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Productos bancarios complejos ¿Nos fiamos de los Bancos?

Miércoles, 6 de junio de 2012

 

Celeste Alonso Antón

(Coordinadora del Área Empresa y Contabilidad de Lex Nova)

Fuente: compromiso empresarial

No pretendo en estas breves líneas, y con la que está cayendo, realizar un profundo análisis sobre la naturaleza de las entidades financieras, sobre cómo funcionan, qué responsabilidad tienen en la crisis, si merecen un trato preferente al resto de “negocios” y debemos o no rescatarlas… y todas esas preguntas que en estos días el españolito de a pie se hace frente al televisor. La reflexión de hoy nace de la lectura de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, el pasado 17 de abril, en la que se condena a Popular Banca Privada, S.A., a devolver a un matrimonio de jubilados la cantidad que invirtieron en acciones preferentes de un banco de Islandia (Kaupthig Bank) y que perdieron en esta operación realmente arriesgada, historia que ya nos suena familiar porque el número de pequeños inversores que se han visto enredados en la compra de preferentes no es nada desdeñable.

Y es que cuando nos acercamos a un establecimiento de este tipo con nuestros ahorros, esperamos encontrar a profesionales que nos asesoren sobre el mejor modo de colocarlos para obtener la mayor rentabilidad. Entendemos que en nuestro banco van a considerar nuestra situación personal y económica para poder ofrecernos el producto más adecuado y además van a explicarnos claramente todas las ventajas e inconvenientes de cada producto, los riesgos que asumimos y las ventajas ciertas o previsibles de lo que vamos a contratar.

¿Acaso les parece que estoy siendo excesivamente ilusa? En una noticia de El Mundo del pasado 26 de diciembre, Vicente, uno de los afectados por estas estrategias bancarias dice lo siguiente: “Yo no miré nada. Llevaba desde 2002 en diversos fondos con la CAM. Un día me llamaron del banco en 2006 y me dijeron que me iban a poner el dinero en un nuevo sitio y les di mi autorización por teléfono. Al cabo de unos días fui y firmé. No sabía que no podría retirar el dinero hasta el año 3000″.

A favor de esta relación de confianza entre el banco y sus clientes no está solo el imaginario popular y el sentido común sino incluso la propia legislación. La Unión Europea, a través de diversas Directivas ha ido regulando los mercados de instrumentos financieros, los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión. Estas Directivas están incorporadas a nuestras normas por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que modificó la Ley del Mercado de Valores.

Especialmente significativo, a los efectos de los derechos que asisten a los consumidores de productos de inversión, es el Capítulo I del Título VII sobre las normas de conducta aplicables a quienes presten servicios de inversión

En el art. 79 bis de este Capítulo se dicen cosas como estas:

 “1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes.

2. Toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. […]

3. A los clientes se les proporcionará, de manera comprensible información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta, sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, sobre los centros de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa.

[…]

La información referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de inversión deberá incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias.

[…]

6.  Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá la información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos en su caso los clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se trate; sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente.”

Es evidente que los bancos, en multitud de ocasiones, no cumplen con sus obligaciones legales de proporcionar información veraz e imparcial y de someter a un examen a sus clientes antes de venderles productos financieros complejos. Y desde luego las participaciones preferentes lo son, y así lo ha reconocido la propia CNMV, órgano regulador del Mercado de Valores, que a través de su oficina de atención al inversor advierte expresamente de que “son instrumentos complejos y de riesgo elevado que pueden generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido”.

Ya nos ocupamos de las preferentes en MERCANTIL HOY, pero recordamos algunas de las características que las hacen tan poco recomendables:

  • Son emisión de deuda sin plazo definido.
  • La entidad paga una rentabilidad en función de sus beneficios (los altos intereses en los buenos tiempos se convierten en cero euros en momentos de crisis).
  • No son acciones ordinarias, pues no tienen derecho de voto aunque sí tienen prioridad de cobro sobre los accionistas.
  • La entidad puede recomprarlas devolviendo el dinero invertido cuando quiera.
  • El canje puede ser por acciones, bonos convertibles o deuda subordinada.
  • En caso de quiebra del banco, no están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Todo esto supongo que es lo que ha llevado a la Audiencia Provincial de Zaragoza a entender que las preferentes se habían vendido al cliente equivocado. Expresamente dice en la sentencia que una pareja de “jubilados, con escasa formación académica” no son el tipo de cliente que deba comprar este producto y, por lo tanto, declara la responsabilidad civil contractual de la entidad.

