Artículos publicados en julio, 2013

¿En qué punto se encuentra el tema de las preferentes?

Miércoles, 24 de julio de 2013

Benjamín Peñas Moyano

Durante este último mes de julio me he preocupado de recoger las informaciones que se van publicando en la prensa al respecto del estado de la cuestión de las preferentes, a las que ya hemos dedicado varios posts, dados los nefastos resultados que han traído consigo para los consumidores de productos financieros que los adquirieron, para las entidades crediticias que las comercializaron de modo indebido y para la confianza en el sistema financiero y la economía en su conjunto. El que recientemente Novagalicia, Catalunya Banc y Bankia hayan sido calificados por la agencia Moody´s con la categoría de bono basura se entiende perfectamente y no nos extraña lo más mínimo.

En este tiempo la mayoría de las noticias en relación a las preferentes han tenido que ver con el desarrollo del proceso de arbitraje dispuesto para tratar de restaurar los ahorros a miles de clientes a los que se colocó la deuda híbrida de forma indebida, evitándoles así las quitas impuestas por Bruselas para que soportasen parte del rescate bancario.  La vía del arbitraje ha sido calificada de “muy recomendable” para los preferentistas por los directivos de las entidades bancarias intervenidas, ya que es gratuita y abarca todos los híbridos, hayan sido canjeados o no, al tiempo que deja abierta la opción de recurrir a la vía judicial en caso de obtener un informe negativo por el experto independiente (en el caso de que el cliente no cumpla con los requisitos establecidos por la Comisión de Seguimiento creada para supervisar el proceso) y declinar continuar con el proceso. No obstante, no han faltado críticas verdaderamente aceradas desde las organizaciones y asociaciones protectoras de los derechos de los consumidores y usuarios al modo de disponer el proceso de arbitraje, del que Novagalicia fue pionero.

Siempre según la prensa especializada, en relación a Novagalicia a mediados del mes corriente la mitad de los más de setenta y cinco mil clientes que adquirieron híbridos habrían recuperado sus ahorros gracias al proceso de arbitraje. De la mitad restante muchos están pendientes todavía de que se celebre la vista ante la corte arbitral.

En cuanto a Bankia, que dispuso un plazo desde el pasado 18 de abril hasta el 30 de junio para que los afectados pidiesen el arbitraje de preferentes, plazo que después amplió hasta el 15 de julio (dado el importante ritmo de llegada de solicitudes registrado), son más de doscientas mil las solicitudes de arbitraje de clientes minoristas titulares de instrumentos híbridos. A día 8 de julio unos mil clientes de Bankia habían recuperado su dinero invertido en preferentes y/o deuda subordinada tras pasar por el proceso de arbitraje; el resto estaría en fase de tramitación en las oficinas, o siendo ya analizados sus concretos casos por el experto independiente (KPMG), y a día del 15 de julio más de cinco mil expedientes ya estarían en la Junta Arbitral  Nacional de Consumo. Según las estimaciones del presidente de Bankia, el señor Goirigolzarri, se prevé que en septiembre el experto independiente haya informado de todas las solicitudes de arbitraje y que para el último trimestre del año la Junta Arbitral Nacional de Consumo haya resuelto la práctica totalidad de los arbitrajes presentados.

De hecho, el pasado 19 de julio salía publicada la noticia de que el Instituto Nacional de Consumo, al que está adscrita la Junta Arbitral Nacional de Consumo, habría dictado, desde que a principios de junio se iniciara el procedimiento especial de arbitraje de conflictos generados por la comercialización inadecuada de preferentes, unos dos mil laudos, todos ellos estimatorios, y habría iniciado además otros dos mil quinientos expedientes. Incluso, para impulsar esa labor el Instituto Nacional de Consumo ha firmado en estos días un convenio con la Abogacía del Estado para que se incorporen como nuevos árbitros veintitrés abogados del Estado, que se sumarían a la decena de árbitros que hasta ahora habrían realizado esa labor, lo que permitirá agilizar enormemente el proceso. Algo verdaderamente loable, sin duda, y que habla muy bien de la tarea y reto asumidos por el Instituto Nacional de Consumo.

