Artículos publicados en abril, 2013

Cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios

Jueves, 11 de abril de 2013

María Jesús Peñas Moyano

En el último número de la Revista de Derecho Mercantil, la profesora de Derecho Mercantil Cristina Roy Pérez de la Universidad de Barcelona ha publicado un interesante trabajo sobre uno de los temas de más actualidad: “El régimen de protección del consumidor de productos bancarios y financieros”. En el tratamiento que de esta materia se realiza nos ha llamado particularmente la atención el que hace de la lista de las cláusulas abusivas que recogió la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2009, analizando algunas de las que fueron habitualmente predispuestas en la práctica, y ahora consideradas nulas. Aunque se trata de un tema ya trabajado, creo que merece la pena centrar la atención en algunos de los argumentos utilizados por la autora, sobre todo, en los relacionados con los préstamos hipotecarios que, lamentablemente, están llevando a situaciones desoladoras a muchas personas y a sus familias.

Así, entre las cláusulas que se declararon nulas se encuentran aquellas por las que se produce el vencimiento anticipado del préstamo cuando se produzca el embargo de bienes del prestatario o resulte disminuida la solvencia por cualquier causa. Y ello se debe a que los términos en los que normalmente estaban redactadas estas cláusulas permitían a la entidad la posibilidad de resolución anticipada incluso en casos distintos, con lo cual se generaba un grado de discrecionalidad que resulta inadmisible, ya que cualquier incidencia negativa en el patrimonio del deudor podría dar lugar al vencimiento anticipado.

Se declararon igualmente nulas las cláusulas que prohíben arrendar la vivienda hipotecada sin referenciar las condiciones por las que se establece esa prohibición. En tal caso se argumentaba por las entidades la pérdida de valor del bien y con ello de la garantía que representan. Por ello, lo que realmente se considera abusivo no es la limitación en sí, sino que la restricción del uso no tenga límite alguno salvo la determinación que quiera darlo la entidad.

También se considera nula la cláusula por la que, en caso de cesión del préstamo por la entidad, el prestatario renuncia expresamente al derecho de notificación que le asiste. En este supuesto concreto, la cláusula supone una renuncia o limitación de los derechos del consumidor, ya que con ello se le está impidiendo que pueda beneficiarse de la posibilidad de liberarse de su deuda frente al acreedor antes de que este la transmita, o del derecho a oponerse a la compensación del crédito.

La cláusula por la que la entidad puede compensar el crédito con saldo a favor del deudor pero que le permite alcanzar a clientes que no tienen deudas con ella en caso de cotitularidad de cuentas. Esta cláusula no se declara nula en sí misma, pero se exige su redacción en términos comprensibles, para que el resto de los titulares de las cuentas puedan conocer y aceptar el pago que se realice.

La cláusula de redondeo al alza en el cálculo del tipo de interés se declaraba nula por considerar que implica el cobro de servicios no prestados realmente.

Y aunque pueden aparecen en cualquier contrato bancario, también en los préstamos hipotecarios ha habido cláusulas que imponían comisiones y gastos por servicios no solicitados. Y es que, si bien es cierto, que con la regulación actual de las comisiones bancarias (véase nuestro post “El negocio de las comisiones bancarias”) por la Orden EHA 2899/2011, de 8 de octubre, las comisiones solo pueden repercutirse en el cliente cuando remuneren servicios solicitados en firme o aceptados expresamente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados, es también cierto que merecen la consideración de cláusulas nulas las que superen los límites fijados por el artículo 8 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. E, igualmente sucederá con las comisiones por riesgo de tipo de interés que deben ajustarse a lo dispuesto por el artículo 9.

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