El derecho a la información en la adquisición de productos financieros

Viernes, 6 de noviembre de 2015

Adrián Pérez Arribas

http://avanzac.es/

 

El conflicto y drama de las participaciones preferentes y la deuda subordinada en nuestro país ha puesto sobre la palestra la importancia de ofrecer información pormenorizada a la clientela, por parte de las entidades financieras, en torno a las características y riesgos que presentan los productos que éstas comercializan. Se trata de una obligación legal, incumplida sistemáticamente durante años, que debe hacerse efectiva con carácter previo a la firma del correspondiente contrato y durante la misma.

 Legislación

Conviene recordar que la Directiva 2004/39 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID), persigue crear un mercado de valores europeo basado en dos principios fundamentales: la protección del inversor y la eficiencia de los mercados. La MIFID creará una regulación común para los sistemas financieros de los 28 estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, erige a la transparencia informativa como una de las columnas básicas del sistema. Por su parte, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, recoge en un anexo el Código General de Conducta de los Mercados de Valores.

El artículo 5 del Código establece: 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos…3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata”.

 La norma indica, igualmente, que la información a la clientela debe estar basada en criterios objetivos y ofrecerse con la máxima celeridad posible. Además, las entidades han de comunicar las vinculaciones económicas, o de cualquier otro tipo, que existan entre ellas y otras organizaciones que actúen de contrapartida.

El precepto 79 de la Ley del Mercado de Valores abunda en la cuestión: “Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios…”.Las entidades han de mantener correctamente informados y en todo momento a los consumidores. Las informaciones deben ser imparciales, claras y nunca engañosas.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, también aborda esta cuestión. El artículo 8 de este texto legal regula los derechos básicos de los consumidores y usuarios, entre los que se encuentran: “A) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. B) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos…D) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”.

 Preferentes y deuda subordinada

En el caso del escándalo por las preferentes y subordinadas, miles de clientes están ganando abrumadoramente sus demandas contra las entidades, porque no recibieron de éstas una información adecuada y real sobre los productos financieros que contrataron.

 

Los tribunales están entendiendo que una deficiente información antes de la firma de un contrato de preferentes supone un incumplimiento de tal trascendencia, que puede provocar la resolución de la relación contractual. La omisión de este deber a la hora de comercializar estos productos híbridos pone de manifiesto, igualmente, la insuficiencia de la actual normativa.

La mayoría de resoluciones judiciales sobre preferentes subrayan que las entidades financieras ofrecían, a sus clientes minoristas, productos complejos y de muy alto riesgo, sin informarles correctamente en torno a sus características. De esta forma, se incurría en un error por vicio en el consentimiento. Casi todas las sentencias declaran nulos los contratos suscritos, condenan a los bancos a devolver las cantidades íntegras invertidas y, además,obligan a abonar a éstos los intereses legales generados y las costas de los procesos.

Los jueces están poniendo énfasis en las relaciones de confianza que los afectados mantenían con sus entidades y en que éstas les ofrecían productos que no se correspondían con sus perfiles. Muchos damnificados ignoraban, por ejemplo, el carácter perpetuo de algunas relaciones o la vinculación de las mismas con la situación económica que atravesaba la entidad en cada momento.

En definitiva, las preferentes jamás debieron ofrecerse a inversores minoristas carentes de formación financiera y con un perfil conservador a la hora de asumir riesgos.

Ojalá que este drama social sirva para que el derecho/deber a la información en el sistema bancario comience a cumplirse escrupulosamente en las fases pre y contractual de cualquier producto financiero. Sólo así se estará cumpliendo con la ley, contribuyendo a la eficiencia de los mercados y protegiendo al inversor.

Bienvenida

Aspectos mercantiles de la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria

Miércoles, 22 de julio de 2015

Benjamín Peñas Moyano

El 3 de julio de 2015 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación (salvo en alguna de sus partes). Un texto ya previsto en la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Si tenemos en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil se publicó el 8 de enero del año 2000, y que se previó que entrase en vigor al año de su publicación en el BOE; y si tenemos también en cuenta que esa disposición final decimoctava de la Ley 1/2000 decía que en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley (o sea, desde el 8 de enero de 2001), el Gobierno debía remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria, nos queda muy claro el enorme retraso (más de una década) en la elaboración de dicho texto legal. Un retraso que el Preámbulo de la recién publicada Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria se ha cuidado muy mucho de no recordar, algo que tendría que haber hecho, aunque sólo fuese por “vergüenza torera”.

Con esta nueva Ley se separa la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, una jurisdicción voluntaria que ha estado regulada en nuestro país dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 1855, lo que realmente no se entendía porque constituye una materia que sin duda merecía un tratamiento legal diferenciado, como por cierto ya ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Según reza el Preámbulo de la Ley, la misma pretende “ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados”. “Se trata (…) de regular los expedientes de jurisdicción voluntaria de manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y cada vez más exigente con sus órganos públicos”.

Uno de los aspectos más destacables de esta nueva Ley es que, sobre todo por razones que tienen que ver con la búsqueda de la optimización de los recursos públicos disponibles, se ha optado por atribuir el conocimiento de un elevado número de materias tradicionalmente incluidas en el ámbito de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos que carecen de la potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Obviamente, estos profesionales del Derecho son funcionarios de elevado rango, cuentan con un gran prestigio y tienen un perfecto conocimiento del ordenamiento jurídico, por lo que, en consecuencia, con su admisión en el sistema de la jurisdicción voluntaria no se debería poner en absoluto en riesgo el cumplimiento de las garantías de tutela de los derechos e intereses afectados. Estimo, por el contrario, que esta manera de organizar la distribución de las tareas que caen en el ámbito de la jurisdicción voluntaria es inteligente a la vez que plenamente respetuosa con todos los intereses implicados, a riesgo únicamente de que en la práctica posterior se manifiesten disfunciones que sin duda podrán corregirse una vez constatadas, sin violentar el sistema instaurado.

