Artículos publicados en febrero, 2013

Normas Internacionales de Auditoría

Miércoles, 27 de febrero de 2013

Domingo Hernanz Tudela

Interventor y auditor del Estado

El pasado 14 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 31 de enero de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten a información pública las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España.

Tal y como señala su exposición de motivos, la “adaptación de las NIA, que ahora se publican, viene a integrar un nuevo bloque normativo, que converge hacia la práctica internacional, y en el que se incluye la Norma de Control de Calidad Interno, publicada mediante la Resolución de 26 de octubre de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que supuso una traducción adaptada de la NICC 1 (Norma Internacional de Control de Calidad) emitida por la IAASB. En dicho bloque se prevé incorporar igualmente las normas de ética a que se refiere el artículo 6.3 del reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, pendientes de un desarrollo específico”.

El proceso de adaptación de las NIA a las nuevas normas técnicas de auditoría, “se ha regido por los siguientes criterios:

–    Analizar las NIA a los efectos de detectar aquellos aspectos contrarios a la normativa en vigor en España, no siendo por tanto de aplicación, con la finalidad de suprimirlos, ya que su mantenimiento podría llevar a confusión a los usuarios de las Normas.

–    Suprimir las menciones relacionadas con trabajos o normas que quedan fueran del alcance del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo, tales como las referencias a las auditorías en el sector público o a la entrada en vigor de las NIA.

–    Incorporar en algunos apartados o párrafos del texto de las nuevas normas unas notas aclaratorias con el fin de precisar y clarificar su adecuada aplicación en España, bien porque algún aspecto de su contenido se recoge en la normativa nacional de forma más específica, bien porque se recoge en la NIA de forma distinta o, simplemente, no se contempla, a los efectos de facilitar su adecuada comprensión o evitar las dudas que pudieran existir en su interpretación y aplicación. Estas notas aclaratorias se han incorporado en un recuadro en los distintos apartados en los que se ha considerado oportuno.

–    Incorporar los criterios que deben observarse de forma obligada en la aplicación de estas NIA en España.

–    Asimismo, en los ejemplos de modelos de informe de auditoría, que acompañan a las NIA, se ha optado por incorporar a doble columna los ejemplos originales de informes de auditoría según las propias NIA y los correspondientes modelos adaptados de acuerdo con la normativa aplicable en España”.

“Las NIA tienen una estructura determinada, integrada por las secciones: «Introducción», «Objetivo», «Definiciones», «Requerimientos» y «Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas».

La «Introducción» indica el contexto relevante para la comprensión de cada NIA, pudiendo incluir cuestiones tales como el objeto y alcance de la NIA, su relación con otras NIA, la materia objeto de análisis y tratamiento, las responsabilidades del auditor y el contexto en que se enmarca.

En la sección de «Objetivo» de cada NIA se describen los objetivos a conseguir por el auditor con la aplicación de los requerimientos previstos en cada una de ellas, que deben interpretarse en el contexto de los objetivos globales del auditor en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas.

En la sección de «Definiciones» se precisa el significado de determinados términos que aparecen en cada NIA, con el objeto de facilitar su interpretación y aplicación práctica a efectos de la NIA, si bien dicho significado no necesariamente debe coincidir con las definiciones de esos mismos términos en otros ámbitos y contextos.

Los «Requerimientos» que se establecen en las NIA deben cumplirse obligatoriamente por parte del auditor, salvo que la NIA no sea aplicable en su totalidad al caso concreto o porque un requerimiento incluya una condición y ésta no concurra en el caso.

En la «Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas» se proporciona una explicación más detallada de los distintos aspectos tratados en cada NIA y, en particular, se dan orientaciones que son relevantes para la adecuada aplicación práctica de los requerimientos recogidos y, en definitiva, para la comprensión y aplicación efectiva de la NIA.

Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría mantienen esta estructura, agregando, donde corresponda, las aclaraciones necesarias para su adaptación a la normativa española, de acuerdo con los criterios expuestos”.

Por consiguiente, las NIA que se someten a información pública son las correspondientes a las series 200, 300, 400, 500, 600 y 700, a las que se adiciona un glosario de términos y unas notas aclaratorias que faciliten su adecuada interpretación y aplicación en España.

