Artículos publicados en marzo, 2013

De nuevo sobre las participaciones preferentes y otros productos de inversión

Miércoles, 27 de marzo de 2013

Benjamín Peñas Moyano

El pasado día 23 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, que ha entrado en vigor el día 25 de marzo.

Es la última actuación legislativa que se ha realizado con el objeto de minorar en parte los graves perjuicios que los tenedores de instrumentos híbridos de inversión y deuda subordinada han sufrido en uno de los mayores y más importantes escándalos financieros vividos en nuestro país.

Sabemos que la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, ha acometido un proceso de saneamiento del sector financiero español sin precedentes, diseñando un marco de actuación pública en las crisis de las entidades de crédito en el que, como parte de su contenido, no ha faltado el establecimiento de los llamados <<ejercicios de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada>>, los cuales tratan de garantizar una correcta participación de los acreedores de una entidad de crédito en los costes derivados de su reestructuración o resolución.

La realización de esos <<ejercicios de gestión>> es inminente, por lo que, por un lado, el legislador ha considerado necesario, en un ejercicio de preocupación que es la prueba de los desmanes cometidos en la comercialización de tales productos de inversión, hacer un seguimiento de las eventuales reclamaciones que los tenedores de esos productos financieros puedan dirigir contra las entidades de crédito por razón de las prácticas, muchas veces irregulares, en su comercialización, y facilitar en determinados casos mecanismos ágiles de resolución de controversias, principalmente por medio de arbitraje.

Y, por otro lado, y además, el legislador ha estimado preciso ofrecer liquidez a las acciones que los tenedores de esos instrumentos financieros recibirán en canje de los mismos, pues dado que algunas de esas entidades (no es el caso de Bankia, que sí cotiza en Bolsa) no cotizan en un mercado oficial, y no tienen previsto hacerlo en el marco de los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea, la falta de liquidez puede suponer un grave perjuicio (uno más) para los clientes minoristas tenedores de esos instrumentos financieros complejos.

Ambos objetivos se persiguen con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, en cuyos dos únicos artículos (la norma contiene además varias disposiciones adicionales, finales y derogatoria) se disponen la Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada (artículo 1º), y la nueva función del Fondo de Garantía de Depósitos de compromiso de su patrimonio para la prestación de las garantías que pudieran exigirse en el ámbito de la implementación de la asistencia financiera europea para la recapitalización de las entidades de crédito españolas (artículo 2º).

Efectivamente, ante el creciente número de reclamaciones por parte de clientes de entidades financieras que habían adquirido instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, por el Real Decreto-ley 6/2013 se crea y regula en su composición y funcionamiento la Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada. Se trata de un órgano con la más alta representación institucional, que con pleno respeto a las competencias que en materia de supervisión financiera y protección de consumidores y usuarios ostenten otros organismos y el poder judicial, tiene por función coordinar e impulsar los trabajos necesarios para hacer un seguimiento de las incidencias que hayan podido derivarse de la comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada. Entre otras tareas, esa Comisión determinará los criterios básicos para fijar en el caso de las entidades participadas por el FROB en qué casos deben ofrecer a sus clientes la sumisión a arbitraje.

Para la consecución del segundo objetivo la norma de la que tratamos ha ampliado el ámbito de actuación ordinario del Fondo de Garantía de Depósitos, dotándole de los recursos económicos necesarios para poder adquirir las acciones no cotizadas que resulten de los canjes obligatorios de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada de esas entidades y a precios de mercado.

Ahora se trata de ver en el tiempo si estas finalidades se cumplen. Por eso, estaremos pendientes de su recorrido.

 

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La Comisión Europea y su combate contra las estafas comerciales

Miércoles, 20 de marzo de 2013

María Jesús Peñas Moyano

En los últimos días la Comisión Europea ha publicado un conjunto de documentos en los que ha querido poner de manifiesto su compromiso de lucha contra las prácticas comerciales desleales y la protección de los consumidores, siempre en su afán de consecución de ese mercado único, que con los últimos acontecimientos que están transcurriendo en estos días –me refiero al rescate a Chipre y el desarrollo de los acontecimientos- parece que se escapa continuamente y que siempre será un producto inacabado.