Esa distribución de los actos de jurisdicción voluntaria entre diferentes operadores jurídicos ha tenido su reflejo en la estructura de la Ley, en el sentido de que en la misma se regulan los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial, habiéndose extraído de su articulado  la regulación de todos aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene fuera de la Administración de Justicia. Y así, teniendo en cuenta que la Ley de Jurisdicción Voluntaria integra sus preceptos en títulos y estos a su vez en capítulos (y ocasionalmente en secciones), el Título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil: exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disolución judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan aquellos que son atribuidos a los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartirán con los Registradores Mercantiles, como son la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento y revocación del liquidador, auditor o interventor. Y también se incluyen los expedientes de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio y el nombramiento de perito en los contratos de seguro, cuya competencia también está atribuida a los Notarios.

Obviamente, la regulación instaurada, por lo que respecta a la materia mercantil, ha necesitado además tanto de la derogación expresa de algunos preceptos (los artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque), como de la modificación de otros (artículo 40 del Código de Comercio, artículo 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, varios artículos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,  artículo sexto de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado la forma de Anónimas, Asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del Sindicato de Obligacionistas).

Y, como en muchas ocasiones ocurre, se ha aprovechado la ocasión para reformar otras materias, como los artículos 19, 141 y 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aunque no guarden relación directa con la materia regulada en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.

jurisdicción voluntaria

Las reformas en Derecho del seguro ya están aquí

Martes, 21 de julio de 2015

María Jesús Peñas Moyano

A pesar de que el gran grueso de la reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2016, ya se ha publicado en el BOE núm. 168 de 15 de julio, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) y se ponen en marcha los engranajes para que las entidades aseguradoras puedan adaptar su funcionamiento y sus productos a la nueva normativa. Efectivamente, la disposición adicional decimosexta recoge la introducción progresiva de las autorizaciones establecidas por esta Ley y otras medidas de adaptación a Solvencia II, que permite que a partir de la publicación de la Ley las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán presentar a la DGSFP las solicitudes de aprobación elativas a un modelo interno completo o parcial, o de grupo, conforme a lo dispuesto, así como autorizaciones para todos aquellos aspectos que se relatan en el apartado 2 de esta disposición. A partir del 15 de septiembre, las entidades que cumplan todas las condiciones dispuestas reglamentariamente durante los tres años anteriores a la solicitud, y no prevean superar los importes previstos en los próximos cinco años podrán solicitar de la DGSFP la aplicación del régimen especial de solvencia (artículo 101), que solo podrán actuar en territorio nacional.

Por su parte, la disposición adicional decimotercera se refiere al régimen transitorio de las modificaciones introducidas en la LCS a través de la disposición adicional primera de esta Ley. En tal caso, se ha dispuesto de un plazo de seis meses para las entidades aseguradoras con el objeto de que pueda actualizar las pólizas que se vayan a comercializar a partir de la entrada en vigor de la LOSSEAR. Transcurrido este plazo y durante un tiempo máximo de un año las entidades aseguradoras adaptarán, cuando deban ser renovadas, las pólizas correspondientes a los contratos vigentes, salvo que se trate de preceptos imperativos que serán de aplicación directa desde la entrada en vigor de la Ley.

Se procede con esta norma a poner al día el sector asegurador en nuestro país, retocando el conjunto de normas fundamentales sobre la materia y adecuándolo al resto de los países de nuestro entorno, en un proceso muy largo, de muchos años de duración y al que se han ido sucesivamente incorporando nuevos proyectos normativos, algunos de los cuales, como la segunda Directiva de mediación (IDM  II) todavía no han concluido. No debe olvidarse tampoco que esta Ley tendrá que ser objeto del correspondiente desarrollo reglamentario pues resulta claro que el Reglamento de 1998 ya no puede seguir estando en vigor tras los importantes cambios que se han producido.

La introducción del sistema de solvencia basado en el riesgo con los consiguientes cambios en el modo de gestión de las entidades aseguradoras y una nueva estructura de supervisión diseñada en el ámbito de la Unión Europea al establecerse la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) son algunos de los pilares fundamentales en los que se basa esta nueva norma de amplio contenido. En algunas cuestiones, sin embargo, quedan muy pegadas al régimen que va a quedar derogado o, incluso, no se va a derogar. Es el caso de la regulación de las condiciones para obtener la autorización administrativa como requisito previo para el acceso a la actividad aseguradora o reaseguradora que se regula en términos cercanos al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, o el mantenimiento en vigor de régimen de las mutuas de seguros, cooperativas de seguros y mutualidad de previsión social recogido en este texto, hasta que se elabore una regulación concreta para estos tipos de entidades, en particular, para las mutuas. Mayores cambios se aprecian en las condiciones de ejercicio al requerirse el establecimiento de un sistema de gobierno eficaz para estas entidades, totalmente necesario para asumir determinados riesgos al margen de consideraciones cuantitativas y cuyos elementos integrantes (gestión del riesgo, cumplimiento, auditoría interna y actuarial) requerirá el correspondiente desarrollo reglamentario. Y, por supuesto, todo lo relativo a los requisitos de capital, en relación al capital de solvencia obligatorio o al régimen especial de solvencia ocupa un lugar central en este apartado junto a otras cuestiones como la protección del asegurado o las medidas a adoptar en caso de deterioro financiero, entre otras, que habrán de tenerse en cuenta.

