Artículos publicados en marzo, 2011

La Ley de Economía Sostenible y la protección de los clientes/usuarios de servicios financieros

Miércoles, 30 de marzo de 2011

Mano firmando un documentoMaría Jesús Peñas Moyano

Entre las numerosas y variadas reformas que la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha supuesto, destacamos ahora el afán de la norma a por ofrecer una protección mejor y más amplia para los clientes de servicios financieros en general y para un segmento de estos clientes que la Ley denomina usuarios de servicios financieros.

En el primer caso, se ha procedido a la derogación del Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprobaba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, reconduciendo esta protección a los servicios de reclamaciones del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros, como de hecho estaba ya sucediendo puesto que los Comisionados no han llegado nunca a tener una plasmación en la práctica.

Por su parte, el artículo 29 de la Ley 2/2011 regula lo que denomina responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de servicios financieros en un intento de ofrecer mayores garantías para los consumidores de este tipo de productos a través de la imposición de un conjunto de obligaciones para las entidades de crédito que, desde un punto de vista general, se centran en la necesidad de

  • evaluar la solvencia del potencial prestatario,
  • llevar a cabo prácticas para la concesión responsable de tales créditos o préstamos,
  • reforzar la información que las entidades de crédito han de aportar y
  • dar una asistencia apropiada al consumidor.

Destacamos, en particular, cómo las entidades de crédito han de facilitar, de un modo accesible y, en especial, a través de una oportuna información precontractual

«las explicaciones adecuadas para que puedan evaluar si todos los productos bancarios que les ofrecen, en particular los depósitos a plazo y los créditos o préstamos hipotecarios o personales, se ajustan a sus intereses, necesidades y a su situación financiera, haciendo especial referencia a las características esenciales de dichos productos y los efectos específicos que puedan tener sobre el consumidor, en especial las consecuencias en caso de impago»

pues también las normas dirigidas a promover las prácticas de concesión responsable de préstamos o créditos podrán incluir las que favorezcan una adecuada atención a los ingresos de los consumidores en relación con los compromisos que adquieran a la hora de recibir el préstamo.

Tres personas sentadas en una mesa negociandoRealmente la lectura de este apartado del precepto podría ser elogiable sino fuera porque se podría llegar a pensar que estas obligaciones no existían en absoluto con anterioridad a su recogida por la norma, produciéndose la vaga sospecha de que antes de la misma las entidades de crédito no atendían para nada a estas consideraciones, de tal modo que se pueden encontrar aquí las explicaciones pertinentes al por qué de la celebración de operaciones que, en realidad, nunca deberían haberse llevado a cabo.

El sector de los servicios financieros es un sector muy cualificado, es cierto, pero ya existían en el Ordenamiento jurídico español normas suficientes para lograr al menos parte de estos objetivos sin necesidad de que el legislador esté recordando a las empresas cómo deben actuar frente a los consumidores en sectores concretos. Las normas generales han de cumplir su función y hay que ser muy cuidadoso con las reiteraciones y matizaciones que se realizan legalmente, como es el caso, para no generar impresiones como la que a nosotros nos ha producido esta norma.

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La Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España

Miércoles, 23 de marzo de 2011

Hoy contamos con la opinión del profesor de Derecho Mercantil
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid

Luís Ángel Sánchez Pachón

El pasado 8 de marzo el BOE publicó la Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España, que entrará en vigor, conforme a su disposición final tercera, el próximo 9 de abril.

La nueva Ley ha venido a implementar los aspectos diferidos por el Reglamento (CE) núm. 1435/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003, que regula la Sociedad Cooperativa Europea; norma ésta que contempla los aspectos societarios de la cooperativa de dimensión europea y que junto con la Directiva 2003/72/CE del Consejo, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, también de 22 de julio e incorporada al Derecho español mediante la Ley 31/2006, de 18 de octubre, conforman el estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE).

