Artículos publicados en abril, 2012

Antena 3 absorbe a La Sexta pero…¿qué pasa con mis acciones?

Jueves, 26 de abril de 2012

Juan José Alonso Bezos

(Responsable de producto del Área de

Derecho Mercantil de Lex Nova)

El pasado 25 de abril, se hizo pública la aprobación, por parte de la Junta de Accionistas de Antena 3, de la fusión por absorción con La Sexta. Como ocurre siempre en este tipo de operaciones, salen a la luz una serie de cifras y conceptos que, en mi modesta opinión, distan mucho de poder ser entendidos para el gran público: sucesión universal, valor nominal de acciones, estado de flujos de efectivo o tipo de canje son sólo algunos ejemplos.

En estas líneas trataré de poner mi granito de arena para contribuir a una mejor comprensión de operaciones de esta magnitud, centrándome en el último de los ejemplos expuestos: el tipo de canje.

Y es que, según los datos recogidos por algunos medios como, por ejemplo, 20 minutos, en la fusión de Antena 3 y La Sexta el tipo de canje de las acciones de las entidades que participan en la fusión, que ha sido determinado sobre la base del valor real de los patrimonios sociales ambas entidades, es de 0,527 acciones de Antena 3, de setenta y cinco céntimos de euro (0,75 €) de valor nominal cada una, por cada acción de La Sexta, de dos euros con trece céntimos (2,13€) de valor nominal cada una.

Pero…¿qué significa esto? Pues simple y llanamente significa que las acciones de una entidad no valen lo mismo una vez que se ha llevado a cabo la operación (en este caso, fusión por absorción). Y esto es el tipo de canje, una simple cifra que da respuesta a una pregunta de este estilo: ¿Cuánto valen las acciones de una sociedad fusionada en la nueva sociedad que nace con la fusión?

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Datio in solutum

Miércoles, 25 de abril de 2012

Juan José Alonso Bezos

(Responsable de producto del Área de

Derecho Mercantil de Lex Nova)

Corren malos tiempos. La prolongada y voraz crisis que nos gobierna desde hace ya ni se sabe está haciendo estragos y, como cualquier otra epidemia, se está cebando con los más débiles. Ponemos las noticias y, cada día, un nuevo caso de una familia que debe abandonar su hogar porque no ha podido hacer frente a la hipoteca. Lo malo es que ahí no queda la cosa: perder la casa es la primera parte del problema; la segunda parte es que, una vez despojado de tu casa y, como suele decirse, “la sigues pagando”.
Mucho se ha hablado estos meses atrás de la  “dación en pago” (datio in solutum), sobre todo porque, finalmente, el Gobierno tuvo que tomar cartas en un asunto muy mediatizado, con  numerosas protestas e iniciativas populares que exigían medidas para que, una vez entregada la vivienda, se diera por saldada la deuda.
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La lucha contra el fraude y la responsabilidad de los administradores

Miércoles, 18 de abril de 2012

María Jesús Peñas Moyano

En el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal presentado por el Gobierno, además de la ampliación de la responsabilidad contemplada para los sucesores de sociedades con el objetivo de evitar su vaciamiento patrimonial cuando vayan a ser liquidadas, y que abarcaría todas percepciones patrimoniales percibidas con anterioridad a la liquidación formal (frente a la responsabilidad actual que queda limitada a la cuota de liquidación que recibe el socio cuando se extingue la sociedad) se contempla un nuevo supuesto de responsable subsidiario por retenciones o repercusiones:

“Los administradores de sociedades que presenten de modo reiterado declaraciones por retenciones o tributos repercutidos sin proceder al ingreso de la deuda tributaria, serán responsables subsidiarios del pago de la misma cuando pueda acreditarse que no existe intención real de pagar”

Del tenor literal de este texto que conforma el llamado Plan Antifraude y que será tramitado como proyecto de Ley próximamente, puede deducirse que lo que se pretende es establecer la responsabilidad subsidiaria del administrador de cualquier sociedad por los impagos de los impuestos recibidos en nombre de terceros y respecto de los cuales no existe intención real de probar, circunstancia esta última que presuponemos deberá probarse por la Administración tributaria o podrá pobrar a su favor el propio administrador. Es de suponer, además, que se refiere a impagos de  impuestos como el IVA o los pagos a realizar por retenciones en el IRPF, mientras que es más difícil de contemplar si esta responsabilidad también resultará aplicable al impago de las cuotas de la Seguridad Social. En todo caso, se trata de una cuestión que alcanza una gran trascendencia por sí misma y aún más en el momento actual dadas las enormes dificultades económicas por las que atraviesan un elevado porcentaje de empresas españolas (se habla de que más del 50% de las empresas tienen problemas para atender sus pagos con normalidad).