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Las reformas que vienen en el Derecho del Seguro

Miércoles, 10 de junio de 2015

María Jesús Peñas Moyano

El sector asegurador está a la espera de la nueva Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras cuyo proyecto se encuentra en la actualidad en el Senado a la espera de la finalización del periodo de enmiendas. El objetivo fundamental de esta norma es la incorporación de las directivas Solvencia II (2009/138/CE, de 25 de noviembre) y directiva Ómnibus II (2014/51/UE, de 16 de abril), además de una actualización de esta normativa con la incorporación de otras normas que se ha considerado pertinente introducir como consecuencia de la propia evolución del sector asegurador para procurar su puesta al día.

El amplio texto proyectado con 213 artículos contempla además un número importante de disposiciones adicionales, transitorias y finales.  En ellas se recogen numerosas modificaciones de otras leyes del sector, entre las que destacan reformas en la Ley 50/1980, de contrato de seguro y en la Ley 26/2006, de mediación de seguros y reaseguros privados, junto a reformas en el Consorcio de Compensación de Seguros (al que se le encomiendan nuevas funciones como la llevanza del nuevo registro de seguros obligatorios y se le amplían las relativas a los procesos de liquidación de entidades aseguradoras), el seguro de edificación (se permite la obtención de una garantía financiera que permita cubrir el mismo riesgo como alternativa a la suscripción obligatoria de un seguro), los planes y fondos de pensiones (en particular en materia de fondos de pensiones abiertos), la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (con el objetivo de agilizar la asistencia a las lesionados en accidentes de tráfico), el seguro de caución como garantía ante las administraciones públicas (se establecen los requisitos para su admisibilidad), etc. Se establece también que los seguros obligatorios se deberán fijar por una norma con rango de Ley.

El régimen del contrato de seguro también está recogido en el anteproyecto de Ley de Código Mercantil, pero resulta claro que de momento esta reforma no se va a abordar, al menos en este periodo legislativo. Por ello, se aprovecha la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras en trámite para incluir cambios relacionados con la prórroga y modificación del contrato de seguro, así como para incorporar los seguros de decesos y dependencia, reforzándose la libre elección del prestador de servicios en estos seguros junto con el seguro de asistencia sanitaria. Se añade que en los seguros de personas, el asegurado o tomador no tiene obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado, que no serán consideradas como un supuesto de agravación del riesgo.

En materia de mediación de seguros se reforman, sin estar todavía en vigor la segunda directiva en esta materia (IDM II) lo que dará lugar a nuevos cambios, cuestiones tan importantes como la formación de los mediadores, el análisis objetivo (el corredor para realizar este análisis debe presentar un número suficiente de contratos –no se especifican cuántos- adecuados para cada operación) así como el régimen de los colaboradores externos de los mediadores. En este sentido, se unifica la terminología del auxiliar, que va a pasar a denominarse colaborador, eliminándose de este modo la diferencia entre auxiliar asesor y auxiliar externo y estableciendo que las funciones del colaborador, de igual modo que la circunstancia de que asesore o no, se determinen en el contrato entre el mediador y su colaborador. Se suprime además el registro de auxiliares asesores.

Pero no solo es el proyecto de Ley el que está en marcha. También hay que hacer referencia al borrador, con fecha de 19 de mayo, del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradores. Un texto igualmente muy amplio, con 244 artículos, además de disposiciones adicionales y transitorias que desarrollará oportunamente la Ley en cuestión, dando lugar a la derogación del reglamento de 1998, que ya ni siquiera se adecuaba convenientemente al texto refundido de 2004, todavía en vigor.

Bienvenida

¿Cómo será el nuevo Código Mercantil… si se aprueba?

Jueves, 28 de mayo de 2015

Amparo Barrachina

Barrachina Abogados Valencia

http://amparobarrachinaabogados.es

Sigue en el aire la aprobación del nuevo Código Mercantil que sustituirá al actual Código de Comercio de 1.885. Para ello y en primer término, será preciso que los integrantes de la Comisión de Codificación resuelvan sus diferencias y presenten un texto definitivo y consensuado al Gobierno.

Cuando los “mercantilistas” y los “civilistas” logren ponerse de acuerdo, el Ministro de Justicia (ignoramos todavía de qué gobierno) presentará el texto ante el Consejo de Ministros, para su aprobación como proyecto de ley y su posterior envío a las Cortes Generales.

Recordemos que el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil fue aprobado por el Gobierno en mayo de 2014, tras el arduo trabajo realizado por la Comisión General de Codificación desde el año 2006.

El nuevo Código Mercantil, que terminará con la dispersión legislativa sobre la materia e incrementará la seguridad jurídica, es una vieja reclamación de los operadores económicos. El texto es una necesidad perentoria, pues el actual Código de Comercio data de finales del siglo XIX. A pesar de las continuas adaptaciones y puestas al día de éste, había surgido una suerte de dispersión legislativa incómoda y poco eficiente.

Características del nuevo Código Mercantil

El futuro Código Mercantil girará en torno a la idea de mercado, entendiendo éste como ámbito de desarrollo de las relaciones jurídico-privadas entre los distintos operadores. Albergará materias carentes de normativa específica y actualizará gran parte de la existente.

En cuanto a la estructura, el Código Mercantil contendrá 7 libros:

  • Libro I. Del empresario y la empresa.

Este libro define la figura del empresario y conceptos como la transmisión de empresas, el mercado, los apoderamientos y las obligaciones contables y registrales.