En particular, la Comisión Europea emitió el pasado 14 de marzo un comunicado de prensa, que ha ido acompañado de una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva relativa a prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, la Directiva 2005/29/CE, en el que presentan los objetivos de lograr un alto nivel de protección de los consumidores y crear confianza en le mercado único, así como un primer informe sobre su aplicación una vez que han transcurrido cinco años desde su entrada en vigor.

En definitiva, la Comisión propone una serie de medidas para luchar contra las prácticas comerciales agresivas en toda la Unión Europea, en particular, contra las falsas ofertas “gratuitas”, la publicidad utilizando productos “señuelo” que luego no se terminan suministrando y, en particular, la exhortaciones a los menores. Y también anuncia planes para intensificar la aplicación de las normas de modo que se logre un aumento de la confianza de los ciudadanos a la hora de realizar sus compras en el mercado interior europeo.

Todo ello está en consonancia con la consolidación de la llamada Agenda del Consumidor Europeo con el objetivo señalado de reforzar su confianza y lograr que se aproveche de forma más plena el potencial del mercado único y se realicen compras transfronterizas, que siguen representando un pequeño porcentaje del PIB de la Unión Europea. Se pretende que la tolerancia cero hacia los comerciantes deshonestos permita aumentar ese porcentaje, aún demasiado bajo.

En los documentos presentados se pone de manifiesto cómo en principio no se buscan reformas en las normas preexistentes. Hay satisfacción con el régimen jurídico existente -se cuenta con buenas normas, señalan los responsables- pero tienen que cumplirse mejor, esto es, se tiene que realizar un enfoque más coherente a la hora de aplicar el conjunto de las normas. Si bien es cierto que los órganos nacionales de protección de los consumidores han podido frenar una amplia gama de prácticas comerciales desleales como la información engañosa a los consumidores o la utilización de técnicas agresivas para influir en sus decisiones a la hora de elegir, también lo es que resulta necesario profundizar en esta protección y saber de antemano cómo se van a aplicar las normas por esos organismos de protección, cualquiera que sea el país donde debieran ser aplicadas, pues se sigue poniendo de manifiesto una falta de coherencia a la hora de interpretar la Directiva y de hacerla cumplir por parte de las autoridades nacionales.

En consecuencia, no se van a crear nuevas normas ni a reformar las existentes, sino a reforzar la coherencia de su aplicación efectiva en todo el espacio de la Unión Europea para maximizar su eficacia y lograr una protección más fuerte. Parece una buena posición para entrar en combate.

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¿En qué situación se encuentra la cuestión de las participaciones preferentes?

Miércoles, 13 de marzo de 2013

Benjamín Peñas Moyano

La cuestión de la tenencia de participaciones preferentes continúa generando constantes actuaciones por parte de los poderes públicos, las entidades financieras y los propios preferentistas.

Evidentemente, estos últimos siguen con sus movilizaciones, concentraciones, protestas y reclamaciones. No tenemos más que abrir un periódico, no necesariamente de difusión nacional, para poder encontrar artículos y comentarios sobre la cuestión. En ellos se nos da cuenta de que los afectados por la, para ellos, nefasta inversión en tales instrumentos financieros híbridos (al integrar aspectos tanto del capital social como de pura deuda), no se dan por vencidos y siguen saliendo a la calle a protestar, muchas veces frente a las entidades de crédito en las que adquirieron las preferentes.

No es de extrañar si tenemos en cuenta que los preferentistas que compraron ese tipo de instrumento financiero, bien de emisiones procedentes de las entidades financieras que han sido intervenidas por el FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria), o bien adquiridos en entidades crediticias que actuaban como meras intermediarias de los emisores (participaciones preferentes emitidas por bancos islandeses, por ejemplo, hoy quebrados), sufren con la certeza de que tienen  en su patrimonio productos financieros que valen mucho menos de lo que invirtieron en ellos.