Matrícula de vehículo con el número de la Ley 3/2011 y las siglas SCE

La Ley española permite la constitución de la SCE en España y clarifica las cuestiones referentes al sistema normativo, regularización, inscripción y publicación de actos, traslado a otro Estado miembro y oposición al mismo, peculiaridades específicas en relación con la fusión y transformación, opciones en el sistema de administración. Resuelve así con soltura las dificultades que, particularmente para la pluralidad normativa Española, supone la frecuente remisión del Reglamento europeo a la legislación cooperativa de los Estados.

Pero, quizá, lo más importante de la Ley sea el reconocimiento de este tipo societario en España y lo que ello significa. La SCE domiciliada en España se nos ofrece como un nuevo instrumento normativo de integración y colaboración cooperativa; como un nuevo instrumento al servicio de las vinculaciones transfronterizas de las sociedades cooperativas, pero también como una fórmula cooperativa de colaboración económica entre distintos operadores económicos europeos. Fórmula cooperativa en la que no podrá faltar el respeto a los principios cooperativos en la organización y desarrollo de las actividades transnacionales.

En un escenario de crisis económica en el que se tienen que desenvolver las empresas –también las cooperativas- recobran interés las estrategias empresariales ligadas a fenómenos de integración y colaboración. De ahí la utilidad que presenta la SCE como instrumento para integrar, para dimensionar, para colaborar, en el particularmente diseminado sector cooperativista español.

La SCE se nos ofrece –lo recoge también el Preámbulo- como un instrumento en el ámbito societario que permitirá mejorar la situación económica y social en el conjunto de la Unión Europea, reduciendo obstáculos, potenciando el desarrollo entre regiones y Estados a través de la fórmula cooperativa, sin necesidad de crear otras sociedades mercantiles para desarrollar actividades transfronterizas. La SCE podrá suplir las insuficiencias de otros tipos societarios (Sociedad Anónima Europea; Agrupación Europea de Interés Económico) dando respuesta a las legítimas pretensiones de actuación supranacional de las cooperativas o de otros operadores económicos a través de fórmulas cooperativas.

La SCE domiciliada en España permitirá, por ejemplo, no sólo la concentración o fusión de cooperativas de gran envergadura sino también de microempresas, o la unión de personas físicas o jurídicas de distintos Estados a través de manos uniendo dos piezas de puzlela constitución de una SCE.

El éxito de la figura que, ciertamente, no está exenta de agoreros, lo decidirán los operadores económicos, pero tampoco está demás recordar el deber constitucional (art. 129.2 Constitución Española) que incumbe a los poderes públicos de fomento y promoción de la sociedad cooperativa, también –se entiende- de la Europea con domicilio en España.

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Ayudar a las PYMEs a adaptarse a los cambios en los mercados mundiales

Miércoles, 16 de marzo de 2011

logo pymesBenjamín Peñas Moyano

Las pequeñas y medianas empresas —pymes— forman la columna vertebral de la economía de la Unión Europea, y contribuyen definitivamente al desarrollo de una economía europea competitiva e innovadora. Son 23 millones las existentes en ese ámbito geográfico y emplean a dos tercios de los trabajadores del sector privado.

Pero, son pocas las pymes de la Unión Europea que exportan o compran en el extranjero, pues forman un grupo heterogéneo y muchas no cuentan con la capacidad y los recursos para operar en los mercados mundiales, enfrentándose a importantes obstáculos a la exportación y a la compra en el exterior, tales como la carencia de conocimiento de los mercados extranjeros, la existencia de aranceles a la importación en los países de destino y la falta de capital suficiente para afrontar ese desafío internacional.

En todo caso, de lo que no cabe duda alguna es de que la globalización y la internacionalización revisten una importancia esencial para las pymes, incluso para las que únicamente operan  en los mercados locales y regionales.

De ahí la importancia del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Como ayudar a las PYME a adaptarse a los cambios en los mercados mundiales» , que dirigido a las instituciones de la Unión Europea, a los Estados Miembros, a las pymes y a sus asociaciones y a la sociedad civil organizada de la Unión Europea, establece ocho recomendaciones de apoyo a las pymes en materia de exportación y en la política destinada a ayudarlas a gestionar bien los cambios en los mercados mundiales.