Se concibe al empresario en un sentido amplio, abarcando los agrícolas, artesanos y personas que ejercen actividades liberales, científicas, intelectuales etc. Igualmente, se regulan en este Libro I los requisitos de capacidad de los empresarios y la responsabilidad patrimonial de los mismos (se excluye la vivienda habitual, de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización).

En el concurso de acreedores, la transmisión de la empresa se regula como conjunto. Además y salvo pacto en contrario, también comprende la cesión de los contratos celebrados, la de los créditos generados y la adquisición, por parte del adquirente, de las deudas resultantes de la documentación contable y empresarial. El transmitente responde solidariamente.

  • Libro 2. Sociedades mercantiles.

Se incorporan los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aunque se incorporan destacadas modificaciones.

En este libro se establecen las disposiciones aplicables a las sociedades mercantiles y se diferencian los dos grandes tipos: las de personas y las de capital. Igualmente, se regulan aspectos como las cuentas anuales, modificación estatutaria, separación y exclusión de socios, liquidación y extinción etc.

  • Libro 3. Derecho de la competencia y de de la propiedad industrial.

Contiene parte de lo regulado en la Ley de Defensa de la Competencia y en la Ley de Competencia Desleal, además de establecer normas básicas en torno a la propiedad industrial en la empresa.

Este apartado incluye, igualmente, normas de conducta aplicables a empresarios, profesionales y entidades que participan en el mercado.

  • Libro 4. Obligaciones y contratos mercantiles en general.

El Código distingue una parte general de la contratación mercantil y otra específica de cada uno de los contratos (transportes, seguros, contratos bancarios, compraventas…). El Libro 4 se dedica a las cuestiones generales. Contempla preceptos para transmisiones de inmuebles de naturaleza mercantil y recoge distintos tipos de compraventa (a plazos, suministro, permuta mercantil etc.).

Igualmente, se regulan las diferentes fases contractuales y la contratación electrónica.

  • Libro 5. Contratos mercantiles en particular.

Define distintos tipos de contratos, como el de obra, comunicación electrónica, alojamiento de datos, publicitario, de patrocinio y diferentes modalidades de subasta pública.

  • Libro 6. Títulos valores.

Este apartado comprende importantes novedades. Regula los títulos valores y los instrumentos de pago y de crédito. Introduce algunas de las normas de la Ley Cambiaria y del Cheque y tiene en cuenta la progresiva retirada del papel, en favor de los soportes electrónicos e informáticos.

  • Libro 7. Prescripción y caducidad de las obligaciones mercantiles.

Se instaura un régimen general de prescripción y un plazo único de cuatro años. En cuanto a la suspensión de la misma, se establece la posibilidad de interrupción por requerimiento extrajudicial.

Cabe reseñar que quedará fuera del nuevo Código Mercantil el derecho concursal, que seguirá rigiéndose por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Tengamos presente que esta norma no es específicamente mercantil y se aplica también a otros ámbitos del derecho. Por otra parte, es posible que el texto definitivo incorpore aspectos recogidos en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

A la espera de un texto definitivo y posterior tramitación parlamentaria, lo que parece obvio es que el futuro Código Mercantil se centrará en los operadores de mercado en general y diferenciará entre las obligaciones de los empresarios y las del resto (profesionales liberales, investigadores, artesanos etc.). Todo ello, en contraste con el Código de Comercio vigente, que se dirige específicamente a los comerciantes.

Aún no existe fecha concreta para la entrada en vigor del nuevo texto legal. Resta la redacción definitiva del proyecto de ley y su tramitación parlamentaria, que irá acompañada de los oportunos plazos de enmiendas. Además, hemos de tener en cuenta que, una vez publicado en el BOE, será necesario un plazo de vacatio legis de varios meses, para que puedan adaptarse los operadores jurídicos que deben conocer y aplicar el nuevo Código Mercantil (jueces, notarios, registradores de la propiedad, abogados, asesores de empresa etc.).

ENLACE:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427025146?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAPL_C%C3%93DIGO_MERCANTIL__TEXTO_WEB%2C2.PDF.PDF

FUENTES:

http://www.elblogsalmon.com/economia/aprobado-el-anteproyecto-del-codigo-mercantil-adios-al-codigo-de-comercio

http://www.eleconomista.es/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/5840431/06/14/Seis-claves-del-Codigo-Mercantil-que-revolucionara-el-comercio.html#.Kku8ynxt0ITyLeW

http://www.elderecho.com/actualidad/anteproyecto_ley_del_codigo_mercantil-nuevo_codigo_mercantil_0_684000110.html

http://noticias.juridicas.com/actual/4621-justicia-todavia-ve-posible-aprobar-el-codigo-mercantil-esta-legislatura.html

http://nuevocodigomercantil.es/index.htm

POSIBLES ENLACES:

Ley de Navegación Marítima:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7877

Ley Concursal:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813

Ley Cambiaria y del Cheque:

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14880

Ley de Sociedades de Capital:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544

EXTRACTO:

El nuevo Código Mercantil es una vieja aspiración de los operadores económicos, que consideran obsoleto el vigente Código de Comercio de 1885. Aún no existe fecha para su entrada en vigor.

Bienvenida

Patentes y Universidades en Iberoamérica: muchos retos que afrontar

Lunes, 18 de mayo de 2015

Benjamín Peñas Moyano

El documento “Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2014. La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Avance de resultados”, elaborado por Senén Barro Ameneiro y Sara Fernández López, de la Universidad de Santiago de Compostela y Red Emprendia (http://www.redemprendia.org//sites/default/files/spin2014/spin_211014_con_portada.pdf), nos ha dejado un avance de informaciones realmente interesantes en relación al tema de la transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades y el territorio de Iberoamérica, destacando la idea central del papel desempeñado por las Universidades como catalizadoras de la innovación tecnológica, que siendo siempre  esencial en este tema, lo es aún más en Iberoamérica, donde el resto de agentes que participan en el sistema de ciencia e innovación (sobre todo empresas y sector privado), realizan un papel más secundario.