Desde un punto de vista jurídico, se produce una importante matización a los presupuestos de la responsabilidad de los administradores que aparecen recogidos en el artículo 236 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital:

1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

Parece claro que la primera prioridad para la empresas una vez que se apruebe esta norma será la de pagar los correspondientes impuestos, pues de lo contrario el administrador o administradores se convertirán en los responsables subsidiarios de los posibles impagos frente a la Hacienda Pública, y se dejarán a un lado otros pagos que se vienen considerando como prioritarios, así nóminas, pagos a proveedores imprescindibles para la marcha de la empresa…  y que pueden terminar por colapsarla. No creemos que los administradores vayan a correr el riesgo de asumir esta responsabilidad. Y sí creemos que aunque la medida sea justa y necesaria para atajar el fraude fiscal, tal vez debería flexibilizarse en el proceso de su tramitación.

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Sobre el derecho de desistimiento en la nueva regulación de la multipropiedad

Miércoles, 11 de abril de 2012

Benjamín Peñas Moyano

Hace ya un par de semanas dimos cuenta de la publicación e inmediata entrada en vigor de la nueva regulación de la multipropiedad, con el Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales, de reventa e intercambio. A esa noticia nos remitimos para satisfacer la curiosidad sobre algunas cuestiones generales en relación a dicha norma. Ahora pretendemos tratar un aspecto concreto de dicha regulación que resulta de indudable interés para la protección de los consumidores que celebren contratos de ese tipo: nos referimos al derecho de desistimiento.

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Las cooperativas de crédito siguen ahí.

Miércoles, 4 de abril de 2012

María Jesús Peñas Moyano

Tanto hablar de bancos y cajas de ahorros -de la desaparición de estas últimas concretamente- que nos olvidamos de la existencia de las cooperativas de crédito en nuestro país. Las cooperativas de crédito están resistiendo la crisis económica con cierta solvencia,  aunque no por ello dejan de estar inmersas también en procesos de concentración para aumentar su tamaño y reducir su número. El último ejemplo es la integración de Ipar Kutxa en Caja Laboral, dando lugar a la segunda cooperativa de crédito de España con unos activos de 25.500 millones de euros. El grupo cooperativo Cajamar es la primera cooperativa de crédito española con unos activos de 38.000 millones. El sector tiene en total unos activos de 127.000 millones de euros, aproximadamente el 10% del PIB español, y está formado por 74 cooperativas, número que se ve reducido a 48 si se tienen en cuenta los grupos sometidos a consolidación contable. Estas cifran siguen poniendo de manifiesto la importancia y presencia de este tipo de entidades en el mercado financiero español y la necesidad de tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten a este mercado, como auténticas entidades de crédito que son reconocida en el artículo 2 de su Ley reguladora, la  Ley 13/1989, de 26 de mayo,  que dispone que “también les serán de aplicación las normas que con carácter general regulan las entidades de crédito” e igualmente, el artículo 38 de su Reglamento 84/1993, de 22 de enero, establece que “será de aplicación a las cooperativas de crédito la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito”.

No se puede olvidar, sin embargo, su pertenencia al sector de la llamada Economía social o Tercer sector, por diversos rasgos presentes en estas entidades, entre los que destacan los criterios de atribución del beneficio, así como la medida de los derechos políticos y económicos de los socios que no están ligados directamente a la posición del capital, ni a las aportaciones realizadas (obligatorias para el acceso a la entidad, pero con un límite máximo), así como también el hecho de que la toma de decisiones se basa en criterios cooperativos de democracia participativa.

Pues bien, este buen hacer de las cooperativas de crédito ha dado como resultado la presencia por primera vez de las cooperativas de crédito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, tendrán por primera vez en la historia un vocal en el Comité Consultivo de la CNMV, puesto que ocupará la secretaria general de  la patronal, la Unión Nacional de cooperativas de crédito (Unacc), y como suplente ha sido nombrada su directora financiera.

El Real Decreto 303/2012 del pasado 3 de febrero, a la hora de reestructurar este comité del organismo supervisor tuvo en cuenta la situación mencionada y procedió a su incorporación. Se trata de adecuar la composición de este órgano no en este caso, y como dice la exposición de motivos, a la aparición de nuevos sujetos en los mercados de valores, pues las cooperativas de créditos tienen presencia ya lejana en nuestro país sino, seguramente, la incorporación obedece a la necesidad de presencia de expertos de diversos ámbitos profesionales además de garantizar la representatividad de este órgano consultivo.

 

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