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La Ley de Economía Social: un reconocimiento legislativo de la utilidad social del tercer sector

Miércoles, 6 de abril de 2011

Hoy contamos con la opinión del profesor de Derecho Mercantil
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid

Luís Ángel Sánchez Pachón

unión de manos (solidaridad)El BOE del pasado 30 de marzo publicó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. La nueva Ley, que entrará en vigor el próximo 30 de abril, es el resultado de un proceso que tiene sus antecedentes, fundamentalmente, en el texto preparado por una Comisión de Expertos independientes designada por el Consejo de Fomento de la Economía Social y en la propuesta de texto articulado realizada por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES). En su aprobación ha contado con el voto unánime de todo el Senado y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados (326 votos a favor, una única abstención y ningún voto en contra), lo que no deja de ser significativo, particularmente, en momentos de crispación parlamentaria como los que vivimos.

La nueva Ley de economía social supone un paso muy importante en el reconocimiento institucional de la economía social en España. En el ámbito científico, social y político existe un amplio consenso en el reconocimiento del valor social añadido que aporta la economía social: cohesión social, empleo, generación y mantenimiento de tejido social y económico, desarrollo de la democracia, innovación social, desarrollo local, economía no especulativa etc.

La realidad socioeconómica nos muestra empresas y organizaciones privadas que ejercen una forma, un enfoque, un modelo diferente de empresa. Lógico es que estos agentes obtengan “su visibilidad”, su reconocimiento institucionalidad. Un reconocimiento que se propugna también en la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 (DOUE, C, de 25 de marzo 2010) sobre Economía Social, que vino a recoger lo que se proponía en el Informe del Parlamento Europeo (Comisión de Empleo y Asuntos Sociales) sobre Economía Social, conocido como Informe Toia.

En la configuración del marco jurídico del sector de la economía social que la Ley pretende, se define la economía social y se establecen los principios que deben contemplar las entidades y empresas de economía social. Se reconocen como entidades de economía social —aunque para ello en nada se varíe su régimen específico— las siguientes:

  • Portada del informe de CEPES sobre empresas relevantes de la Economía Socialcooperativas
  • mutualidades
  • fundaciones
  • asociaciones con actividad económica
  • sociedades laborales
  • empresas de inserción
  • centros especiales de empleo
  • cofradías de pescadores
  • sociedades agrarias de transformación
  • entidades singulares (como la ONCE) y
  • las que funcionen conforme a los principios de la economía social.

Contempla también la Ley los mecanismos de interlocución de las organizaciones representativas de la economía social con los poderes públicos. En fin, la Ley reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de economía social y de sus organizaciones representativas.

venta de productos de una cooperativaProbablemente el sistema elegido en la delimitación de las entidades y organizaciones de la economía social no dejará de ser problemático, y seguramente se echará en falta un mayor compromiso legislativo con el tercer sector, particularmente en el ámbito del fomento y promoción de la economía social.

Con todo, no cabe duda de que la Ley constituye un elemento significativo en el reconocimiento del valor social añadido que aporta la economía social, y ofrece la oportunidad de impulsar la consolidación de la economía social como sector institucional de nuestro sistema económico. Se trataría, por lo demás, de la primera Ley de estas características que se aprueba en el ámbito europeo, que quizá pueda servir de referente y —se ha dicho— generar marcos similares que contribuyan a reconocer a la Economía Social como un actor económico y social que debe ser tenido en cuenta en la definición de políticas públicas.

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