Así, y por ejemplo, en el documento citado hemos podido leer que en los primeros años del siglo XXI en Iberoamérica la Universidad ha concentrado el 50 % de los investigadores y ha ejecutado en torno a un tercio del presupuesto destinado a I+D; también que sobre la Universidad ha recaído prácticamente de forma exclusiva la responsabilidad de la formación del capital humano avanzado; y, además, que su contribución en publicaciones ha superado el 50 % del total del sistema de ciencia e innovación.

En el aspecto concreto, y que más nos interesa resaltar, de la transferencia del conocimiento mediante patentes y licencias por parte de los sistemas de ciencia e innovación (o sea, de las Universidades) en Iberoamérica, el número 5 del documento referido arriba, utiliza una plástica expresión para describir la situación: <<muchas sombras>>, dice expresamente. Sombras comenzando por el hecho de que con excepción de Argentina, Brasil, España, México y Portugal, no se han conseguido datos consistentes de las actividades de patentes de los sistemas de ciencia e innovación iberoamericanos. Y sombras también por la enorme disparidad de cifras en la cuestión de las patentes universitarias entre los cinco países que se han podido analizar.

En lo que a España se refiere, se apunta que el número de patentes solicitadas a nivel nacional por las universidades españolas ha superado en los últimos años las quinientas anuales (como México; Brasil sin embargo ha superado las mil anuales, mientras que Portugal ha superado las cien anuales y en Argentina se ha quedado en un reducido número –por debajo de las veinticinco -). Aunque, si te toma en consideración el dato de la población, España se sitúa mejor, pues el indicador muestra que hay más de diez patentes universitarias solicitadas por millón de habitantes (mientras que Brasil y Portugal se sitúan por encima de las ocho solicitudes por millón de habitantes, México por encima de las dos y Argentina por debajo de una).

En cuanto al número de patentes concedidas en el ámbito nacional, en España (también en Portugal) se ha producido una mejora de la tasa de éxito, pues se ha superado el 50 % (en Brasil, Argentina y México se ha producido sin embargo un empeoramiento, lo que hace que en Brasil sólo un 12 % de las patentes hayan sido concedidas y en Argentina y México en torno al 30 %). En definitiva, en España parecería que la contribución de las universidades a las patentes otorgadas en el país es significativa (también lo sería en Brasil y Portugal, pero sería poco significativa en México y sobre todo Argentina), lo que ha hecho que algún periódico económico, con un punto quizás triunfalista, haya dicho que “las universidades españolas se están poniendo las pilas en investigación” (así, elEconomista de 29 de abril de 2015).

Pero ¿y las <<sombras>>?

Ese mismo documento nos dice que en lo que respecta a patentes concedidas en el extranjero (sólo España y Brasil ofrecen información en este punto), son muy escasas, con unas tasas de éxito inferiores al 10 %. Y, también, que en lo que al tema de licencias se refiere, esta vía de transferencia de tecnología es prácticamente no usada por las universidades españolas (por ejemplo, en 2012 en España sólo se logró por las universidades la obtención por esta vía de 2 millones de euros, frente a los 146 millones de dólares de Brasil).

Tengamos en cuenta, además, que en la normativa española hasta ahora existen dos sistemas a los que un solicitante de una patente de invención se puede acoger, el procedimiento general de concesión, sin examen, y el del procedimiento con examen, y este último procedimiento en la práctica apenas se ha elegido como opción de tramitación durante la vigencia de la Ley de patentes actual, pues lo habitual ha sido la utilización del procedimiento general de concesión, sin examen, en la mayor parte de los casos por cuestiones estratégicas y por su menor coste económico. En España, la patente débil ha sido pues la consecuencia lógica derivada de un sistema en el que casi todo lo que se presenta como solicitud de patente se puede llegar a conceder. Sabido esto, esas patentes obtenidas en España por las universidades en esta última década ¿son de las fuertes o de las débiles?

En todo caso, y para finalizar, recordemos que existe un proyecto de ley en tramitación parlamentaria que prevé una profunda renovación de la actual Ley 11/1986, de patentes y modelos de utilidad, tras treinta años de vigencia durante los cuales los cambios, aunque importantes, han sido puntuales. Con la nueva normativa, cuando se apruebe (se prevé que lo sea a finales del 2016), se pretenden fortalecer las figuras tanto de las patentes como de los modelos de utilidad y, en consecuencia, fortalecer el sistema que sustenta la creatividad española.

Así, la novedad más destacada de dicho proyecto de Ley es que clarifica y simplifica el procedimiento de concesión de la patente, que siempre conllevará un <<examen previo>> que acredite que la invención es nueva, tiene actividad inventiva y aplicación industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se concederá la patente, desapareciendo pues las conocidas como “patentes débiles”, también conocidas como “patentes curriculares”, que actualmente existen, carentes de examen previo. No tener que tramitar patentes de escasa calidad técnica garantizará la seriedad de las patentes españolas.