Conclusión: nos asisten derechos legalmente reconocidos que los bancos a veces incumplen en aras de la obtención de beneficios. Si queremos evitar problemas y el riesgo de no tener tanta suerte en los tribunales como este matrimonio de Zaragoza, mejor sería empezar a asumir la idea de que el banco o la caja son como cualquier comercio más, que quien nos “asesora” sobre el futuro de nuestro dinero es en realidad un “comercial” que lo que quiere es colocarnos el producto más ventajoso para él. Así, igual que cuando vamos a comprar un coche, una televisión, una lavadora o un viaje para las vacaciones, no olvidemos comprobar la información, leamos la letra pequeña, consultemos las páginas web de las asociaciones de defensa de los consumidores (entre otras, AUSBANC o la OCU inversores), de los comparadores de servicios financieros y de todo aquel que nos pueda orientar desde una posición de neutralidad, que el banco no tiene. Y tengamos presente siempre la sabiduría popular: cuando alguien nos ofrezca duros a peseta pongamos en funcionamiento todas las alertas.

Consumo, Mercados financieros

  1. JAB
    Miércoles, 6 de junio de 2012 a las 17:08 | #1

    De acuerdo con que, seguramente, la pareja de jubilados no haya sido debidamente informada de los riesgos pero…¿qué pasa con la autonomía de la voluntad? Quiero decir que la sentencia está diciendo poco menos que los jubilados eran analfabetos pero…¿y si sabían lo que hacían? ¿y si eran expertos en productos financieros de afición y luego se han hecho los suecos? Y, sobre todo…si esa inversión, en lugar de pérdidas hubiese dado beneficios…¿habrían acudido a la justicia solicitando devolver dichas ganancias? No sé, yo no lo veo tan claro.

    • Celeste Alonso Antón
      Jueves, 7 de junio de 2012 a las 08:53 | #2

      Efectivamente cabe la posibilidad de que supieran lo que estaban contratando, pero no olvidemos que la autonomía de la voluntad se manifiesta por el consentimiento que prestan los contratantes en el momento de celebrar el contrato y que nuestro Código Civil nos dice que será nulo el consentimiento prestado, entre otras cosas, por error. Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
      A partir de ahí es un problema de prueba ante los tribunales. En este caso supongo que los magistrados entendieron suficientemente probado que no se conocía el alcance de lo que se estaba contratando y ello hizo nulo el contrato. También es cierto que muchos otros clientes de estos productos han tenido menos suerte.
      Por eso la recomendación, para no estar a merced de lo que decida un tribunal, es la información y el esasoramiento adecuado antes de firmar un contrato y sobre todo si tiene mucha “letra pequeña”.

  2. marisa
    Jueves, 7 de junio de 2012 a las 08:23 | #3

    EN ESPAÑA, LO MEJOR PARA ROBAR ES SER UN BANCO. EL SABADELL AHORA SE HA QUEDADO LA CAM POR 1 EURO, PERO OFRECE A LOS PROPIETARIOS DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES DE LA CAM UNA MIERDA DE CAMBIO. Y QUE DECIR DE LOS DUEÑOS DE CUOTAS PARTICIPATIVAS? A ESOS CERO PATATERO, SR. OLIU PARA ROBAR A VIEJECITOS O TRABAJADORES NO HACE FALTA MUCHOS ESTUDIOS.

  3. Deus ex Machina
    Jueves, 7 de junio de 2012 a las 22:52 | #4

    @JAB
    Lo siento, no cuela lo de la autonomía de la voluntad. Las preferentes son productos financieros muy muy complejos. Solo aptos para grandes inversores o gente con muchas experiencia financiera. Claro que una pareja de ancianos puede tener esos conocimientos, pero eso es algo que tiene que valor el juez, y si el juez a la vista de lo que declaran las partes y ve que la idea que tienen los contratantes sobre este producto no tiene absolutamente nada que ver con lo que es existe un error que vicia el consentimiento y por tanto no hay autonomía de la voluntad donde agarrarse. Otra cosa es saber de donde proviene ese error, si existe acción dolosa por parte de la entidad bancaria a la hora de producir ese error. Y a mí no me cabe la menor duda de que existe dolo, es una estafa en toda regla. Se vendían estos productos como inversiones seguras, como simples depósitos, cuando son inversiones en empresas, que no garantizan cobrar interés alguno y no dota a su poseedor de poderes políticos en la empresa que ha invertido. Vamos, un chollo de producto, y la gente pensando que eran simples depósitos!

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