Pero no nos olvidemos de los Jueces y Tribunales. En estas últimas semanas no han dejado tampoco de dictarse sentencias en las que la entidad financiera comercializadora de los productos tóxicos ha sido condenada a devolver el dinero de la inversión en participaciones preferentes (o en ciertos bonos considerados también productos tóxicos y que se asemejan a las preferentes), dado que “la información recibida por la demandante acerca de un producto como el contratado no fue todo lo completa que una labor de asesoramiento exige”, motivo por el cual “no existió un auténtico consentimiento en la contratación llevada a cabo”, o dado que “es precisamente esa falta de información precisa, correcta, adecuada y necesaria por parte de la entidad bancaria, sobre las características del contrato objeto de autos, lo que supone la existencia de un error excusable para el actos sobre las cuestiones esenciales del negocio contratado y con aptitud suficiente para invalidar su consentimiento”.

Ante los Jueces y Tribunales se están tramitando incluso procesos penales, pues el día 19 de julio la prensa publicaba que el director de una oficina bancaria radicada en Ciudad Rodrigo había declarado ante el Juez de Primera Instancia en calidad de imputado, por un supuesto delito de estafa en la venta de participaciones preferentes a un cliente de la entidad, un proceso que se sostiene (siempre según el abogado de la parte denunciante) en que “para cumplir los objetivos marcados por la entidad, se comercializan productos a sabiendas de que no eran idóneos”.

Vemos, pues, que en este gran escándalo, tan gravoso económica y emocionalmente para los consumidores que se vieron engañados, se sigue intentando reparar en la medida de lo posible el daño sufrido.

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Más protección para los turistas

Martes, 16 de julio de 2013

María Jesús Peñas Moyano

España es un país turístico por excelencia y como sector económico afortunadamente tiene una enorme pujanza. Por ello resultan bienvenidas las iniciativas de la Comisión Europea para mejorar los derechos de los consumidores en beneficio de 120 millones de turistas. Y es que el pasado 9 de julio la Comisión propuso una reforma de la Directiva sobre viajes combinados para ponerla al día con las novedades en el mercado de los viajes, en el que los ciudadanos asumen cada vez un papel más activo en su diseño y preparación, en particular, a través de los recursos que facilita internet. Con la Directiva 90/314/CEE actual, resulta difícil solucionar los problemas que el uso de internet genera provocando que estos consumidores no estén seguros de sus derechos ni tampoco los operadores de las obligaciones que les corresponden. De este modo, la reforma de la norma de 1990 se va a centrar en adaptarla a la era digital consiguiendo de este modo que los 120 millones de consumidores adicionales que adquieren estos viajes personalizados también vayan a quedar protegidos con la futura Directiva.

Se trata de ampliar a esta forma de viajar por parte de personas que organizan sus vacaciones utilizando internet, la protección que ofrece la Directiva de viajes combinados, en particular, los requisitos de información y responsabilidad de los operadores turísticos, que han de garantizar unos niveles de calidad como de protección, en particular, en el caso de concurso del operador turístico. En este último supuesto, la propuesta de reforma incluye el derecho a exigir la devolución de su dinero y el derecho a ser repatriados, en caso necesario. También debe ofrecerse más información sobre quién es el responsable de la ejecución de cada servicio, esto es, los consumidores deberán estar informados de un modo claro y comprensible de quien asume la responsabilidad por una mala práctica o gestión.

Además la propuesta supone para los viajes combinados tradicionales, y también para los personalizados, controles más estrictos en los recargos de los precios, estableciéndose un límite de un 10% sobre los aumentos de precios, así como la obligación de repercutir las reducciones de precios en circunstancias equivalentes. Igualmente se establece una mejora de los derechos de cancelación que se traduce en una mayor flexibilidad para rescindir el contrato antes de iniciar el viaje y pagar al operador una indemnización que sea razonable. Con la posibilidad también de que la cancelación antes de la salida sea gratuita en determinados supuestos como en caso de una catástrofe natural, conflicto civil o situaciones similares de especial gravedad en el destino que desaconsejen realizar el viaje previsto a determinados lugares. La propuesta contempla además otras dos ventajas para los consumidores: reducciones de precios para el caso de que no se haya prestado correctamente el servicio solicitado, incluso la posibilidad de exigir una indemnización para el supuesto de daños no materiales, como puede ser unas vacaciones arruinadas. También se establece la posibilidad de un único punto de contacto para canalizar las quejas y reclamaciones directamente al minorista al que hayan comprado las vacaciones.