 

 

Propiedad industrial

Más no es mejor

Viernes, 17 de abril de 2015

María Jesús Peñas Moyano

El legislador europeo sigue empeñado en su cruzada de proporcionar al tomador del seguro una generosa información precontractual con el objetivo de que conozca todo lo relacionado con el producto que desea contratar. Es cierto que todo trasvase de información de la empresa aseguradora al supervisor, al mercado y, por supuesto, al cliente, redundará en una mejora del funcionamiento del sector asegurador. El aspecto más difícil de esta cuestión consiste sin embargo en determinar la medida exacta de la información que debe ser proporcionada y, por lo tanto, dónde se encuentran los límites de la información y de modo particular, respecto a aquella que ha de ser publicada, para alcanzar el equilibrio idóneo entre el factor de competitividad que permite la información y los posibles daños que puede sufrir la entidad de cara a la competencia y a la cuota de mercado. Por esto motivo, la asociación de patronales de entidades aseguradoras a nivel europeo ha lanzado la consigna que señalamos arriba: que más no es mejor, refiriéndose a la información a proporcionar al tomador. En su opinión, dicha información se va a ver duplicada como consecuencia de las diferentes normas jurídicas que exigen esta obligación, lo que va a producir que el cliente no preste atención a lo verdaderamente importante, y se pierda en los vericuetos de la ingente cantidad de datos que las entidades aseguradoras se van a ver obligadas a aportar, dando lugar a una importante sobreabundancia de información difícil de digerir. La asociación ya ha cuantificado este incremento situándolo en un 96% en el número de referencias informativas que han de ser trasladadas al cliente.

Efectivamente, hay tres normas fundamentales a tener en cuenta en esta materia: la Directiva Solvencia II (en proceso de transposición al Ordenamiento jurídico español), la regulación sobre productos de inversión y seguro empaquetados para minoristas (PRIIPs) y la que todavía es una propuesta de Directiva sobre mediación de seguros (IDM 2). En cada una de estas normas se introducen obligaciones de entrega de documentación con el objetivo de garantizar que los tomadores puedan conocer las características, los riesgos y los costes del seguro elegido que se disponen a contratar. El problema está en que en ocasiones los tomadores terminarán recibiendo por duplicado cierta información idéntica o parecida, pero sin embargo con una estructura y un formato distinto según cada una de estas normativas lo que va a impedir al cliente comprobar la duplicidad. Y ello se debe a que los procesos de elaboración de las citadas normas no se han llevado a cabo de manera coordinada, por lo que abogan por prestar más atención ahora que el proyecto IDM 2 todavía está en tramitación.

Tampoco ha de pasar desapercibido que la información es cara, tanto obtenerla como transmitirla, y en este sentido deberían barajarse las opciones más económicas para el cumplimiento de estas obligaciones, puesto que si se procede únicamente a repercutir los costes sobre los asegurados, pocos avances se lograrán en esta materia. La cuestión es que debe primar la calidad frente a la cantidad de información evitándose de esta manera un importante trabajo administrativo adicional a las entidades aseguradoras que puede resultar que no sea eficaz.

El problema del exceso de la información está claro que genera situaciones ambiguas e imprecisas como consecuencia de la abundancia y repetición de contenidos a veces dispares entre sí, junto a los costes que esta sobreinformación puede generar. Por eso, está claro que se está a tiempo de evitar que esta situación llegue a trasladarse a la práctica y que se debería intentar por todos los medios llegar al equilibrio necesario para que el realmente beneficiado de lo establecido sea el tomador del seguro. No se trata en absoluto, todo lo contrario, de limitar el derecho a la información sino de racionalizarlo. La abundancia de datos puede llegar a convertirse en un gran problema.

Mercados financieros

El geo-blocking como práctica anticompetitiva

Miércoles, 1 de abril de 2015

Benjamín Peñas Moyano

La Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker se encuentra inmersa en una ofensiva para crear el llamado <<mercado único digital>>, es decir, un espacio sin fronteras en el que los 500 millones de habitantes de la Unión Europea dispongan de una oferta de servicios digitales sin demarcaciones nacionales. Los ámbitos de actuación que se ha marcado la Comisión Europea van en la línea de mejorar el acceso a consumidores y empresas a los bienes y servicios digitales, a crear un entorno en el que se puedan desarrollar las redes y, en fin, implementar un ecosistema en el que puedan prosperar a largo plazo una economía y una sociedad que aprovechen en toda su extensión el enorme potencial de crecimiento en este campo.

Sin embargo, la trascendental construcción del <<mercado único digital>> se está convirtiendo en una labor mucho más difícil de lo que fue la misma creación física del mercado único europeo. Efectivamente, según Bruselas, el 50% de los consumidores ya utilizan internet para parte de sus compras, pero solo el 15% ha comprado alguna vez de un país a otro a través de la red, lo que se considera una cuota ciertamente baja. Por supuesto que esa cuota tan baja se debe a razones tales como la diferencia de idiomas o de normas comerciales, pero no únicamente. A veces son las propias empresas las que socavan el comercio transfronterizo levantando barreras técnicas como el geo-blocking, que permite a las empresas denegar la venta de servicios o bienes a los clientes en función de su domicilio o de los datos de su tarjeta de crédito.

El geo-bloqueo es un término utilizado en informática que se refiere a la práctica de impedir que los usuarios puedan ver los sitios web y la descarga de aplicaciones y medios de comunicación basados ​​en la localización, para lo cual, los administradores de red utilizan dispositivos tales como cortafuegos y sistemas de prevención de intrusiones. Evidentemente, el geo-bloqueo se puede utilizar para proporcionar seguridad contra las descargas ilegales y la piratería, pero también permite a las empresas limitar la disponibilidad de sus productos y servicios en línea en función de la ubicación de acceso, y, en consecuencia, permite también a las empresas a practicar la discriminación de precios. Las empresas explotan así las diferencias de precio de un país a otro y obligan al consumidor a comprar siempre en su país de origen, aunque sea más caro o, incluso, a comprar dos veces el mismo producto si quieren utilizarlo en dos países distintos.