Entre esas recomendaciones destacan las siguientes: que las medidas de apoyo a las empresas deberían ayudar a los empresarios a afrontar los cambios en los mercados mundiales, pero no deberían ni sustituir la propia decisión del empresario, ni proteger a éste del riesgo derivado de su decisión, pues es fácil darse cuenta de que los incentivos a la exportación pueden ser extremadamente perjudiciales, al falsear las condiciones del mercado y animar a las empresas a asumir riesgos que no están capacitadas para gestionar.

La recomendación consistente en reducir los obstáculos al comercio, siendo la mejor respuesta política la consistente en garantizar que la actividad de las empresas capaces de exportar no se vea dificultada por barreras arancelarias o no arancelarias.

El fomento de la competitividad comercial incrementando la calidad es otra de las recomendaciones del dictamen: se trataría de sensibilizar a los mercados de terceros países de la alta calidad de los productos de la Unión Europea, algo lógico pues todas las empresas que empiezan a comerciar desde el territorio de la Unión Europea están obligadas a cumplir las normas más exigentes en materia de seguridad para el consumidor, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad medioambiental.

Otra recomendación consistiría en garantizar que las pymes puedan encontrar en el mercado laboral una mano de obra cualificada y comprometida.

Bandera oficial de la UETodo lo mencionado quizás debería enmarcarse en la recomendación consistente en adaptar las políticas a las necesidades reales de las pymes, porque es un hecho indiscutido que queda mucho por hacer para aproximar la política a las necesidades de las pymes, al existir divergencia entre lo experimentado por las pymes en relación a los obstáculos a la internacionalización y la percepción de estos últimos por los responsables políticos.

Si la Unión Europea hablara con una sola voz ante las instituciones financieras internacionales y en relación con el euro, y si aplicara políticas industriales, económicas y comerciales más coherentes y coordinadas a nivel mundial, pymes y Estados miembros se verían sin duda muy beneficiados.

 

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Tiempo de reformas en el Derecho mercantil

Miércoles, 9 de marzo de 2011

Estantes de bibliotecaMaría Jesús Peñas Moyano

Quienes dedicamos gran parte de nuestro tiempo diario al estudio del Derecho Mercantil siempre hemos considerado, y aceptado en cierto modo, que esta disciplina está sometida a cambios frecuentes, por no decir constantes. Sin embargo, a lo largo de los últimos años ha habido momentos en los que este afán reformador ha destacado por su especial intensidad y puede decirse que ahora mismo estamos en unos de esos momentos en los que sea acumulan gran cantidad de reformas, algunas ya hechas, otras en proceso, otras más iniciando su gestación.

Realizando únicamente una selección de textos a tener en cuenta, sin clasificar por categorías, algunos publicados recientemente, otros que están por publicar, o los anteproyectos o proyectos en marcha, resulta suficiente para superar el contenido de este post.

Señalamos en primer lugar por su magnitud reformadora, la Ley de economía sostenible, recientemente publicada en el BOE, cuya lista de normas mercantiles que son objeto de reforma no podemos reproducir aquí, pero sí podemos decir que son aproximadamente veinte los textos retocados.

Por su importancia, destacamos que también está en marcha la reforma del Reglamento del Registro Mercantil como consecuencia de la necesaria adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.

En el apartado de los proyectos de Ley mencionamos, entre otros

También cabe mencionar algunos más específicos y parciales, de nombre interminable y difícil de recordar, como

  • el proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital e incorporación a la directiva 2007/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, o
  • el proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.

Y si hablamos ya de anteproyectos, otra modificación importante que ha de tenerse en cuenta es el anteproyecto de reforma de la Ley concursal que actualiza la Ley 22/2003; además de los anteproyectos de Ley de contrato de seguro y de supervisión de entidades aseguradoras en un sector jurídico en revisión como es el Derecho del seguro.