Las ventajas que la nueva regulación pretende ofrecer a las empresas pasa por eliminar la burocracia y los costes de cumplimiento de esta normativa. Además de crear condiciones más competitivas, se suprimirán requisitos que han quedado obsoletos, como la reedición de folletos con el importante coste económico que ello supone. Del mismo modo, se excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva los viajes organizados con lo que se generaría también un ahorro para las empresas turísticas.

En definitiva, todo lo que sea una mayor protección al consumidor en el sector turístico, sea bienvenida pues ello contribuirá a la prestación de un servicio de mayor calidad, también en España.

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¿Llegará la educación financiera a las clases de colegios e institutos?

Viernes, 5 de julio de 2013

Benjamín Peñas Moyano

Hace ya algunos días me encontré en un conocido diario económico con la noticia de que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España estaban trabajando juntos con el objetivo de introducir de modo sistemático la educación financiera en el sistema educativo.

Ni que decir tiene que espectáculos deplorables como la forma de comercialización, fundamentalmente por parte de las entidades financieras, de las participaciones preferentes o de deuda subordinada, con los nefastos resultados que todos conocemos y que no es necesario reproducir aquí, pues están todavía (y lo estarán por algún tiempo) vigentes, o los de los productos conocidos como swaps o clips, o el tema de Forúm y Afinsa, justifican de modo rotundo una medida como la apuntada, para tratar de evitar que vuelvan a repetirse en un futuro.

De hecho, el Informe Pisa, que como sabemos evalúa el nivel educativo de los escolares de sesenta y cuatro países en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, incluirá por primera vez este año un apartado sobre conocimientos financieros, y es que aunque otros muchos países no hayan sufrido situaciones tan bochornosas como las apuntadas, es obvio que la generalizada crisis económica justifica plenamente una iniciativa del género.

En ese artículo periodístico al que más arriba me refería, se mencionaba el conocido como Plan de Educación Financiera, Plan con el que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el Banco de España asumieron, dentro de la estrategia global del Gobierno para la educación financiera, las recomendaciones y principios de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de contribuir a la mejora de la cultura financiera de sus ciudadanos, dotándoles de herramientas, habilidades y conocimientos para adoptar sus decisiones financieras informadas y apropiadas, en la creencia, sin duda cierta, de que la mejora de la cultura financiera de la población contribuye a fomentar tanto la estabilidad y confianza en el sistema financiero como el crecimiento económico. Un Plan que habría nacido en 2008, y cuyo primer periodo quinquenal, que duró hasta el 2012, ya se ha visto renovado por un segundo quinquenio, hasta el 2017.

Es un Plan que cuenta con una dotación económica de dos millones de euros anuales, y que está dirigido a la generalidad de la población, pues este año, además de la educación financiera en centros escolares, el Plan prestará también especial atención a concienciar a la población de la necesidad de ahorrar para la jubilación y al fomento de la cultura aseguradora, para ayudar a gestionar adecuadamente ciertos riesgos que pueden acaecer en la vida de las personas. En lo que hace referencia al sistema educativo, miembros del área de formación del inversor de la CNMV  han informado de que este curso académico más de cuatrocientos centros escolares han impartido educación financiera, por lo que se estima que alrededor de veinte mil alumnos han recibido formación financiera.

En fin, ni que decir tiene que iniciativas como la que estamos comentando nos parecen “im-por-tan-tí-si-mas”, por no decir esenciales. Sabemos de la gran cantidad de disgustos, e incluso dramas, que la comercialización de ciertos productos financieros ha generado en cientos de miles de inversores minoristas; de ello se ha derivado una profunda animadversión (ciertamente fundada) de la ciudadanía hacía las entidades financieras, un eslabón fundamental en la cadena económica que tiene que funcionar bien, inspirando confianza, si queremos que el sistema económico fluya adecuadamente. Por ello, estamos completamente de acuerdo con la idea de que a los centros escolares llegue la educación financiera, a la que por cierto estimamos también debería acompañar una formación en nociones introductorias de Derecho jurídico-privado.

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