Artículos publicados en noviembre, 2011

Los milagros no existen… pero son muy rentables

Martes, 29 de noviembre de 2011

Juan José Alonso Bezos

(Responsable de producto del Área de

Derecho Mercantil de Lex Nova)

¿Quién no ha oído hablar de unas pulseras milagrosas que mejoran nuestro equilibrio, fuerza y flexibilidad? ¿Quién no conoce a alguien que tenga una de esas pulseras y que, además, jure y perjure que se siente mucho mejor? Pues nada de nada. Todo ha resultado ser –para sorpresa de muy pocos– una estafa, un timo millonario con el que, sólo en España, la compañía Power Balance, se ha embolsado 10 millones de euros.

Afortunadamente, parece que a los hermanos Rodarmel (fundadores de Power Balance) se les ha acabado el chollo. El pasado lunes 21 de noviembre de 2011, la web de noticias TMZ filtraba el acuerdo al que habrían llegado los abogados de aquellos y los de los consumidores, quienes presentaron en 2010 una denuncia colectiva por publicidad engañosa: 57,5 millones de dólares. Esta denuncia ya obligó a los hermanos Rodarmel  a emitir, en diciembre del año pasado, el siguiente comunicado:

Hemos asegurado en nuestra publicidad que las pulseras Power Balance mejoran la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad. Admitimos que no hay pruebas científicas creíbles que apoyen nuestras afirmaciones y, por tanto, hemos incurrido en conducta engañosa en contra de la sección 52 de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974. Si usted siente que ha sido engañado por nuestras promociones, queremos pedirle disculpas sin reservas y ofrecerle un reembolso completo.

Un día después, el 22 de noviembre de 2011, la compañía reconocía, a través de un comunicado, que se acoge a la Ley de Bancarrotas (algo parecido a lo que en España conocemos como Ley Concursal).

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¿Ampara la normativa de consumidores lucrarse de forma ilícita por error?

Miércoles, 23 de noviembre de 2011

Benjamín Peñas Moyano

En el año 2005, un error tipográfico permitió a una mujer adquirir un coche de lujo por 9000 euros, consiguiendo una rebaja del 80 % respecto de su precio original, que ascendía a 45000 euros. La mujer recibió en su domicilio un folleto en el que se ofertaba un coche de lujo por 9000 euros, por lo que acudió al concesionario para adquirir uno de estos vehículos, donde los empleados le dijeron que evidentemente se trataba de un error tipográfico en la edición. Los empleados del concesionario, adherido al sistema arbitral de consumo, restaron además importancia al precio que figuraba en la publicidad y respondieron a la mujer que nadie que conociera mínimamente el mercado podía dar credibilidad a semejante descuento. Ante esta respuesta la mujer decidió acudir al arbitraje de consumidores para solicitar su mediación. En el laudo arbitral se estableció que el concesionario debía vender el coche a la mujer por el importe publicitado, ya que al buzoneo de la publicidad errónea no siguió otro avisando del error ni tampoco se expuso ningún cartel en el comercio en el que se alertara de la errata. Además, el colegio arbitral apuntó que la publicidad objeto de la reclamación no incluía ninguna leyenda que avisara de la posible existencia de errores tipográficos.

