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Vía libre al arbitraje societario

Miércoles, 22 de junio de 2011

María Jesús Peñas Moyano

El pasado 21 de mayo se publicó en el BOE la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración general del Estado. La reforma realizada contempla de modo expreso, al introducir un nuevo artículo 11 bis, la previsión de que las sociedades mercantiles puedan someter a arbitraje sus controversias.

Corte de Arbitraje de la Camara de Comercio de ToledoLa nueva norma puede contemplarse como un importante acercamiento hacia la clase empresarial permitiendo dejar a un lado los largos y rígidos litigios ante los tribunales. Además este espaldarazo a las instituciones arbitrales implica evitar una publicidad que tampoco es deseada, ya que el arbitraje es confidencial. No debe olvidarse sin embargo que recurrir a estos mecanismos también puede suponer un mayor coste económico para las partes.

Para adoptar esta solución extrajudicial se ha rechazado finalmente, como no podía ser  de otro modo, el recurso a la unanimidad para introducir la correspondiente cláusula en los estatutos de sumisión a arbitraje mediante su modificación. De este modo el requerimiento ha quedado en una mayoría legal reforzada equivalente al voto favorable de, al menos, las dos terceras partes de las acciones o participaciones en que se divida el capital social.

Esta solución positiva puede suponer algún perjuicio para las minorías disconformes con el acuerdo de modificación de los estatutos en este sentido. Por ello tal vez hubiera resultado oportuno añadir algún mecanismo corrector de esta situación como, por ejemplo, introducir un derecho de separación expreso, aunque siempre queda abierta la posibilidad de incluirla como causa estatutaria de separación con el consentimiento de todos los socios conforme lo dispuesto por el artículo 347 del Texto Refundido de Ley de sociedades de capital.

Del mismo modo, el párrafo 3 de este nuevo artículo 11 bis permite que los estatutos puedan establecer que la impugnación de los acuerdos por los socios o por los administradores quede sometida a arbitraje, así como el número de árbitros y su designación, encomendándose estas labores a una administración arbitral, lo que viene a ratificar, aunque de un modo ciertamente confuso, la elección de la norma por un arbitraje institucionalizado, dejando al lado el arbitraje ad hoc.

La confusión deriva de la posible interpretación que puede realizarse del párrafo en el sentido de considerar que solo en este supuesto—impugnación de los acuerdos sociales— y no con carácter general, la administración del arbitraje y la designación de los árbitros debe encomendarse forzosamente a una institución arbitral, mientras que en el resto de supuestos, la situación puede ser diversa. La norma debería haber sido más clara en este sentido para evitar posible conflictos de interpretación que seguramente van a surgir.

Manos firmando un documentoLa reforma ha añadido también un artículo 11 ter por el que se establece la anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles. Se establece que el laudo que declare la nulidad de un acuerdo inscribible deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, y publicarse un extracto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, determinando con ello la cancelación de la inscripción del acuerdo impugnado por el laudo y la de los asientos posteriores que resultasen contradictorios con tal declaración.


Resolución extrajudicial de conflictos, Sociedades

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