El Congreso de los Diputados (hemiciclo)Esta relación pretende ser solo una pequeña muestra de la situación de cambio incesante que vive la legislación mercantil, siempre en movimiento, siempre digiriendo las reformas que se producen. Pero a veces la dificultad no solo consiste en ir atendiendo cada una de ellas en el orden que se producen, sino en la capacidad poder actuar como un malabarista que no puede permitirse dejar caer ninguna de sus mazas para no estropear el espectáculo.

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La Responsabilidad Social Corporativa (2)

Miércoles, 2 de marzo de 2011

Benjamín Peñas Moyano

Hace un par de semanas, en la primera entrega de este tema, defendíamos que las empresas no tienen como única responsabilidad social el aumento de ganancias, sino que debían demostrar su compromiso con el entorno en el que realizan su actividad, considerando el componente social que la propiedad de las acciones lleva consigo e integrando voluntariamente en su gestión aspectos sociales y medioambientales.

Lo expuesto puede hacer pensar a muchos que introducir en las empresas aspectos de Buen Gobierno y de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desvía a las mismas de su objetivo único y último, que sería el de maximizar el beneficio de los inversores, constituyendo por ello el Buen Gobierno y la RSC un auténtico despilfarro.

gráfico sobre las áreas de influencia de la empresaEn mi opinión, los que así piensan están profundamente equivocados, y no sólo desde la perspectiva puramente ética, pues evidentemente desconocen los compromisos que las empresas adquieren con la sociedad de la que toman todo aquello que necesitan, sino que también lo están desde el punto de vista puramente económico, pues la consideración del componente social de la propiedad de las acciones, así como la integración voluntaria por las empresas de aspectos sociales y medioambientales, no tiene por qué ser incompatible con la creación de valor, ya que el buen gobierno de la empresa, como complejo proceso de negociación que busca resolver conflictos y persigue un equilibrio entre los intereses de diversos grupos humanos, a su vez repercute sobre la viabilidad de la actividad empresarial, al reducir sus riesgos y mejorar su reputación.

En definitiva, las concepciones centradas en la responsabilidad corporativa tienen en cuenta que la responsabilidad empresarial no sólo se identifica con la protección de los accionistas e inversores, sino con un conjunto más amplio de interesados, lo que nos permite definir la RSC como la contribución activa y voluntaria de las empresas al logro de mejoras sociales, económicas y ambientales con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa. Por ello, integrar la Responsabilidad Social Corporativa en la empresa es, sin duda, un buen negocio, pues le permitirá incrementar su cuota de mercado.

Pero las críticas, procedentes sobre todo de los ejecutivos estadounidenses, a la integración de la RSC en la gestión empresarial, no solamente han sido aquellas que la consideran un despilfarro económico. También se ha incidido en la falta de coherencia de los consumidores y clientes, poco dispuestos a asumir, aunque sea parcialmente, el coste económico de la aplicación de la RSC, pues sus principios morales cederían finalmente ante la posibilidad de ahorrar en la adquisición de bienes y servicios.

Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con esta última afirmación, en el sentido de que considero que el consumidor no renuncia fácilmente a sus principios morales por un ahorro en su decisión final de compra; lo que ocurre es que en muchas ocasiones el consumidor no llega a percibir los esfuerzos de las empresas por incorporar a su gestión la RSC, y en otras ocasiones desconfía de la verdadera implantación de la misma.

Logo certificación RS10 AENORPor ello, para todos los que están pendientes de estas cuestiones, es un motivo de satisfacción saber que AENOR ha establecido una certificación llamada RS10, que acredita el compromiso de las empresas con la sociedad, al certificar a aquellas que de manera voluntaria cuentan con un sistema de gestión acorde a las necesidades y exigencias de la Responsabilidad Social Corporativa.

Este sello de calidad permitirá a los competidores, a los consumidores y la sociedad en su conjunto, tener la seguridad y certeza, al relacionarse con una empresa, de que cumple con los requisitos de RSC.

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