Al ofrecer o negar servicios a los clientes en función de su país de residencia, se fragmenta el mercado europeo, con la intención de maximizar beneficios, una práctica ilegal desde el punto de vista del Derecho europeo de la Competencia.

Ya en 2008, la UE obligó a Apple a suprimir la cláusula que impedía a sus clientes británicos descargarse canciones de iTunes desde las páginas web de Apple en otro país europeo, un 10% más baratas que las de Reino Unido. En el sector de la automoción, la UE también ha combatido el que algunas marcas prohibiesen a los concesionarios las ventas de coches a ciudadanos de otro país europeo.

En un paso más en la lucha por la consecución del <<mercado único digital>>, la constatación de la existencia de esas prácticas de geo-blocking ha llevado a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, a decidir la apertura de una <<investigación sectorial>> que abarcará todo el territorio de la UE, sobre las empresas de comercio electrónico, entre las que figuran algunos de los grandes gigantes tecnológicos, sean creadores de antivirus o de videojuegos; o distribuidores de películas y series; o plataformas de venta, o subasta de productos tradicionales como los libros. Si en el pasado fue Apple, ahora la ofensiva de la UE pasa a ser general sobre las empresas de comercio electrónico.

La <<investigación sectorial>> (no, por lo tanto, investigación caso por caso) ya fue utilizada en antes en sectores como el energético, el financiero o el farmacéutico, y constituye un instrumento que permite a la Dirección General de Competencia de la UE reclamar a las empresas información sobre sus prácticas comerciales para detectar si están violando las normas europeas. A partir de esa información, Bruselas puede abrir expedientes sancionadores contra las compañías implicadas en la infracción o imponerles de manera vinculante que cambien sus prácticas. Y en base a la información obtenida, la UE puede expedientar a las empresas e imponer multas de hasta el 10% de su facturación.

No podemos sino congratularnos de la toma de esta iniciativa por la comisaria europea de la Competencia, que está perfectamente justificada. Esperamos, no obstante, que sus resultados sean más positivos que los que derivaron de otras <<investigaciones sectoriales>>.

Defensa de la competencia

El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas a la espera de su aplicación

Jueves, 12 de marzo de 2015

María Jesús Peñas Moyano

El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, disponible en la web de la CNMV desde el pasado 24 de febrero tras su aprobación por acuerdo de su Consejo el día 18 parece, a pesar del escaso tiempo transcurrido, un texto ya lejano en el tiempo después de la expectación que su proceso de reforma ha levantado. Tal vez ello se deba a la enorme celeridad con la que cada día digerimos cientos de noticias, también jurídicas, o también a la existencia de otros fenómenos mediáticos más cercanos a la ciudadanía que consume este tipo de información. El caso es que de momento se han enfriado las referencias a su existencia y posterior aplicación e igualmente se han aplacado las críticas de distinta índole al resultado final publicado.

Suponemos que será una cuestión que se retomará ante las iniciativas de alguna corporación empresarial relevante, en las que se adopten algunas de las recomendaciones en la línea de lo incorporado por este Código o suceda precisamente lo contrario, lo cual debe ser objeto de la correspondiente reflexión ante el convencimiento generalizado de la utilidad de este tipo de prácticas empresariales. El problema es que en algunos ámbitos no resulta tan infrecuente.

Una de las cuestiones por las que ha venido marcado el actual Código es la conversión en normas imperativas de recomendaciones no vinculantes, basadas en el principio de cumplir o explicar, que aparecían en sus versiones anteriores. Con la publicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, el legislador ha considerado que determinadas cuestiones merecen una intervención de naturaleza imperativa, como sucede con las competencias exclusivas de la junta general de accionistas o del consejo de administración, la votación separada de acuerdos o el fraccionamiento del voto, entre las doce recomendaciones que desaparecen del texto actual, y entre las que destacamos la obligación que se impone a las sociedades cotizadas de recoger en su informe anual de gobierno corporativo el grado de seguimiento de las recomendaciones o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de las mismas.  Tal intervención legislativa, en todo caso, no es nueva pues este cambio de bando se ha venido produciendo sucesivamente desde que se aprobara el primer Código de Buen Gobierno, el Informe  Olivencia, en 1998, y se ha acentuado a partir del inicio de la crisis financiera internacional, redoblando la importancia de una gestión correcta de las sociedades cotizadas.

Otras de las principales novedades de la actualización del Código de Buen Gobierno es ajustarse a un nuevo formato consistente en distinguir e identificar los principios que, en número de veinticinco, inspiran las recomendaciones de carácter concreto y específico. Lo que tal vez se ha querido proponer como un refuerzo del trabajo realizado se ha visto en ocasiones como un contenido vacío y carente de un verdadero significado puesto que las explicaciones que se otorgan a las recomendaciones no recogen más que obviedades que se podrían haber suprimido.

El texto contempla sesenta y cuatro recomendaciones que están divididas en tres bloques: uno referido a los aspectos generales; otro a la junta general de accionistas y el tercero, como no, al consejo de administración. Como ya se ha indicado cada una de estas indicaciones está inspirada por alguno de los veinticinco principios que les sirven de base. El grueso de las novedades se incluyen en el tercer bloque destacando cuestiones relativas a las funciones del consejo de administración, en concreto, la búsqueda del interés social, su composición (promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el treinta por ciento del total de sus miembros), reuniones, el presidente o las comisiones, así como la remuneración de los consejeros, con carácter general o de los consejeros ejecutivos; otras novedades hacen referencia a las emisiones y exclusión del derecho de suscripción preferente; a la política de comunicación de la sociedad cotizada; a la junta general de accionistas, en particular, en lo que se refiere al fomento de la transparencia informativa y a la facilitación del ejercicio de sus derechos por parte de los accionistas; y habría que hacer referencia en último lugar a la promoción de la responsabilidad social corporativa.