El 6 de noviembre de 2009, por medio de la tienda virtual www.redcoon.es,  cuyo proveedor es la mercantil Redcoon Electronic trade SL, una persona realizó el pedido de dos unidades de portátil MAC Apple Macbook 13 2.26-Set 2 por importe de 97,97 euros. El 9 de noviembre, Redcoon Electronic trade SL se puso en contacto telefónico con la parte compradora indicándole que existió un error en el precio publicado de los productos que compró, ya que su precio era muy superior, aproximadamente 1000 euros, negándose a tramitar el pedido, a lo que la parte compradora respondió indicando su deseo de que el pedido fuera tramitado conforme a las condiciones pactadas. Ante la nueva negativa de la empresa proveedora realizada por correo electrónico, la parte compradora ejercitó una acción de cumplimiento de contrato de compraventa. El juzgado de primera instancia número 6 de Badalona, en sentencia número 106/2011, de 8 de junio, destacó que la parte demandada había procedido de modo inmediato a ponerse en contacto con los diferentes clientes para comunicarles el error sufrido, tal como se acredita por el hecho de que la compra se realizó el 6 de noviembre de 2009 y se comunicó el error el 9 de ese mismo mes, por lo que ningún perjuicio se pudo causar al adquirente. Según el juez, la parte compradora había actuado en claro abuso del derecho, por cuanto atendido el precio ridículo por el cual pretendía adquirir los ordenadores, resultaba evidente que, consciente de ello, se estaba aprovechando del error manifiesto sufrido por el oferente.

Realmente, no parece que entre uno y otro supuesto haya mucha diferencia, porque tanto en un supuesto como en el otro la parte compradora sin duda se estaba aprovechando del error manifiesto sufrido por el oferente. No obstante, parece que la diferencia fundamental radica en que el oferente con celeridad se preocupe de avisar del error y corregirlo; eso evitará que alguien pueda lucrarse por el error cometido por otro en su publicidad. Claro aviso, por lo tanto, para los comerciantes y sus prácticas comerciales a través de la publicidad. No avisar ni corregir con rapidez los errores en el precio de los productos ofertados puede resultar muy caro a los comerciantes.

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El Consorcio de Compensación de Seguros y la AEMET colaborarán en la calificación de riesgos extraordinarios

Lunes, 14 de noviembre de 2011

María Jesús Peñas Moyano

La modificación del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el Real Decreto 1386/2011, de 14 de octubre, tiene por objeto redefinir el concepto de tempestad ciclónica atípica así como delimitar el ámbito geográfico de la afectación de esta inclemencia climatológica mediante la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología.

La experiencia adquirida por el Consorcio de Compensación de Seguros desde el año 2004, año en que se aprobó el Reglamento, en la tramitación de fenómenos considerados como tempestad ciclónica atípica -en particular, la tormenta Klaus, en enero de 2009 y los vientos ciclónicos que tuvieron lugar en las islas Canarias en noviembre de 2010- ha motivado esta modificación en materia de riesgos extraordinarios. Teniendo en cuenta que este riesgo es el único que requiere la superación de determinados umbrales que deben ser correctamente contrastados, su tramitación requiere necesariamente la intervención del órgano experto en la materia, la Agencia Estatal de Meteorología, y de otros servicios de meteorología en el ámbito autonómico, dado el carácter local con el que normalmente se presentan este tipo de fenómenos y la necesidad del estudio de sus características y efectos sobre el terreno  en el que este fenómeno meteorológico puede producir.

En la redacción anterior de la norma no se hacía ninguna mención a esta colaboración entre el Consorcio de Compensación de Seguros y la Agencia Estatal de  Meteorología, al no recogerse por escrito en su momento, lo que ha venido generando problemas y retrasos en la resolución de las siniestralidades producidas por encima de lo que viene a ser habitual para la resolución de otro tipo de fenómenos y, que con la modificación que ahora tiene lugar en la norma señalada, se pretenden solucionar, evitándose las posibles discrepancias y aportando mayor seguridad jurídica en la determinación de este tipo de fenómenos. Se procede además a una delimitación del fenómeno para que puedan tener cabida en él un mayor número de supuestos que generan consecuencias económicas perjudiciales.

