Artículos publicados en junio, 2013

Buscando financiación para las PYMEs: el MARF

Miércoles, 19 de junio de 2013

María Jesús Peñas Moyano

El MARF o Mercado Alternativo de Renta Fija es otro de los recursos incluidos en la Ley de Emprendedores aprobada recientemente en Consejo de Ministros, y que todavía no se ha concretado de forma definitiva. Se sitúa en una línea de fomento a la financiación, de modo que además del fomento de las inversiones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se impulsa el desarrollo de mercados alternativos especializados en deuda de empresa y en este contexto encontramos al MARF. El objetivo de este mercado será que las empresas más pequeñas tengan una vía de financiación alternativa que no sea bancaria, y conseguir reducir así el importante porcentaje de financiación (en torno al 70%) a través de bancos, con el aumento correspondiente de la financiación a través de los mercados de capitales.

Este mercado alternativo de renta fija privada permitiría a las PYMEs financiarse mediante la emisión de bonos por una cuantía mucho más reducida que en los mercados tradicionales y sobre todo a unos costes inferiores. El emisor tendrá que pagar unos costes iniciales aproximados del 2-3% por registro (la empresa deberá contratar la figura de un asesor registrado), ráting (ha de solicitarlo) y colocación (ha de registrar un folleto de emisión, aunque no deberá pasar por la CNMV). Se piensa que las emisiones tendrán un importe medio en torno a los 20 o 25 millones de euros, aunque también podrán ser inferiores, y el tipo de interés se situará en torno al 8%. Mientras que las empresas que puedan acceder (en el estudio realizado por Axesor, la única agencia de rating española, se prevé en torno a unas 800, aunque al inicio solo estarían realmente preparadas 100, y un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros durante el primer año) deben contar con un adecuado nivel de recursos propios frente a sus vencimientos de deuda a corto plazo, no han de tener impagos y un Ebitda (beneficio bruto de explotación antes de la de los gastos financieros deducibles) de al menos 12 millones de euros. Se les va a exigir además que hayan tenido crecimiento a lo largo de los últimos ejercicios y que sean empresas con un cierto grado de consolidación, una facturación diversificada e internacionalizada. Han de ser, en definitiva, empresas sanas y solventes, con necesidades de financiación a corto plazo.

Los inversores a los que va dirigido este mercado son cualificados puesto que la inversión mínima va a tener un importe de 100.000 euros. Para asegurar su éxito inicial el ICO prepara una línea de aproximadamente 1.000 millones de euros para financiar la adquisición por parte de las entidades financieras de bonos emitidos por estas empresas.

A pesar de que el reglamento del MARF ya ha sido aprobado por la CNMV todavía queda que la AIAF, el Mercado de Renta Fija que va a gestionar el MARF, realice gestiones que llevarán cierto tiempo, además de que todavía tienen que aprobarse y adaptarse determinadas normas jurídicas que son necesarias para su puesta en funcionamiento. Por ello, no será probable que la apertura de  mercado sea inmediata y salvo sorpresas habrá que esperar a después del verano para su despegue y comprobar si contribuye definitivamente -esperemos que así sea y no se convierta en un proyecto frustrado más- a resolver el angustioso problema de financiación que sufren nuestras pequeñas y medianas empresas.

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La Futura Ley de Emprendedores y la figura del Empresario de Responsabilidad Limitada

Miércoles, 5 de junio de 2013

Benjamín Peñas Moyano

Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Emprendedores, en el que se incluyen varias medidas para favorecer la creación de empresas. Dicho anteproyecto, retrasado más de un año desde que se anunció por primera vez debido a los graves problemas presupuestarios a los que se ha enfrentado España, que estuvo durante varios meses al  borde del rescate, parece ser que se tramitará ahora con carácter de urgencia para que esté en vigor a partir del 1 de enero de 2014.

En ese anteproyecto se incluye un amplio paquete de estímulos fiscales, jurídicos y laborales a la actividad empresarial, y se apoya en cuatro pilares básicos: apoyar fiscalmente y en la Seguridad Social a las empresas, facilitar la cultura empresarial y la segunda oportunidad, quitar trabas burocráticas y favorecer la internacionalización.

