante la complejidad de los mercados financieros, complejidad que implica que en potencia cualquier consumidor puede llegar a ser “vulnerable” (pensemos en los minoristas que adquirieron participaciones preferentes y deuda subordinada), el sector de los servicios financieros debe redoblar los esfuerzos para proporcionar explicaciones claras y sencillas sobre la naturaleza de los productos y servicios que ofrece, y pide que se elaboren programas de alfabetización financiera; en relación a los niños y jóvenes, quienes sufren cada vez más las consecuencias del sedentarismo y la obesidad, entre otras cosas pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio detallado para determinar si son necesarias normas más estrictas que regulen la publicidad dirigida a los mismos; pide a la Comisión que, en el marco de la revisión prevista de la legislación de la Unión Europea sobre derechos de los viajeros, tenga en cuenta la situación de los “consumidores vulnerables”, especialmente las personas con movilidad reducida y discapacidad, y adapte los niveles, criterios  mecanismos de compensación, etc., etc.
En definitiva, en la Resolución del Parlamento de la que hemos tratado se afrontan aspectos muy importantes en relación a la protección de los “consumidores vulnerables”, lo que pone de manifiesto una profunda sensibilidad por parte de las instituciones comunitarias hacia los grupos de personas más débiles.
Ello debería hacernos reflexionar al respecto del mundo europeo en el que vivimos, en el que tantos logros en la mejora de las condiciones de vida se han conseguido y que hemos mostrado al resto del mundo, pero también debería hacer surgir en nosotros el compromiso de exigir que esas preocupaciones no se queden en el mundo de las ideas, sino que se lleven a la práctica, exigiéndose su realización.

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Más supervisión y más sombras

Miércoles, 18 de septiembre de 2013

María Jesús Peñas Moyano

En los últimos días la prensa económica se está haciendo eco de dos temas que si bien pudieran parecer distantes consideramos, sin embargo, que pueden llegar a tener mucho en común. Se trata por un lado de las noticias que llegan del fenómeno denominado banca en la sombra o shadow banking –al que ya hicimos referencia en nuestro blog en el verano de 2012 (4 de julio de 2012)- y junto a ellas, el hecho de la aprobación el pasado jueves 12 de la ¿esperada? supervisión bancaria única para el BCE. Ya se advertía en nuestro comentario que la banca en la sombra podía ser un peligro y una amenaza para la estabilidad financiera, por su forma de actuar, pero sobre todo porque no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años. Pues bien, parece que ese crecimiento ha sido todavía más notable –ya estaríamos en los 60 billones de dólares- si atendemos a lo que nos dice la prensa económica, y se habla ya de que puede ser la semilla de la que brote la próxima crisis económica, parece cierto, en todo caso, que el sistema no es en absoluto seguro, aunque se señale que las entidades que trabajan en él no son todavía lo suficientemente grandes para representar una amenaza. Y llama la atención que se esté produciendo este fenómeno en la sombra, que vaya creciendo año a año, que se hable de él y que incluso se sepa que puede producir problemas, cuando está debatiendo estos días en el Parlamento Europeo la asunción de mayores competencias por parte del BCE.

Efectivamente, el pleno de la Eurocámara aprobó el pasado jueves las normas que convierten al BCE en el supervisor bancario único de la zona euro, como primer paso hacia la consecución de la unión bancaria y la ruptura del círculo vicioso existente entre bancos y Estados. Está previsto que asuma estas nuevas funciones de supervisión directa a partir de octubre de 2014 para aquellos bancos cuyos activos superen los 30.000 millones de euros o el 20 por ciento del PIB del país en el que estén establecidos, o aquellos que hayan recibido fondos del MEDE. Se calcula que se tratará de unas 130 entidades de las 6.000 entidades que funcionan en la Eurozona, y que significará también que aproximadamente el 95% de la banca española quedará bajo este control. Este control único queda ahora pendiente de aprobación por el Consejo de la Unión Europea para que efectivamente siga el proceso de unificación concebido, en el que ahora pueden influir los planteamientos políticos.

Sea como fuere llaman la atención los dos fenómenos reflejados en un contexto en el que, por un lado, se reclama un mayor control y supervisión para las entidades de crédito y, por otro, un sector de entidades que realizan actividades paralelas cada vez con mayor frecuencia y representando un mayor volumen económico, queden sin la correspondiente supervisión. Los reguladores son conscientes de que tienen que acometer el control del sistema bancario en la sombra como parte de la reforma global del sistema financiero, pero lo único que parece que se hace hasta ahora es observar el fenómeno, como si se pretendiera que se arreglara por sí mismo, sin actuar. Como el fontanero que está arreglando una fuga de agua, mientras observa cómo se está abriendo otra…

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La “nueva” comunicación de la CNC sobre el “Programa de Clemencia”

Miércoles, 11 de septiembre de 2013

Benjamín Peñas Moyano

La Ley 15/2007, de 3 de julio de 2007, de Defensa de la Competencia (LDC), introdujo modificaciones muy importantes en relación al contenido de la anterior Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Entre otras varias, en materia de sanciones una novedad importante de la LDC de 2007 consistió en la incorporación de la que es conocida como política de “clemencia”,  inspirada en la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en el caso de cártel (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 298/17, de 8 de diciembre de 2006). En la nueva LDC esa política de “clemencia”  se plasmó en la regulación de los artículos 65 y 66, respectivamente intitulados “Exención del pago de la multa” (artículo 65) y “Reducción del pago de la multa” (artículo 66). Esos artículos 65 y 66 de la LDC 2007 han sido desarrollados en los artículos 46 a 53 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.

