Artículos publicados en febrero, 2011

Otra vuelta de tuerca (¿será la última?)

Miércoles, 23 de febrero de 2011

María Jesús Peñas Moyano

El sábado 19 de enero se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley para el reforzamiento del sistema financiero que fija los nuevos requisitos de capital exigibles a las entidades financieras, en línea con las exigencias planteadas por Basilea III, que deben entrar en vigor en el año 2013, y reforma el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para adecuar su estructura a las necesidades que han surgido.

llave apretando tuercaLa nueva norma ya en vigor desde el día siguiente de su publicación establece que las entidades españolas que necesiten ayuda pública para cumplir los requisitos recogidos en el Real Decreto-Ley tendrán 3 meses para convertirse en bancos, plazo que se amplía hasta los 13 meses, seis más de los inicialmente barajados, para aquellas entidades que planeen su salida a bolsa. Estas últimas entidades deberán presentar al menos un acuerdo de su junta o asamblea general en el que se recoja el calendario detallado del proceso y el haber otorgado mandato a una o varias empresas de servicios de inversión que asumirán la dirección de las operaciones.

Estas exigencias de capital de máxima calidad

  • capital,
  • reservas
  • primas de emisión,
  • ajustes positivos por valoración de activos financieros disponibles
  • participaciones representativas de intereses minoritarios,
  • adicionalmente los instrumentos suscritos por el FROB y
  • transitoriamente los instrumentos que hayan de convertirse en acciones antes del 2014 y que tengan una gran capacidad de absorción de pérdidas

son del 8% para las entidades que coticen y del 10% para las que no lo hagan, o bien superen el 20% de financiación mayorista (no se dice que es financiación mayorista) o que no hayan colocado el 20% de sus valores entre terceros.

Será el 10 de marzo próximo cuando entren en vigor los nuevos requerimientos de capital, fecha en la que el Banco de España comunicará a las diversas entidades su situación y sus necesidades de capital. A partir de aquí en el reducido plazo de 15 días deberán comunicar al supervisor bancario la estrategia que van a seguir, plan que deberá incluir las vías de captación de recursos y la salida a bolsa de las entidades. Si el plan recoge una solicitud de ayuda pública al FROB deberán comunicar también un plan de recapitalización en el plazo de un mes.

Las medidas a adoptar deberán estar ejecutadas el 30 de septiembre aunque con un margen de actuación. Así, las entidades deben preavisar con una antelación de 20 días su imposibilidad para cumplirlo, pero también el Banco de España podrá aprobar un aplazamiento por tres meses que en caso de una oferta pública de venta podrá ser hasta el primer trimestre de 2012.

señal de tráfico de estrechamiento de calzadaLa exposición de motivos del Real Decreto es tajante en este sentido: uno de los objetivos de la norma es acelerar la fase final de los procesos de reestructuración y, sin embargo, a reglón seguido también afirma que en el caso de las cajas de ahorros todo este proceso se compaginará con objetivo indispensable del mantenimiento de su obra social. Obra social que podrá después verse restringida si una vez finalizado el periodo transitorio se produce un incumplimiento del porcentaje de capital de máxima calidad en un 20 por ciento.

Llama la atención que se siga insistiendo en este dato cuando todo parece indicar un camino sin retorno para la mayor parte de las cajas de ahorros españolas que habrán de transformarse necesariamente para lograr la tan ansiada recapitalización.

Sin categoría

La Responsabilidad Social Corporativa (1)

Miércoles, 16 de febrero de 2011

¿Podemos en la actualidad compartir la idea “miltoniana” de que sólo existe una única responsabilidad social en las empresas, y ésta es la de aumentar sus ganancias? El análisis de cuestiones tales como el Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) nos lleva a responder decididamente no a la pregunta previamente formulada.

Efectivamente, el Gobierno Corporativo considera al inversor o accionista como el principal interesado en la gestión social, pero tiene también muy presente el componente social que la propiedad de las acciones lleva consigo, por lo que el Gobierno Corporativo debe tender a maximizar el valor de la inversión de los accionistas, pero al mismo tiempo debe tener un efecto redistributivo equilibrado entre los diversos interesados en la gestión social (proveedores, trabajadores, consumidores, sociedad en general).