Dentro de las medidas incluidas en el anteproyecto está la creación de la figura del <<empresario de responsabilidad limitada>>, una demanda histórica de los autónomos.

Recordemos que en el ordenamiento jurídico español el principio de <<responsabilidad patrimonial universal>> establece que los deudores responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros (artículo 1911 del Código Civil), no existiendo pues en el seno del patrimonio del sujeto deudor, de cualquier deudor, y por ello tampoco en el del empresario, sea éste persona física o jurídica, una división en el mismo de tal modo que sólo una parte quede vinculada a las resultas de su actividad empresarial, mientras la otra no.

Como medios indirectos para lograr esa limitación de responsabilidad es habitual el recurso a la constitución de sociedades de capitales, anónimas o limitadas, aunque en puridad, en estos casos no se puede hablar de que los socios sean empresarios, pues el empresario es la sociedad anónima o limitada en cuestión, que, como decíamos antes,  responde de sus obligaciones con el conjunto de su patrimonio.

En el caso de empresarios individuales, o sea personas físicas, ha sido muy utilizado, pero no exento de posibles consecuencias adversas, el recurso a poner a nombre de alguna persona cercana (esposo o esposa, por ejemplo), parte de los bienes del sujeto empresario, para salvarlos de posibles responsabilidades derivadas de esa actividad empresarial.

Y la regulación del <<ejercicio del comercio por persona casada>>, contenida en los artículos 6 a 12 del Código de Comercio, permite también un cierto juego operativo a la limitación de responsabilidad cuando se dice que los bienes comunes a ambos cónyuges no procedentes de la actividad empresarial pueden quedar no sujetos a las resultas de la actividad empresarial del cónyuge empresario si el otro cónyuge se opone expresamente a ese ejercicio empresarial, mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

Como vemos, todos ellos clásicos métodos dispuestos para que las personas físicas de un modo indirecto puedan obviar, en mayor o menor medida, el principio de la responsabilidad patrimonial universal antes aludido.

Pero la futura Ley de Emprendedores, con el objeto de incentivar el emprendimiento,  impedirá el embargo de la vivienda habitual del autónomo, rompiendo pues con un principio estructural del Derecho español vigente desde siempre. Efectivamente, junto a la posibilidad de una segunda oportunidad o fresh start para personas, profesionales y pymes en situación de insolvencia, lo que supondrá modificaciones en la Ley Concursal para introducir para aquellos emprendedores que sean personas físicas o jurídicas de pequeña entidad la posibilidad de fijar quitas de hasta el 25 % y plazos de demora de hasta tres años, la nueva Ley incluye propuestas como el <<emprendedor de responsabilidad limitada>>, que prevé el blindaje de la vivienda habitual. Hasta ahora, de acuerdo con el principio de responsabilidad patrimonial universal los autónomos podían perder su casa si un negocio les salía mal y acumulaban deudas empresariales. En la futura Ley se prevé que no se pueda embargar la vivienda habitual del autónomo, siempre y cuando éste tenga deudas privadas inferiores a los 300.000 euros (en uno de los borradores de la Ley el umbral máximo para proteger la vivienda era de 250.000 euros, pero se ha elevado a 300.000; además en un principio se protegían los vehículos de uso familiar con un precio no superior a 20.000 euros, pero parece que finalmente éstos no quedaran a salvo de posibles embargos). Si las deudas superan esa cifra la vivienda habitual sí que podrá ser embargada. También se podrá embargar la vivienda habitual cuando el empresario hubiese actuado fraudulentamente o con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros.

No obstante, termino con un par de puntualizaciones: primera, que hay que señalar que la responsabilidad no será limitada en el caso de las deudas de Derecho público, por lo que el patrimonio sólo estará parcialmente protegido en el caso de lo que se deba a proveedores y a entidades de crédito, pero no en el caso de las deudas con la Seguridad Social o con el Fisco. Y segunda,  tengamos en cuenta que gran parte de la deuda que mantienen los autónomos es con esos dos organismos. Ello, es claro, podrá limitar enormemente los efectos de una medida ciertamente  innovadora.

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