El objetivo de dicha normativa española sobre “clemencia”, dados los buenos resultados obtenidos previamente en el mercado de la Comunidad Europea, es incitar a los participantes en un cártel a denunciarlo ante las autoridades competentes. Según lo establecido en la Disposición adicional 4ª.2 de la LDC 2007, “a efectos de lo dispuesto en esta Ley (LDC) se entiende por cártel todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones”.

Dicha  política de “clemencia” consiste en impulsar a quienes participan en un cártel a denunciarlo ante las autoridades competentes, mediante la aportación de pruebas y colaborando con dichas autoridades para que pueda demostrarse y sancionarse la existencia de un cártel, y a tal efecto se eximen del pago de multas o se reducen las mismas dependiendo del grado de colaboración del empresario denunciante, pues no es lo mismo si el denunciante es el primero que lo hace (supuesto de posible exención del pago de la multa) o si se trata de una colaboración posterior a una denuncia anterior de otro empresario (supuesto de posible reducción del pago de la multa), pero en ambos casos con aportación de pruebas o informes valiosos para la investigación de las conductas sancionables.

En última instancia el “programa de clemencia” pretende pues disuadir de la comisión de este tipo de prácticas. Y no hay además que olvidar que la concesión de los beneficios de la clemencia se justifica precisamente por la dificultad inherente en detectar y poner fin a conductas anticompetitivas muy graves que, por llevarse a cabo con ocultación y disimulo, resultan mucho más difíciles de perseguir e investigar en todo su alcance y magnitud sin la colaboración de las empresas o personas físicas involucradas en dicha infracción y, por tanto, conocedoras de los pormenores del cártel y capaces de aportar pruebas de éste.

Pues bien, el 16 de agosto de 2013 se ha publicado en el BOE la Comunicación de 19 de junio de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre el Programa de Clemencia, una comunicación que como dice su propio texto toma en cuenta la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del programa de clemencia en España. Dicha Comunicación se aplicará a las solicitudes de clemencia de empresas y personas físicas responsables de infracciones no prescritas del artículo 1 de la LDC 2007 y, en su caso, del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En este texto simplemente pretendemos dar cuenta de esa publicación, para seguidamente manifestar que es de esperar que esta nueva Comunicación, a través de sus explicaciones, especificaciones y aclaraciones, redunde en una lucha más contundente contra esas conductas anticompetitivas, tan gravosas y dañinas para el mercado afectado.

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El superregulador español

Lunes, 2 de septiembre de 2013

 María Jesús Peñas Moyano

El último día de agosto se ha publicado en el BOE el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (que se conocerá como CNMC), como desarrollo necesario de la Ley 3/2013, de 4 de junio, que creaba este organismo, para que realmente pueda empezar a echar a andar, fijándose octubre como época definitiva. El camino recorrido, no exento de importantes obstáculos como las advertencias enunciadas por la Comisión Europea sobre los contratos vigentes de miembros de las Comisiones, parece que llega a su fin y la ansiada unificación de organismos supervisores, ocho en uno, se produce, pasando a regirse por lo dispuesto en esta norma, mientras que el reglamento de funcionamiento interno de la Comisión se adoptará más adelante por su Consejo, como órgano supremo.

Se dice que este organismo único tiene como función reforzar la eficiencia y seguridad jurídica en las decisiones de determinados mercados, dando lugar además, según informa el Gobierno, a un importante ahorro de costes económicos (en concreto, se cifran en 28 millones de euros) y a una reducción de cargos directivos entre un 35 y un 40%. Se destaca desde todos los ámbito su independencia, aunque lo cierto es que estará adscrito al Ministerio de Economía, y su sede estará en Madrid, con una concesión a Cataluña, pues allí se mantiene la sede de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ahora como Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.

La estructura de este macroorganismo va a quedar del siguiente modo: a la cabeza, un Consejo formado por diez miembros, presidente, vicepresidente y ocho consejeros, que ya han sido designados, que podrá actuar en pleno o en comisiones, en concreto, en dos salas que se denominarán sala de competencia y sala de supervisión regulatoria. Sus miembros irán rotando según la periodicidad que se determine. La primera estará presidida por la cabeza del Consejo, que no rotará,  y cuatro consejeros, mientras que la presidencia de la segunda será ocupada por el número dos, que tampoco rotará, y por cuatro consejeros más. Ambas conocerán todos los asuntos y reglamentariamente se determinarán las materias que les corresponderá tratar,  siendo imprescindible mantener siempre a la otra sala informada. Por otra parte, la Comisión también estará formada por  cuatro directores de instrucción nombrados por el Pleno.

Por su parte, los órganos de dirección de la CNMC serán sus cuatro direcciones de instrucción: Competencia, Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, Energía y Transporte y Sector Postal.  La dirección de Competencia contará con una subdirección de Industria y Energía, de Sociedad de la Información, de Servicio, de Cárteles y Clemencia y una de Vigilancia. La dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual vendrá acompañada de una subdirección de Regulación de Comunicaciones Electrónicas, otra de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas, una subdirección técnica de Comunicaciones Electrónicas y una subdirección Audiovisual. Energía tendrá una subdirección de Energía Eléctrica, otra de Gas Natural, una tercera de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados y otra de Mercados Derivados de la Energía.

Y, finalmente, la dirección del Transporte y el Sector Postal estará dividida en una subdirección de Tarifas Aeroportuarias, otra dedicada al Sector Ferroviario, una tercera sección para Sector Postal y una última de Análisis de Mercados.

Ahora que la estructura ya está montada, queda esperar a que este proyecto en el que el Gobierno afirma lleva trabajando tanto tiempo, comience a funcionar y lo haga de la forma en la que se anuncia: con eficacia y seguridad jurídica, y por lo que al contribuyente interesa, que el ahorro de costes sea una realidad.

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