Así, a diferencia de cuando la economía iba bien, ya no los pueden colocar en el mercado de deuda privada, y por tanto carecen de liquidez, puesto que nadie, o muy pocos comparando su número con los que quieren vender, los quieren comprar; son títulos que además en la actualidad no generan rendimientos, dada la delicadísima situación económica de las entidades comercializadoras intervenidas; y son títulos con respecto a los cuales la Unión Europea ha establecido, como una de las condiciones para la concesión del rescate bancario a España, que deberán sufrir <<quitas>> en una medida ciertamente amplia, que en algunos casos he leído puede llegar al 70% de la inversión, dependiendo de distintas circunstancias.

Una parte de esos preferentistas pensará, además, que adquirieron un instrumento de inversión que realmente no deseaban, puesto que para nada se acomoda a sus intereses como inversores minoristas, no profesionales. Así, son muy numerosas las sentencias judiciales que están resolviendo sobre todo peticiones de nulidad del contrato de compraventa de participaciones preferentes (artículos 1300 y siguientes del Código Civil), sobre la base de la existencia de vicios en el consentimiento (error, dolo); pero también peticiones de resolución del contrato de adquisición de participaciones preferentes por mediar el incumplimiento de la entidad de crédito, con resarcimiento de daños (artículo 1124 del Código Civil), o de indemnización de daños y perjuicios por mal asesoramiento de la entidad comercializadora  de esos instrumentos de inversión híbridos (artículo 1101 del Código Civil). No olvidemos que son numerosos los supuestos de adquirentes de participaciones preferentes carentes de formación en el campo de la inversión, minoristas sin ninguna afinidad con el riesgo financiero, muchos de ellos ancianos a los que se les ofrecieron productos de inversión complejos y de riesgo como si de depósitos a plazo fijo se tratasen.

Algunas de las entidades que hoy están intervenidas con dinero público, y que pusieron en el mercado preferentes, ya dispusieron un procedimiento de <<arbitraje>> al objeto de lograr una solución a los casos de ventas de esos productos financieros en los que podrían haber existido pretendidas irregularidades. Más tarde, como consecuencia del reciente pacto de los grupos parlamentarios del Partido Popular y del PSOE en el Congreso de los Diputados, de finales del pasado mes de enero, ese procedimiento de arbitraje se ha institucionalizado, de tal modo que los adquirentes de las mismas, antes de sufrir las quitas que correspondan y de que, tras de ello, puedan vender las acciones por las cuales hayan canjeado la inversión, podrán someterse a ese procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos para determinar si tienen derecho a recibir la devolución de la totalidad de la inversión. En los medios de comunicación se ha informado de que ese arbitraje está a punto de ponerse en marcha. Los preferentistas de las entidades intervenidas podrán pues aprovecharse de esta vía, que esperamos remedie, al menos en parte, muchas de las <<prácticas irregulares>> (en palabras del mismo legislador) que se cometieron en la comercialización de las preferentes.

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La Ley de morosidad nuevamente reformada… y no será la última vez

Miércoles, 6 de marzo de 2013

María Jesús Peñas Moyano

El paquete de medidas adoptadas por el gobierno español tras el debate sobre el estado de la nación a través del Real Decreto-Ley 4/2013, ha reformado entre otras normas la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La reforma, en concreto, ha afectado a su artículo 4, que ya había sido reformado por el artículo 1.3 de la Ley 15/2010, de 5de julio, de modificación de aquella Ley. El precepto, en cuestión, se refiere a la determinación del plazo de pago, que tras la reforma operada en el año 2010, quedó del siguiente tenor: “1.El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente: a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.” Se trata por plazo de un plazo imperativo de obligado cumplimiento.

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