Es por ello por lo que en la delimitación del fenómeno citado se contempla la reducción, cuando se trate de vientos extraordinarios, de los 135 kilómetrosactuales a 120 kilómetros, y se añade el párrafo que a continuación reproducimos para evitar los problemas a los que se ha hecho mención:

Con objeto de la delimitación geográfica del área de afectación del fenómeno meteorológico descrito el Consorcio de Compensación de Seguros facilitará a la Agencia Estatalde Meteorología cuantas mediciones ajenas a la misma reciba o pueda recabar, a efectos de su contraste con la Agencia, y solicitará de la misma la colaboración en la referida geográfica mediante la extrapolación, con los criterios científicos más avanzados, de las mediciones existentes, de forma que se procure la mayor homogeneidad posible en la definición del área, y se evite la exclusión de puntos aislados respecto de los que exista  una duda razonable, incluso aunque pudieran carecer de mediación específica, tomando para ello en consideración las registradas en los municipios limítrofes y, en su caso, los colindantes con estos.

Es una buena noticia que se proceda a esta colaboración. Sin embargo, es algo que ya debería haberse producido hace tiempo y que debe extenderse a otras áreas que queden afectadas por riesgos extraordinarios, ahora que en nuestro país se producen terremotos y estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo volcán.

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Nueva normativa de protección del cliente bancario

Viernes, 4 de noviembre de 2011

Chiste de Forges sobre créditosDebido, por un lado, a los avances de la regulación acometidos en áreas como

Y, por otro, a causa de la enorme transformación que la comercialización de servicios bancarios ha experimentado desde los primeros años noventa hasta la actualidad, transformación estrechamente vinculada a circunstancias como

  • la enorme expansión del crédito, especialmente hipotecario,
  • el aumento y completa generalización del acceso minorista a los servicios bancarios,
  • la aparición de nuevos instrumentos financieros de creciente complejidad,
  • la difusión del empleo de las nuevas tecnologías en las relaciones con los clientes y también
  • la profunda crisis del sector financiero durante los años más recientes,

la normativa común o general de transparencia española dirigida a la protección del cliente bancario, integrada por la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito y la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, ha quedado obsoleta, lo que resulta de todo punto injustificable.

De ahí el dictado de la presente Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (BOE del 29), que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, y que ha sido dictada en virtud de la habilitación concedida por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, a la Ministra de Economía y Hacienda, concediéndole un plazo de seis meses, para aprobar las normas necesarias para garantizar el adecuado nivel de protección de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito.

La presente orden viene a cumplir un triple objetivo.

  1. De un lado, concentrar en un único texto la normativa básica de transparencia de modo que, de manera sistemática e ilustrativa, la propia codificación de la materia mejore por sí misma su claridad y accesibilidad para el ciudadano, superando la actual dispersión normativa.
  2. En segundo lugar, trata de actualizar el conjunto de las previsiones relativas a la protección del cliente bancario, al objeto de racionalizar, mejorar y aumentar donde resultaba imprescindible, las obligaciones de transparencia y conducta de las entidades de crédito.
  3. Y, finalmente, desarrolla los principios generales previstos en la Ley de Economía Sostenible en lo que se refiere al préstamo responsable, de modo que se introducen las obligaciones correspondientes para que el sector financiero español, en beneficio de los clientes y de la estabilidad del mercado, mejore los niveles prudenciales en la concesión de este tipo de operaciones.

Adicionalmente, la norma aborda otras áreas también sustanciales entre las que cabe destacar las tres siguientes. En primer lugar, se aborda el desarrollo específico de la normativa de transparencia del préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda a efectos de sustituir la regulación anterior, de 1994.

También se refuerza específicamente la transparencia en lo que se refiere a determinados servicios: las cláusulas suelo o techo, los instrumentos financieros de cobertura del tipo de interés o lo que se refiere a la hipoteca inversa.

Y, finalmente, la norma también regula los que serán tipos de interés oficiales conforme a la habilitación incluida en el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Con la entrada en vigor de la norma esperamos que se mejore la transparencia en el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y se logre así un marco adecuado de protección para los clientes que, limitando los efectos de la asimetría de información, les permita adoptar sus decisiones económicas de la forma más conveniente.

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