“En consecuencia, las nuevas normas técnicas de auditoría, que son una adaptación de las NIA para su aplicación en España, vienen a sustituir a las Normas Técnicas de Auditoría hasta ahora vigentes, las cuales quedan derogadas, si bien se mantendrá vigente únicamente lo dispuesto en estas últimas que no se encuentre regulado en la nueva normativa y no resulte contradictorio con lo dispuesto en ésta, tal como se prevé en el artículo cuarto de esta resolución. Es el caso de la regulación contenida en la Norma Técnica de Auditoría sobre Relación entre auditores, publicada mediante Resolución de 27 de junio de 2011, en los epígrafes correspondientes a la actuación del auditor en los supuestos de «utilización del trabajo de otro auditor», «cambio de auditores» o «auditorías conjuntas», que obedecen a situaciones particulares de nuestra normativa nacional no contempladas en las NIA. También se mantienen vigentes las normas técnicas de auditoría sobre trabajos específicos exigidos conforme a nuestro marco jurídico nacional, como son los informes complementarios a los de cuentas anuales exigidos por determinados entes públicos supervisores, así como aquellas que regulan los trabajos de auditoría específicos previstos en la legislación mercantil que tiene la consideración de auditoría de cuentas conforme a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y que no se encuentren tratados en las NIA. Adicionalmente, mantendrán su vigencia las Normas Técnicas que regulan los trabajos de auditoría que, sin tener la naturaleza de auditoría de cuentas, están atribuidos por disposiciones de rango legal a los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 3.2 de dicho Reglamento”, hasta que entren en vigor las nuevas guías que aprueben conjuntamente las Corporaciones de auditores y sean objeto de publicación por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de acuerdo con la disposición adicional octava del citado Reglamento.

Por último, cabe destacar los siguientes aspectos:

–    El período de información pública es de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOE (14 de febrero),

–    Las “nuevas Normas Técnicas de Auditoría serán de aplicación obligatoria, una vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014″,

–    En el apartado quinto de la Resolución se incorporan los criterios de interpretación de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría.

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Las mujeres y la dirección de empresas

Miércoles, 20 de febrero de 2013

Benjamín Peñas Moyano

¿Sabían Ustedes que la mayoría de los titulados universitarios en la Unión Europea son mujeres? ¿O que hay más mujeres que hombres en los estudios de Dirección de Empresas, Administración y Derecho en la Unión Europea?

¿Y sabían Ustedes que estudios realizados por la Comisión Europea y por el sector privado han demostrado que existe una correlación entre la mejora de los resultados económicos y financieros de las empresas y la presencia de mujeres en los órganos de toma de decisión de éstas, de lo que se deduce claramente que una representación significativa de las mujeres en puestos de dirección constituye un auténtico instrumento de eficacia y de competitividad económica?

Y si embargo, a pesar de lo ahora dicho, ¿sabían Ustedes que actualmente las mujeres ocupan únicamente el 10% de los puestos en los consejos de administración de las empresas más importantes que cotizan en Bolsa en la Unión Europea? ¿O que solo el 3% de las presidencias de estos consejos, teniendo en todo momento en cuenta las diversidades entre países y los diferentes sectores profesionales en cuestión, está ocupado por mujeres?

¿Sabían Ustedes que la diferencia salarial entre mujeres y hombres sigue siendo del 17,5% en el conjunto de la Unión Europea y que esta diferencia afecta también a los puestos de dirección?

¿Sabían Ustedes que actualmente el número de mujeres en los órganos de dirección de las empresas solamente registra un aumento de medio punto porcentual al año, y que a un ritmo tan lento harán falta otros 50 años para que los órganos de dirección de las empresas estén compuestos por un 40% como mínimo de representantes de cada género?

¿Y sabían que en las Cámaras de Comercio e Industria y en las organizaciones empresariales que representan a sindicatos y a la patronal no hay en absoluto una composición equilibrada de hombres y mujeres, lo que refleja la escasa representación de éstas en los órganos de dirección de las empresas?

Resulta increíble, la paradoja expuesta, y sin embargo es real como la vida misma.

Parecería, por lo tanto, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (que resalta los valores comunes a los Estados Miembros, entre los que se incluyen la no discriminación y la igualdad entre los hombres y mujeres), el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (que hace referencia a la lucha contra la discriminación por motivos de sexo), las Conferencias Mundiales sobre la mujer, y un largo etcétera de tratados, pactos, convenciones, resoluciones … nada importasen.