Por su parte, la Responsabilidad Social Corporativa supone la integración voluntaria por parte de las empresas de los aspectos sociales y medioambientales, lo que influye en la mayoría de los parámetros de gestión y supone que la empresa no persiga un único objetivo supremo, es decir, el mayor valor actual para la empresa, sino múltiples objetivos, no siempre conciliables ni meramente económicos.

Si inicialmente el Gobierno Corporativo se centró en la transparencia de la organización interna de la empresa y de sus relaciones con el mercado, constituyendo los primeros Códigos de Buen Gobierno protocolos éticos generados para facilitar el aumento y la transparencia de la información de las empresas y la solución de conflictos entre los directivos y los accionistas, pasado el tiempo las prácticas de Buen Gobierno superaron ese ámbito inicial para abarcar otros ciertamente importantes, como evitar conflictos de interés entre la empresa y los empleados y garantizar a los mismos unos derechos laborales mínimos, cualquiera que sea el país en el que esté radicada la factoría, evitar que las empresas, sobre todo en países extranjeros, puedan conseguir contratos mediante sobornos y otras prácticas corruptas, exigir a los proveedores que integren políticas de sostenibilidad en sus procesos, el respeto al medio ambiente o evitar la actividad de la empresa en países que violan los derechos humanos y el Estado de Derecho.

artesana-india-pintandoAsí pues, la manifestación más elaborada del Buen Gobierno es la responsabilidad o el compromiso social de las empresas, o sea, la Responsabilidad Social Corporativa, pudiéndose por ello hablar de ciertas empresas como de “empresas socialmente responsables”, por integrar voluntariamente las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los diferentes interlocutores.

Por ello, a todos nos debería sentar bien el que la multinacional de las relaciones públicas Edelman, que realiza anualmente el Barómetro de Confianza que mide en 23 países los índices de confianza que la población tiene en el tejido empresarial (entre esos países están EEUU, Japón, China, India, Alemania, Canadá, Australia, Brasil Singapur, Italia, Reino Unido, México y otros tantos de evidente importancia), concluye en su informe que en estos temas España es el país más concienciado, ya que es el que muestra una mayor valoración de la Responsabilidad Social Corporativa y el que está menos dispuesto a aceptar que una empresa sólo persiga aumentar sus beneficios, descuidando su implicación en diversos objetivos aparentemente al margen de su actividad comercial.

conclusiones-españa-barometro-Edelman 2011

Sin categoría

Menos requisitos para las entidades de dinero electrónico

Miércoles, 9 de febrero de 2011

tecla de ordenador con el símbolo de euroMaría Jesús Peñas Moyano

Ya se está tramitando en el Congreso el Proyecto de Ley dinero electrónico que se presentó a primeros de año. En la exposición de motivos del Proyecto puede leerse que son tres los objetivos fundamentales que pueden identificarse en la presente Ley, de los cuales nos interesan los dos primeros:

«se trata de aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la norma. De esta forma, al aumentar la seguridad jurídica de los intervinientes en el mercado, se facilitará el acceso a la actividad de emisión de dinero electrónico y se estimulará la competencia en el sector».

Por otro lado la norma persigue el diseño de un régimen jurídico más proporcionado, de modo que se eliminan determinados requerimientos de las entidades de dinero electrónico que, por resultar demasiado onerosos para las entidades, se han revelado inadecuados en relación con los riesgos que su actividad puede potencialmente generar. No es preciso así, mantener a las entidades de dinero electrónico como una categoría adicional de entidad de crédito por lo que dejan de tener esta consideración.

Cuando se apruebe esta norma, por tanto, las entidades de dinero electrónico, conocidas por sus siglas (EDE) dejarán de formar parte de la lista del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1298/1986 que recoge las que se consideran entidades de crédito y, entre los requisitos que se relajan, destacamos por ejemplo la reducción de su capital social mínimo que desciende desde el millón de € a los 350.000 €. Todo ello en aras de estimular la creación de este tipo de entidades y fomentar la competencia en el sector.