El texto ya está ahí y ahora habrá que esperar para comprobar cómo lo adoptan las sociedades cotizadas que ya están obligadas por el mandato de lo dispuesto en la Ley 31/2014.

Sociedades

Los deberes de diligencia y de lealtad de los administradores en la rerforma de la LSC

Martes, 24 de febrero de 2015

Benjamín Peñas Moyano

Las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, introducidas por la Ley 31/2014 pueden agruparse en dos categorías: las que reforman la disciplina jurídica de la junta general y derechos de los accionistas y las que reforman la ordenación del órgano de administración (consejo de administración y estatuto jurídico de los administradores). En lo que a los administradores se refiere, la reforma establece novedades importantes en la regulación del estatuto jurídico del administrador (sus funciones, deberes, responsabilidad y retribución), así como en la organización del consejo de administración al objeto de contribuir al correcto funcionamiento del mismo.

Esas novedades son todas ellas cuestiones <<clave>> para asegurar el buen gobierno de las sociedades. El objetivo principal ha sido reforzar la regulación y adecuarla a estándares de jurisdicción comparables y, además, en el caso de las sociedades cotizadas, adecuarlas a algunas de las exigencias de los inversores institucionales.

En cuanto al estatuto de los administradores, éste se ha redefinido, pues tanto el <<deber general de diligencia>> como el <<deber de lealtad>> han sido objeto de una regulación más precisa.

Así, en el caso del deber de diligencia, la reforma completa el enunciado general: (“los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, (…)”) y prevé que la diligencia en el desempeño del cargo deberá valorarse según las funciones atribuidas a cada administrador y considerando de alguna manera la división del trabajo: “teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos”, termina diciendo el artículo 225.1 LSC. Asimismo, se introduce expresamente la obligación general de adecuada dedicación al cargo (artículo 225.2 LSC) y el deber de exigir y el derecho de obtener de la sociedad la información necesaria para su ejercicio (artículo 225.3 LSC).

Siguiendo con el deber de diligencia, se ha introducido en nuestro Derecho el denominado <<principio de discrecionalidad empresarial>> (o sea, la regla norteamericana conocida como <<Business Judgement Rule>>) (artículo 226 LSC), estableciendo determinados elementos para que las decisiones estratégicas empresariales, con independencia del resultado final para la sociedad, se entiendan correctamente adoptadas de conformidad con la diligencia exigible a los administradores. Para ello, establece la norma que, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido si el administrador en cuestión ha actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Esta discrecionalidad en ningún caso podrá amparar las decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas a ellos y, en particular, a los acuerdos para la dispensa de las obligaciones propias del deber de lealtad (a las que se refiere el artículo 230 LSC).

En cuando al deber de lealtad de los administradores, la Ley de reforma 31/2014 refuerza su régimen afirmando expresamente su carácter imperativo: “El régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo. No serán válidas las disposiciones estatutarias que lo limiten o sean contrarias al mismo” (artículo 230.1 LSC).

Y aunque se mantiene, mejorándola, la técnica de establecer una “cláusula general” y sistematizar un “catálogo de obligaciones básicas” derivadas de dicho deber, se modifica el régimen hasta ahora vigente para subsanar ciertas deficiencias detectadas en su aplicación:

-1) reformulándose la definición del deber genérico: “Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad” (artículo 227.1 LSC).

-2) incrementándose el detalle en la caracterización de las conductas desleales, completando el catálogo actual (especialmente en materia de conflictos de interés), y repartiendo el contenido de los anteriores artículos 227 a 230 y 232 LSC en dos grupos: i) las obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (nuevo artículo 228 LSC) y ii) el deber de evitar situaciones de conflicto de interés (nuevo artículo 229 LSC):

i) Entre las primeras se incluyen, por ejemplo, el tradicional deber de secreto, la abstención de voto en caso de conflicto de intereses y la actuación independiente sin injerencias de terceros.

ii) En el punto segundo, se mantiene el deber de abstenerse de aprovechar las oportunidades de negocio de la sociedad o de competir con ella, a la vez que se tipifican expresamente otros comportamientos que han de ser evitados

-3) reglamentándose el régimen de dispensa de las obligaciones asociadas al deber de lealtad (artículo 230.2 LSC), pues la sociedad podrá dispensar, caso a caso, cualquiera de las conductas no permitidas asociadas al deber de lealtad que recoge el nuevo artículo 229 LSC referido al deber de evitar situación es en conflicto de interés: la dispensa la podrá otorgar el órgano de administración, siempre que se garantice la independencia de los administradores que la conceden respecto del administrador dispensado, que sea inocua para el patrimonio social o, en su caso, que se realice en condiciones de mercado, y la transparencia del proceso. No obstante, en los casos más relevantes, enumerados en el artículo 230.2 LSC, la dispensa deberá ser otorgada por la junta. En particular se reserva a la junta en exclusiva la autorización específica a los administradores para realizar actividades competidoras, aunque la obligación de no competencia con la sociedad sólo podrá ser objeto de dispensa cuando no quepa esperar daño para la sociedad o el daño esperable se vea compensado por los beneficios que prevén obtenerse (artículo 230.3 LSC). Esta dispensa se concederá mediante acuerdo expreso y separado de la junta general.

-4) se extiende el deber de lealtad a los <<administradores de hecho>>  (art. 236.3 LSC).

-5) se amplía el alcance de la sanción por infracción del deber de lealtad, pues no sólo traerá consigo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la obligación de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador (artículo 227.2 LSC).

Responsabilidad Social Corporativa