Las empresas deberían respetar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y más en concreto las empresas que cotizan en bolsa deberían dar ejemplo en la aplicación de una representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración y en los puestos de dirección a todos los niveles. Pero parece que esto sólo podrá lograrse con voluntad política, pues las iniciativas empresariales en tal sentido no van al ritmo que todos desearíamos.

Ejemplos de cómo la voluntad política ha incidido en la aceleración del proceso de adopción de medidas dirigidas a contribuir a una representación equilibrada de los hombres y las mujeres en los órganos de dirección de las empresas existen en Noruega o Finlandia. Así, en Noruega se ha constatado un claro progreso en la representación de las mujeres desde la adopción en 2003 de una legislación que impone un porcentaje de un 40% de personas de cada sexo en los consejos de administración de las empresas cotizadas y cuyas plantillas superan los 500 empleados, con sanciones efectivas en casos de incumplimiento. Y en Finlandia existe un Código de gobernanza empresarial según el cual en los órganos decisorios de las empresas han de sentarse representantes de ambos sexos y, en caso de incumplimiento, habrá que dar explicaciones públicas; ello ha hecho que haya un 25% de mujeres en los órganos decisorios de las empresas finlandesas y que el porcentaje de empresas que cotizan en bolsa y que cuentan con mujeres en el consejo de administración o en el consejo directivo haya aumentado del 51% al 70% en un periodo de dos años desde que se anunció la introducción del código.

Son datos que pretenden incitar a la reflexión, calmada y serena, de un tema candente y en el que todavía queda casi todo por hacer.

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¿Es valorable la honorabilidad de los consejeros de las entidades de crédito?

Martes, 12 de febrero de 2013

María Jesús Peñas Moyano

Las reformas en el sector bancario continúan. Entre las que ahora mismo se están llevando a cabo, se puede mencionar la modificación del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, que se va a producir por el todavía proyecto de Real Decreto que ha sido elaborado por el Ministerio de Economía con el objetivo de modificar los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de las entidades de crédito.

Se trata de un tema siempre sensible, y no digamos ahora con los tiempos que corren y los escándalos financieros que se destapan casi a diario. Y lo más lógico sería creer que la reforma prevista está precisamente pensada para endurecer los requisitos y procurar que sólo las personas que cumplan los estrictos presupuestos previstos van a poder ocupar puestos de responsabilidad en las entidades de crédito. Pero no es así, pues la reforma va precisamente por otra vía, y más bien al contrario, introduce algunos elementos que incrementan una posible valoración, por no decir directamente discrecionalidad, en la contemplación de estos requisitos. En concreto, uno de los preceptos cuya reforma se propone es el artículo 2.2, del citado Real Decreto, cuya redacción todavía vigente es del siguiente tenor:

“Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley”.

La reforma que se propone va en esta línea:

“concurre honorabilidad comercial y profesional, en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad”. Y a continuación se señala que para realizar esa valoración deberá considerarse toda la información disponible. Llama la atención que entre los datos que se deben aportar expresamente se señala “la condena por la omisión de delitos dolosos y la situación por la sanción por la comisión de infracciones administrativas teniendo en cuenta: 1. si la condena o sanción es o no firma. 2. la gravedad de la condena o sanción impuestas, entre otros datos”,

Pero lo realmente llamativo es que la competencia para valorar en cada caso si existe o no honorabilidad corresponde al Banco de España, tal y como se recoge en el artículo 2.7.

La valoración de la idoneidad … se producirá: a) Por la propia entidad, cuando solicite al Banco de España su autorización para el ejercicio de la actividad bancaria, cuando proceda a nuevos nombramientos y siempre que se produzcan circunstancias que aconsejen volver a valorar la idoneidad en aplicación de los procedimientos previstos en el apartado 6. b) Por el Banco de España, con ocasión de la autorización de la creación de un banco, en el momento en que se produzca la comunicación de nuevos nombramientos, así como cuando considere necesario valorar si la idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones. A estos efectos, el Banco de España deberá notificar su valoración de idoneidad en un plazo que no podrá ser superior a 10 días, contado desde la notificación a la que se refiere el apartado 6 de este artículo. A falta de notificación en el plazo indicado, se entenderá que la valoración es positiva.”

En consecuencia, de prosperar esta normativa proyectada, el Banco de España será competente para realizar esa valoración. Se nos ocurre que dados los enormes fallos en su función en los que ha incurrido este supervisor en los últimos tiempos, tal vez no sea una opción nada acertada. Ya se verá.

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