En este sentido, la norma proyectada (que supone la incorporación al Derecho español de la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre de 2009 sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades) no deja de llamar la atención en los tiempos que corren donde todo es aumento de requisitos para acceder a la actividad y mantenerse en ella, en particular, para las entidades financieras. No hay más que prestar atención a los nuevos requerimientos de capital previstos para las cajas de ahorros españolas derivadas de las exigencias de Basilea III.

carrito de compra con el símbolo del explorerTambién llama la atención que frente a los procesos de concentración de entidades que se fomentan desde los espacios jurídicos y políticos para que sean menos y más fuertes en el mercado, se pretenda en el ámbito de las entidades de dinero electrónico una mayor presencia a través del incentivo de su creación.

Es cierto que se trata de dos tipos de entidades que no son comparables ni por su importancia económica ni por su actividad, pero también lo es que tratar de defender la seguridad jurídica de las partes a través de la relajación de los requisitos exigidos con anterioridad para fomentar la competencia, es un poco difícil de digerir.

Sin categoría

Cosas que interesa saber en relación a las rebajas

Miércoles, 2 de febrero de 2011

Benjamín Peñas Moyano

De acuerdo con la legislación estatal reguladora del comercio minorista (artículo 24 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista), se entiende que existe una venta en rebajas cuando los artículos objeto de la misma se ofertan, en el mismo establecimiento en el que se ejerce habitualmente la actividad comercial, a un precio inferior al fijado antes de dicha venta.

cartel de rebajasAhora estamos en plena temporada de rebajas, un periodo en el que tras los excesos navideños, cuando todo es pagado a precios normalmente superiores a los habituales, la gente nos lanzamos a comprar buscando el chollo y la oportunidad. Si se tienen las ideas claras sobre lo que se quiere adquirir, puede resultar muy rentable aprovechar este tiempo para hacernos con objetos que necesitamos o deseamos a precios muy atractivos, pero las encuestas revelan que un gran número de personas compran muchas cosas que no necesitan por el mero hecho de que están ofertados a un precio mucho menor que el que anteriormente tenían.

En definitiva, hay una vorágine de adquisiciones, y pocas precauciones por parte de los compradores, envueltos en el deseo casi irreprimible de gastar. Y ello hace que las temporadas de rebajas, sobre todo las de invierno, sean un campo abonado para los abusos al consumidor. De ahí que sea interesante tener las cosas claras.

Así, la normativa dispone que los artículos promocionados a través de la venta en rebajas no han de tener merma alguna en su calidad, por lo que queda especialmente prohibido ofertar, como rebajados, productos deteriorados; para ello ya existe la conocida como venta de saldos, tipo de venta que deberá anunciarse necesariamente con esa denominación (artículo 28 de la Ley 7/1996, de 15 de enero).

La venta en rebajas tampoco puede tener por objeto la venta de los artículos adquiridos o fabricados expresamente para tal fin. Por ello, las rebajas han de versar sobre aquellos productos puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad, debiendo haber estado incluidos durante el plazo mínimo de un mes en la oferta habitual de ventas del establecimiento.

Además, en las rebajas deberá figurar con claridad, en cada uno de los artículos con reducción del precio, el precio anterior junto con el precio reducido, entendiéndose por precio anterior el que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos durante un periodo continuado de al menos treinta días, en el curso de los seis meses precedentes. Es cierto, no obstante, que cuando se trate de una reducción porcentual de un conjunto de artículos, bastará con el anuncio genérico, sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo ofertado.

Si en el mismo establecimiento se ofertan artículos a precio normal y a precio reducido, unos y otros deberán estar suficientemente separados, de forma que no pueda, razonablemente, existir error entre los que son objeto de una y otra oferta, distinguiendo, en su caso, la existencia de rebajas.

apertura de centro comercial el primer día de rebajasY no olvidemos que si estimamos que nuestros derechos han sido violentados siempre podemos realizar una reclamación, y para eso están las conocidas como hojas de reclamaciones, que son el medio con el que cuenta el consumidor para hacer llegar a la Administración  Pública una queja en relación con un producto o un servicio que no cumple con los requisitos preestablecidos. Todos los establecimientos tienen la obligación de tenerlas y de anunciarlas mediante un cartel colocado en un lugar visible.

Pues nada, a disfrutar de las rebajas, pero siendo conscientes de que las mismas no pueden implicar la “rebaja” de los derechos de los consumidores.

Sin categoría